La Jornada sobre derechos lingüísticos en España, organizada por la entidad Impulso Ciudadano en colaboración con el Instituto CEU de Estudios de la Democracia y con el apoyo de la Oficina del Español de la Comunidad e Madrid, se ha celebrado en la Facultad de Económicas del CEU Madrid el día 18 de octubre.
Diversidad lingüística constitucional y nacionalismo lingüístico monolingüe
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha dado la bienvenida a los asistentes y la Rectora de Universidad CEU San Pablo, Rosa María Visiedo, ha inaugurado la Jornada. Ha alabado la Constitución española que reconoce la diversidad lingüística, pero ha lamentado que las normativas autonómicas y su aplicación estén dando lugar a abusos y sean fuente de conflictos que vulneran derechos lingüísticos. El Director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna, ha destacado que la Administración central en España es plurilingüe a diferencia de algunas Administraciones autonómicas que tienen tendencia al monolingüismo. La razón de ello es el nacionalismo lingüístico con el que se identifican.
Derechos lingüísticos individuales frente a la manipulación de la lengua propia
La conferencia inaugural ha sido pronunciada por Manuel Toscano, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga y autor de “Contra Babel. Ensayo sobre el valor de las lenguas”. Toscano ha diferenciado entre los derechos lingüísticos de la persona y los derechos de las lenguas como expresiones culturales colectivas incidiendo en un enfoque que se ha alejado de la preservación de las lenguas para poner el acento en la protección de los derechos individuales de los hablantes. En esta línea ha criticado el uso y efectos del concepto de lengua propia, concepto que sólo se entiende en el marco del nacionalismo ideológico.
El español o castellano, lengua común de España
Acto seguido, el escritor e inspector de educación, Jesús Rul, ha descrito la situación sociolingüística en España partiendo de los resultados que ofrecen los estudios del Instituto Nacional de Estadística y las entidades autonómicas resaltando las diferencias criteriales y metodológicas que emplean. El español es la lengua común de España en tanto que es la lengua con presencia uniforme en todo el territorio nacional y que permite la comunicación entre los ciudadanos de España. También ha señalado como dato relevante que el importante cambio demográfico que ha acontecido en España en los últimos años tiene también sus consecuencias en el mapa de lenguas de España. El 17% de la población española, nueve millones de los casi cuarenta y nueve millones de residentes son extranjeros. También que el inglés se ha convertido en la segunda lengua más conocida de nuestro país, con presencia significativa en todas las regiones.
Lenguas oficiales y lenguas minoritarias o regionales
La segunda mesa de la Jornada, moderada por la delegada territorial de Impulso Ciudadano en Madrid, Graciela Merigó, ha analizado el marco regulador de las normas partiendo de que la diversidad lingüística española no es excepcional. Tanto el catedrático de Derecho Constitucional (actualmente retirado) y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Francesc de Carreras, como el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, han señalado que es el carácter de lenguas oficiales el que le confiere derechos lingüísticos a los hablantes de esas lenguas ante los poderes públicos. Asimismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer compatible la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas minoritarias o regionales, suscrita por España y que reconoce el máximo grado de protección a los hablantes de las lenguas autonómicas, con los derechos constitucionales de los ciudadanos que solicitan ser atendidos o escolarizados en español.
Requisitos lingüísticos en la función pública y el papel de la inteligencia artificial
La mesa destinada a desarrollar el tratamiento que dan las Administraciones a los derechos lingüísticos ha sido moderada por María Jesús Lago Ávila, directora del Centro CEU de estudios de la Transición. Ha partido del hecho de que corresponde a los Poderes Públicos garantizar sin discriminaciones los derechos lingüísticos de los ciudadanos. El abogado especialista en función pública y derechos lingüísticos, Francisco López Lera, ha pedido que el nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales para el acceso a la función pública se haga bajo criterios de proporcionalidad y que la exigencia no tenga un contenido discriminatorio. En ese sentido, ha señalado que no es necesario que todos los empleados públicos que prestan servicio a una Administración deben conocer la lengua autonómica, sino sólo los que sean necesarios para dar la atención a los ciudadanos. De acuerdo con la doctrina de los Tribunales la exigencia de bilingüismo ha de llevarse con un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad desde la perspectiva de lo dispuesto en los artículos 14 (principio de no discriminación), 23.2 (derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas) y 139.1 (no obstaculización de la libertad de circulación y establecimiento de las personas). Por su parte, el catedrático de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, Rubén San Segundo, ha explicado el estado de la ciencia en lo que se refiere a la inteligencia artificial en relación con la posibilidad de traducción escrita y oral. Las traducciones se pueden hacer ya de una manera rápida, precisa y de alta calidad. Por lo tanto, las Administraciones podrán traducir cualquier contenido con plataformas fáciles de usar que se vuelven más inteligentes con cada traducción. Las consecuencias que se abren con esos sistemas son amplísimas en lo que se refieren a la atenuación de la exigencia de los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública y en la garantía de intercomunicación lingüística entre las administraciones y de éstas con los administrados.
