por JOSÉ DOMINGO --- El modelo educativo catalán declara que el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. La Generalitat se opone a cambiarlo aduciendo que los alumnos, cuando finalizan sus estudios, conocen el catalán y el castellano. Con una enseñanza bilingüe, e incluso con un modelo que tuviera al castellano como centro de gravedad, conseguirían también un dominio de ambas lenguas. Leer más...
por JOSÉ DOMINGO -- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, al tiempo que anunciaba la convocatoria de una consulta sobre la autodeterminación de Cataluña, señalaba que una de sus prioridades sería trabajar para conseguir «una gran mayoría social» a favor de la secesión. Empieza a recoger sus frutos. Una conocida me confesaba que su hija universitaria que hace poco se desgañitaba al grito de «Yo soy español, español, español…», el pasado 11 de septiembre clamaba por la independencia catalana. Igual de sorprendente es el hecho de que en una charla de bar, un parado de origen andaluz diga que votaría a favor de la independencia para ver si así cambiaban las cosas. Al igual que los Mossos d’Esquadra se dirigían en castellano al Gobierno catalán (¡eso hace daño!) para expresar su malestar con las políticas de recortes, otros exteriorizan su desesperación amenazando con hacer añicos el tesoro familiar. Les han dado una moneda falsa, el discurso del expolio fiscal de Cataluña –¡ay, cuánto van a dar de sí esos 16.000 millones!– a personas que ni siquiera hacen la declaración de renta por falta de ingresos. El separatismo ofrece el paraíso independentista al tiempo que difama todo lo que huela a español. La treta le está siendo rentable, queda exento de responsabilidades en la destrucción del tejido industrial, el incremento del desempleo o el deterioro de la sanidad pública. Estos males se presentan como irremediables pero ajenos a ellos, porque el modelo de financiación autonómica perjudica a Cataluña. Un modelo que, por cierto, ha sido aprobado con el beneplácito de los distintos gobiernos catalanes. ¿Pero esa mayoría social es estable? Gran parte de sus nuevos integrantes está en las antípodas del estereotipo nacionalista y les falta conocer las entretelas del engaño que ha urdido el secesionismo. ¿Acaso el cálculo de las balanzas fiscales es inmutable y siempre dará saldo positivo? ¿El resultado será el mismo si disminuye la recaudación, se mantiene el gasto y se financia el déficit a costa de endeudamiento del Estado? ¿Es que las pensiones son sostenibles con las cotizaciones de los trabajadores catalanes? Se sabe que no, y a ello contribuye que empresas como Spanair echen el cierre con 25 millones de euros de deuda con la Seguridad Social. ¿Crecerá El PIB catalán en caso de que lograsen ser independientes de España? Todo lo contrario, bajará en picado. Y otra duda, ¿por qué las protestas contra los peajes sólo se hacen en las autopistas de concesión estatal y nadie se enfada en las de titularidad autonómica, más caras, ni dice nada sobre la previsión de
por JOSÉ DOMINGO -- El Parlamento de Cataluña es muy peculiar. Recientemente ha celebrado un debate de política general en el que, al tiempo que el Presidente de la Generalitat anunciaba la disolución de la cámara, ésta aprobaba una larguísima resolución (catorce páginas) en las que se determinaba la acción del Gobierno cesante y, ojo al dato, del resultante de las nuevas elecciones. Lean la resolución del Parlamento, por favor, léanla. La pueden encontrar en este enlace: http://www.parlament.cat/getdocie/9011078. Son catorce páginas de farragoso, engolado y desafiante discurso en las que se fijan los objetivos a conseguir por «el pueblo de Cataluña» y los instrumentos para hacerlos posibles. Si el enunciado de los cinco apartados de la resolución es harto elocuente (derecho a decidir; hecho nacional; proceso para llegar a ser un nuevo Estado de Europa; memoria y dignidad; y acción política y de gobierno) el detalle de su contenido estremece a quienes tengan una mínima sensibilidad democrática y española. Sin ningún tipo de reparo intelectual, el Parlamento «constata» la realidad política, esto es, establece su veracidad. Tras celebrar el éxito de la manifestación del 11 de septiembre se compromete a desarrollar los anhelos de los asistentes (¿de