Nuestro presidente, José Domingo, ha enviado una carta al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en la que denuncia las acusaciones de parcialidad política vertidas por la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera, al juez García Castellón, que instruye el caso Tsunami Democràtic.
Texto de la carta.
Apreciado Comisario Reynders,
De nuevo me dirijo a usted en mi calidad de presidente de “Impulso Ciudadano” para transmitirle información que entendemos relevante en relación a la situación del estado de derecho en España. Lamentablemente, esta información confirma los análisis que habíamos compartido con usted en anteriores comunicaciones, en nuestras contribuciones anuales al informe sobre el estado de derecho en España y en el informe, más extenso, que le hicimos llegar hace unos meses junto con “Foro de Profesores” y “Citizens pro Europe”.
En esta ocasión se trata, de nuevo, del ataque a la independencia judicial que protagonizan miembros del poder ejecutivo. Anteriormente, ya habíamos señalado que en España es habitual que miembros, tanto del gobierno de España como del gobierno autonómico catalán critiquen o cuestionen a los tribunales en una forma tal que es absolutamente incompatible con las exigencias de la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre independencia judicial del año 2010 a la que ya nos hemos referido en anteriores comunicaciones.
El pasado viernes, 19 de enero, tuvimos conocimiento de que la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Ribera, quien, en una entrevista televisiva (puede consultarse aquí: https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-de-la-1/ribera-sobre-magistrado-garcia-castellon-tiene-querencia-pronunciarse-misma-direccion-momento-oportuno/15923246/), ante preguntas relativas a la decisión judicial de continuar investigando la implicación de Carles Puigdemont en delitos de terrorismo (a partir del minuto 7:15), indicó que estaban acostumbrados a que el juez que había dictado la decisión tenía “querencia” por pronunciarse siempre “en una misma dirección”, afirmando expresamente que tenía un “propósito político”. Ante la repregunta de la periodista sobre si la vicepresidenta daba a entender que al juez le guiaba un criterio político añadió que la hemeroteca mostraba que adoptaba las decisiones “en un momento particularmente oportuno”. Ante otra repregunta, sobre si acusaba al juez de ejercer lawfare no lo negó e indicó que los afectados podían tomar las decisiones que creyeran convenientes.
De la entrevista se desprende un claro señalamiento al juez instructor de la causa contra Carles Puigdemont, algo completamente inadmisible en democracia por parte de quien es vicepresidenta tercera del gobierno de España.
Hay que recordar, además, que estas declaraciones no se producen en el vacío, sino que se produce cuando se ha firmado un acuerdo entre el PSOE y Junts para investigar la actuación de los tribunales con relación a los implicados en los hechos de 2017 vinculados al intento de secesión de Cataluña. Que lo que se pretende es una actuación punitiva contra los jueces resulta evidente, tal como ha declarado la diputada en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, quien expresamente dijo que “Toda esta gente pagará lo que ha hecho, y no solo los jueces” (declaraciones publicadas en Vilaweb el 29 de diciembre de 2023, https://www.vilaweb.cat/noticies/miriam-nogueras-tota-aquesta-gent-pagara-el-que-ha-fet-i-no-nomes-els-jutges/).
No estamos hablando de hechos aislados, sino de un sistemático cuestionamiento de los tribunales que no es irrelevante. En este sentido, es necesario llamar la atención sobre que en la reciente visita de una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cataluña en relación al tema de la exclusión del español como lengua de aprendizaje y el incumplimiento de las decisiones judiciales en materia lingüística, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña explicaron, tal y como se ha publicado en la prensa, que existían presiones sobre ellos desde el gobierno regional que dañaban la división de poderes.
Una actuación concurrente del gobierno regional catalán y del gobierno español sobre los jueces que se pronuncian en relación con temas sensibles para los nacionalistas no es una anécdota, sino que nos encontramos ante una quiebra sistémica de principios esenciales del estado de derecho que requiere que actúen quienes tienen competencias para velar por el respeto a los principios democráticos en la Unión Europea.
Confiando en que así sea, reciba un cordial saludo.
José Domingo Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano
