Impulso Ciudadano denunciará la colocación de la pancarta a favor de los presos y fugados separatistas en el Palau de la Generalitat y la retirada temporal de la bandera española.
La entidad pide que se acaten las decisiones de la Junta Electoral Central sobre las inhabilitaciones de Joaquim Torra y Oriol Junqueras.
Ante la reacción del separatismo contra las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) que han declarado que Joaquim Torra y Oriol Junqueras han perdido, respectivamente, la condición de diputado en el Parlamento de Cataluña y eurodiputado, Impulso Ciudadano manifiesta que:
1.- Todos los poderes públicos están sometidos a la ley, y el que una autoridad o administración actúe al margen o en contra de la ley o desobedezca las decisiones judiciales constituye una quiebra democrática de una enorme trascendencia.
Joaquim Torra ha incurrido en causa de inelegibilidad y, por tanto, pierde su condición de diputado conforme a lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Por ello, es del todo condenable que, una vez perdida su cualidad de diputado pretenda ser confirmado, mediante una suerte de voto de confianza, por el Parlamento de Cataluña. Evidentemente, su intención es abrir una profunda crisis entre las instituciones autonómicas catalanas y las del conjunto del Estado, y promover un enfrentamiento que incrementará la crispación y confrontación entre los catalanes.
2.- Las opiniones, valoraciones y críticas son y han de ser libres, pero las autoridades, con independencia de cuál sea su opinión, han de respetar las leyes y las decisiones judiciales. La quiebra de la convivencia que vivimos en Cataluña surge principalmente de haber olvidado este principio básico en democracia.
3.- El llamamiento a la desobediencia efectuado por Joaquim Torra en la tarde-noche del día 3 de enero y la connivencia de autoridades, empleados públicos y miembros de asociaciones independentistas en la burda provocación llevada a cabo contra las resoluciones de los Tribunales y Junta Electoral Central resultan especialmente graves.
Por ello, desde Impulso Ciudadano (que en su día interpuso una demanda por estos hechos) anunciamos que comunicaremos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el incumplimiento de la medida cautelar acordada por la Sala, consistente en la retirada de la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados” y el lazo amarillo, al haber vuelto a ser colocada en la fachada del Palau de la Generalitat la misma pancarta, a instancia del Presidente de la Generalitat. Asimismo, informaremos de estos hechos a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que ha abierto diligencias previas por la resistencia de Torra a la retirada de la citada pancarta en periodos no electorales.
Igualmente, consideramos profundamente desleal con la ciudadanía española que el Presidente de la Generalitat haya permitido la retirada temporal de la bandera española del edificio del Palau de la Generalitat y presentaremos denuncia ante la Fiscalía del TSJC para que investigue los hechos, por si fueran constitutivos de delito.
Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos que la crisis actual no puede ser resuelta más que con un diálogo franco y abierto que se construya sobre el más absoluto respeto a las leyes y la garantía plena de los derechos de todos los catalanes. Este respeto y esta garantía han de ser las bases para la reconstrucción de la convivencia en Cataluña.
Desde Impulso Ciudadano hacemos una llamada a la concordia y al diálogo dentro de la sociedad catalana. Concordia y diálogo que no pueden construirse al margen del respeto a las leyes y a las sentencias. Nada fructífero puede salir del desconocimiento de esta regla básica, puesto que una parte significativa de la sociedad catalana considerará cada nuevo acto de rebeldía institucional como un ataque a sus derechos y a su libertad.
Por esa razón, consideramos que la convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña que se celebrará hoy, para debatir sobre las resoluciones de la JEC, es contraria al ordenamiento jurídico, por lo que pedimos que no se celebre. Asimismo, solicitamos que el Gobierno de la Nación proceda a presentar los pertinentes recursos de inconstitucionalidad en el caso de que se adopten resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico.