todos?); da por acabado el encaje de Cataluña en España; expresa la necesidad de que inicie su propio camino e insta al nuevo Gobierno catalán a hacer una consulta en la próxima legislatura con la finalidad de determinar el futuro colectivo, al margen de las instituciones españolas, con las que, en todo caso, se puede dialogar. La resolución tras un aparente lenguaje administrativo, exuda exabruptos impropios de un parlamento, más típicos de una concentración de «Amanecer dorado» (¡en pie!) o de las provocaciones de la Liga Norte (¡Roma ladrona!): pide arrestos de soldados, alerta sobre intervenciones militares de España, condena al Gobierno del PP por adoptar medidas contra la economía catalana, constata el expolio fiscal, califica de desleales a los Gobiernos españoles; se inmiscuye en las políticas de Gobiernos limítrofes (Comunidad valenciana); se mete con ministros con nombres y apellidos (José Ignacio Wert); y prioriza lo nacional (subvenciones a las selecciones deportivas) al tiempo que desdeña lo social. Después de su lectura, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni las instituciones del Estado, ni los partidos políticos, ni los grupos empresariales, ni los sindicatos ni todos aquellos que tienen obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y velar por
por Carlos Silva Esta semana, un periodista con evidentes intenciones aviesas interrogó al presidente autonómico, Artur Mas, sobre cuál sería su voto en un improbable referéndum secesionista, considerando que la anhelada independencia dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea. Mas, de bolos por Europa, se puso, una vez más, estupendo y contestó con su retórica cada vez más retorcida que ni sí, ni no, ni todo lo contrario. En su crónica,el medio que da cobijo a este escrito intentó, no sin esfuerzo y en su habitual línea sensata y rigurosa, seguir el hilo de la parte más inteligible de su discurso para destilar una información mínimamente racional. Para ello, hubo de dejar de lado buena parte del ruido blanco que ininterrumpidamente emite este icono de nuestra política regional. Las declaraciones de nuestro presidente autonómico son como un zumbido, denso e incesante, que ya no nos deja percibir con claridad nuestros propios pensamientos. Un ruido dirigido, sin duda, a anular nuestra capacidad de razonamiento, dejándonos inermes, en actitud de manos caídas a la espera de la siguiente andanada. Son, sin embargo, algunas de estas declaraciones residuales, no reproducidas por nuestros cuerdos redactores, las que suelen dar la exacta medida del disparate en el que piratas políticos como Mas han convertido nuestra realidad cotidiana. Contestaba el presidente autonómico a una pregunta tan clara como si él votaría sí a la independencia si ello supusiera que Cataluña saliese de la Unión Europea que no aceptaba el planteamiento de la pregunta, y que no lo hacía por no contestarla, sino porque "no puedo afirmar con rotundidad que pasará una cosa determinada y tampoco se puede afirmar la contraria, porque no ha pasado", para añadir en tono admonitorio que "ustedes [los periodistas] pueden especular mucho sobre eso, pero la verdad es que éste es un caso -el de Cataluña- que no se ha producido". Dejando a un lado la sintaxis contorsionada, nerviosa, desesperada, de culpable pillado con las manos en la masa, la frase me parece fascinante y de un tremendo calado filosófico. Viene a afirmar Mas que por el evidente hecho de que, en la secuencia temporal, las consecuencias son siempre posteriores al acto que las provoca, uno no puede obrar, opinar o manifestarse en relación a la bondad o maldad, conveniencia o inconveniencia de sus actos, ya que las consecuencias de estos no existen hasta que el acto no se ha producido. Esta
