El articulo 32 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, de 7 de enero, establece que: “La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollen su actividad en Cataluña, deben estar redactados, al menos, en catalán. Para ello, el Gobierno de la Generalitat promoverá, con medidas adecuadas, el incremento del uso del catalán en este ámbito”.

En la práctica, el “al menos, en catalán” de la Ley se ha convertido en una persecución efectiva del castellano en la rotulación de las empresas en Cataluña y el “promoverá medidas adecuadas” en una política de coacción a las empresas privadas con la delación por medio de denuncias anónimas canalizadas a través de la Oficina de Garantías Lingüísticas, como herramienta principal.

Entre el 2003 y el 2005, 143 empresas fueron sancionadas de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios por un total de 169.000 € por no adecuarse a la normativa vigente en política lingüística. Durante el 2006, estas sanciones aumentaron a 311 y el total recaudado en multas ascendió a 686.000€. En el 2007 fueron 83 establecimientos por un total de 138.150€. Desde entonces, el Gobierno de la Generalitat, se ha negado a informar sobre los expedientes abiertos y multas impuestas durante el 2008 y lo que va del 2009.

Mientras tanto, la Agència Catalana del Consum ha remitido a miles de comerciantes cartas en las que se les intimidaba y conminaba a cambiar la rotulación y documentación de las empresas. El cambio de rótulo supone en la práctica la sustitución del castellano por el catalán porque sólo se facilita ayuda para la rotulación en catalán no para la rotulación bilingüe.

Con esta campaña, Impulso Ciudadano quiere defender la libertad de expresión de los empresarios, de manera que corresponda fijar las señas de identidad del establecimiento al promotor, no a las Administraciones. Para ello,

– Apoyaremos a los empresarios sancionados con apoyo jurídico y económico.
– Realizaremos entrevistas con organizaciones empresariales y sindicales.
– Presentaremos las iniciativas parlamentarias necesarias para acabar con las sanciones lingüísticas.
– Realizaremos campañas de sensibilización ciudadana.

Es hora de romper el silencio sobre las sanciones a comercios por razones de lengua y dar a conocer a la sociedad catalana y del resto de España una situación flagrante de abuso de los poderes públicos y de vulneración de los derechos constitucionales individuales y de libre empresa.

Colabora con Impulso Ciudadano para acabar con las multas lingüísticas.