Conflictividad lingüística: el caso particular de la educación
El conflicto entre los excesos identitarios y la vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos ha estado presente en la mesa dedicada al caso particular de la educación. El profesor y exmiembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del País Vasco, Ricardo Arana, ha detallado las consecuencias perniciosas que está teniendo en los resultados escolares el hecho de que en la práctica se esté obligando a más del 70% de los alumnos vascos a estudiar en eusquera cuando no es la lengua materna mayoritaria de los estudiantes que residen en aquella Comunidad Autónoma. Las pruebas de evaluación revelan que el perjuicio es especialmente preocupante en aquellos alumnos castellanohablantes y de familias con menores rentas per cápita. Para él, la lengua es un vehículo de comunicación y si se utiliza como un arma identitaria el modelo educativo fracasa. Por su parte, Joan Font Rosselló, profesor Titular de Física de la Universidad de las Islas Baleares, ha denunciado que el nuevo Gobierno balear no ha cambiado de manera significativa el modelo de inmersión puesto que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en la práctica totalidad de todos los centros educativos de aquella comunidad autónoma y que el modelo de elección de lengua por parte de las familias ha fracasado. En muchos centros el formulario de la matrícula no ha incluido una casilla con la opción lingüística y los directores de los centros han decidido en vez de los padres. Expresivamente ha señalado que en aquella región los catalanohablantes tienen que estudiar en catalán porque es su lengua materna y los hispanohablantes también tienen que hacerlo en catalán porque el castellano ya lo hablan en su casa. Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y de Escuela de Todos, ha concluido la mesa resumiendo la situación en las otras Comunidades bilingües. En Cataluña se sigue sin aplicar el modelo de conjunción lingüística y la sentencia que obliga a impartir en castellano una parte de la educación no se cumple. Asimismo, destacó que la aprobación de la Ley de Libertad educativa de la Comunidad Valenciana ha permitido mejorar la presencia del castellano de acuerdo con la libre decisión de las familias. Finalmente, ha incidido en que las herramientas de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en español en las comunidades autónomas en las que se vulneran sus derechos lingüísticos son los recursos a los Tribunales, denunciar la exclusión y las discriminaciones ante los medios de comunicación y ejercer presión civil. Ha concluido solicitando una ley nacional que blinde derechos lingüísticos en la educación y ponga fin al abuso del nacionalismo identitario.
Derechos lingüísticos en las relaciones privadas y en los medios de comunicación
La última mesa, moderada por Víctor Gómez Frías, vocal de la Junta Directiva de Impulso Ciudadano, se dedicó a la situación de los derechos lingüísticos en los sectores privados y contó con la intervención del decano de Ciencias Económicas de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Palomo Zurdo, quien abordó las consecuencias que tienen en el ámbito empresarial y en la unidad de mercado los excesos en las regulaciones lingüísticas con el consiguiente incremento de costes empresariales y las dificultades de libertad de circulación. Finalmente, la profesora titular de Comunicación de la UAB Isabel Fernández Alonso ha sido muy crítica con las políticas de medios de comunicación que realizan algunas comunidades autónomas que dependen fundamentalmente de las políticas lingüísticas. Se ha referido con detalle al caso catalán haciendo hincapié en la regulación de las subvenciones y el desproporcionado fomento del catalán. Asimismo, ha traído a colación algunos ejemplos de la presión y de la desacreditación que en los medios de comunicación públicos se ejerce contra aquellas personas que intervienen en castellano.
Ley de derechos lingüísticos y Comisión de estudio en el Senado
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha realizado el balance de las Jornadas. Ha destacado la transformación que ha sufrido España en lo que se refiere al mapa sociolingüístico poniendo de manifiesto que la España de comienzos del siglo XX o de la Constitución española de 1978 no tiene nada que ver con la actual. En lo que se refiere a la situación de los derechos lingüísticos ha lamentado la desigualdad normativa que existe entre las distintas comunidades autónomas y el propio Estado. Ha puesto como ejemplo el caso de la ley catalana de política lingüística que obliga a las Administraciones a efectuar las comunicaciones en catalán y sólo reconoce el derecho a recibir la información en castellano si se pide expresamente. Asimismo, ha recordado que corresponde al estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1º CE). Por eso, ha reclamado la elaboración de una ley nacional sobre los derechos lingüísticos en España que evite situaciones discriminatorias.
Finalmente, dada la gravedad del conflicto lingüístico, ha hecho pública la intención de los organizadores del acto de solicitar la creación en el Senado de una Comisión de estudio que, con carácter permanente, evalúe la situación de los derechos lingüísticos en España y presente un informe anual al respecto.
Evaluaciones internacionales de las políticas educativas
La Jornada concluyó con la intervención en la clausura del Director General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid, David Cervera, que ha informado sobre la situación lingüística en esta Comunidad y ha destacado la importancia de las evaluaciones internacionales para ver las consecuencias que tienen las medidas lingüísticas adoptadas por las Administraciones educativas. María Jesús Lago, directora del Instituto de los Estudios de la Democracia, ha clausurado resaltando la potencia del español como lengua universal y el papel de la sociedad civil en la defensa de los derechos lingüísticos individuales.