por JOSÉ DOMINGO -- El portavoz de la Generalitat sostiene sin rubor que el método de inmersión lingüística en catalán es tan exitoso que logra milagrosamente que los alumnos alcancen un nivel de castellano superior a la media española. Vistos sus taumatúrgicos efectos, lo extraño es que las escuelas de idiomas y el propio Instituto Cervantes en el extranjero no utilice como reclamo publicitario el lema «Para aprender español, estudia catalán». Puestos a ser ocurrentes, Homs también ha llegado a afirmar que la inmersión lingüística obligatoria es constitucional. ¿Es así? No, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut repitió hasta en diez ocasiones que el castellano debía ser lengua vehicular de enseñanza en Cataluña y por tres veces que el catalán y el castellano tenían que tener igual estatus. Ese criterio lo ha remachado el Supremo, que ha proclamado recientemente que «no puede aceptarse la exclusividad del catalán como lengua única vehicular de la enseñanza». Metido en faena, el convergente ha aconsejado al ministro de Educación que no se inmiscuya en los asuntos de la Generalitat. ¿Se ha excedido Wert? No, porque al Gobiern le corresponde velar por que el español sea lengua de escolarización en toda España. Lo triste es que ningún ministro hasta ahora lo haya hecho. Bastaría con incluir como principio básico en la Ley Orgánica de Educación el derecho a ser escolarizado en castellano y dotar a la Alta Inspección educativa del Estado de los medios para hacerlo efectivo. Para ello, es imprescindible un régimen sancionador que prevea que los directores de centros educativos y autoridades que hagan inviable este derecho sean inhabilitados para la docencia. Cabe preguntarse, por último, si, como apunta el ministro, la escuela catalana es una fábrica de independentistas. Acierta de pleno y con un ejemplo basta: el Instituto «La llauna» (La lata) de Badalona a propuesta de sus alumnos y con el apoyo entusiasta de su director ha declarado lectivo el 12 de octubre y no celebrará la Fiesta Nacional. A la Consejería de Enseñanza le corresponde hacer cumplir el calendario escolar. ¿Lo hará? José Domingo Presidente de Impulso Ciudadano
Por Francesc Moreno Hasta ahora, en el debate político catalán sobre los efectos económicos de una hipotética independencia solo se ha oído propaganda. Poco más que el latiguillo de "España nos roba". Los partidos de la oposición apenas han respondido con argumentos. Incluso muchos sectores economicos han permanecido en silencio, en parte por miedo al poder, y también porque se les ha hecho creer que todo el proceso no es más que una estrategia para mejorar la financiación. Sin embargo, al margen de lo que finalmente ocurra, el debate es imprescindible. Seguramente, son muchos los que no alterarán su posición en función de los argumentos económicos, pero los ciudadanos tienen derecho a recibir una información veraz, completa y plural sobre los efectos económicos de la secesión. El análisis de las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña puede abordarse desde diversos ángulos. Uno de los más controvertidos es el de sus repercusiones económicas, tanto en el momento que fuese efectiva, como los efectos que genera la situación actual de incertidumbre política. El impasse puede prolongarse durante bastantes años, acabe o no produciéndose la independencia. Sobre los costes de la transición sólo dos palabras: la incertidumbre política -cualquiera- es mala compañía para los negocios. El dinero es cobarde. Los principales bancos de inversión del mundo (Nomura, UBS, JP Morgan...) han emitido informes alertando a sus clientes sobre la situación política de Cataluña como un factor de riesgo a valorar. Bueno no es, aunque es difícil distinguir entre efectos de la crisis y efectos de la inestabilidad política vinculada al proceso secesionista. El argumentario independentista del Col·lectiu Wilson El argumentario independentista puede resumirse en la posición del Col·lectiu Wilson, capitaneado por Xavier Sala i Martín. Su razonamiento, en síntesis, se basa en mantener que el déficit fiscal absorbe sobradamente cualquier efecto negativo que pudiera derivarse de la independencia. Estos autores dan por buenos los cálculos del déficit fiscal reflejados en las balanzas fiscales calculadas conforme a los criterios de la Generalidad, incluida la neutralización. Para el Col·lectiu Wilson la independencia permitiría que Cataluña mantuviera los mismos ingresos tributarios que ahora. También considera el Col·lectiu Wilson que el nuevo Estado no gastaria más que la cuota que la Generalidad imputa actualmente como gastos de la Administración General del Estado en Cataluña. Por eso recogen la cifra de 3.000 millones de euros anuales, un dato muy alejado de otros cálculos que elevan esa cifra a los 6.000
