IMPULSO CIUDADANO ANTE EL DESAFÍO ANTIDEMOCRÁTICO DE LOS SEPARATISTAS PIDE AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y A LAS FUERZAS POLÍTICAS QUE ARTICULEN LOS MECANISMOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES PARA LA DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL.
La presentación hoy por JXS y la CUP en el Parlamento de Cataluña del artefacto denominado “Ley del referéndum de autodeterminación” conduce a la destrucción y desmantelamiento del sistema democrático que nos hemos dado todos los españoles.
La materialización del plan avanzado por los golpistas implicaría la derogación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en Cataluña. El separatismo desprecia, por lo tanto, la voluntad del conjunto de los españoles y de los catalanes en particular que han refrendado las leyes mediante referéndums legítimos.
La pretensión de que el texto presentado hoy se convierta en una norma y sea asumida por el Gobierno de la Generalitat y el resto de administraciones en Cataluña es una provocación sin parangón en la historia de la democracia española. No solamente choca frontalmente con la Constitución y las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional en relación al proceso secesionista, sino que contradice flagrantemente el Estatuto de Autonomía
Los ciudadanos de Cataluña sentimos ya la amenaza directa de los golpistas separatistas que se han adueñado de las instituciones y que pretenden utilizar la coacción para implantar un peculiar régimen electoral que obliga a los catalanes en general a prestar servicio en mesas electorales fraudulentas el 1 de octubre (art. 32), a los funcionarios a romper su compromiso de respetar el ordenamiento jurídico vigente y a los medios privados de comunicación a actuar al margen de la ley y de los principios que han de regir la prensa en una sociedad libre (art. 12).
Vista la provocación separatista, Impulso Ciudadano:
Por ello, consideramos que la reacción a la provocación no puede limitarse a recordar a los funcionarios la obligación de ajustar su comportamiento a la legislación. Los ciudadanos españoles en general, y especialmente los residentes en Cataluña, necesitan que se les garantice la seguridad jurídica y el respeto a los valores constitucionales y estatutarios y, por ello, pedimos expresamente que se articulen los mecanismos constitucionales y legales para la defensa del interés general y que para ello el Gobierno español requiera a las autoridades autonómicas y locales para que se abstengan de participar en un proceso que va contra la línea de flotación de la democracia española.
No es honesto continuar fingiendo que la situación en Cataluña no es excepcional y que no afecta a los ciudadanos de manera directa. Todos debemos mostrar convicción en la defensa de nuestro sistema de derechos y libertades, pero compete a las autoridades públicas liderar el fin del desafío y exigir lealtad a las autoridades separatistas para que vuelvan a la senda democrática.
En Barcelona, a cuatro de julio de dos mil diecisiete.