La propuesta de modelo de financiación autonómica presentada hoy por la Ministra de Hacienda constituye la formalización de un pacto políticamente ilegítimo entre el Gobierno de España y los nacionalistas catalanes, escenificado ayer por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Lejos de responder al interés general, esta propuesta profundiza en la desigualdad entre los españoles, incrementa la opacidad del sistema de financiación autonómica y avanza en una dirección contraria a la que deberían orientar futuras reformas.
España es un Estado complejo y descentralizado, lo que exige una adecuada distribución de los recursos públicos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ahora bien, todos los recursos públicos disponibles se distribuyen entre unos y otros: si todas las Comunidades Autónomas reciben más recursos, necesariamente disminuyen los recursos del Estado y, con ello, los del conjunto de los españoles.
Por ello, es imprescindible partir de una premisa básica: la financiación autonómica es un juego de suma cero. Afirmar que nadie resulta perjudicado por una modificación del modelo de financiación no es solo falso, sino una forma de populismo fiscal que degrada el debate público.
A esta realidad se añade una desigualdad ya existente y profundamente injusta: la no participación del País Vasco y Navarra en el sistema común de financiación. Esta excepción ha conducido a una sobrefinanciación de sus instituciones autonómicas que, en buena medida, no se traduce en una mejora proporcional de los servicios públicos, sino en el desarrollo de políticas nacionalistas que perjudican al conjunto de los ciudadanos, incluidos los de esos propios territorios.
La debilidad parlamentaria del Partido Socialista ha llevado ahora al Gobierno a someterse a las exigencias de los nacionalistas catalanes, que persiguen un incremento de los recursos controlados por la administración autonómica catalana. La experiencia de las últimas décadas demuestra que una parte sustancial de esos recursos se destina a políticas identitarias y de construcción nacional que no solo dañan los intereses generales de España, sino que con frecuencia conllevan restricciones de derechos para los propios ciudadanos de la Comunidad.
Especialmente grave es la consolidación de un relato según el cual son los territorios los que aportan recursos públicos. En realidad, quienes tributan son los ciudadanos, no las Comunidades Autónomas. Los impuestos se exigen en función de la capacidad económica de las personas y se destinan a fines de interés general definidos por los representantes del conjunto de los españoles, sin que exista ningún principio que obligue a que esos recursos se queden en la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente. Llevar esta lógica hasta sus últimas consecuencias implicaría que lo recaudado en los barrios más ricos de una ciudad deba quedarse exclusivamente en ellos. Ese es, sin embargo, el marco conceptual que el nacionalismo lleva años promoviendo y que hoy asume como propio el Partido Socialista.
En esa misma línea, la Ministra de Hacienda ha insistido en presentar España como una agregación de territorios. Esta concepción es errónea: España es una comunidad de ciudadanos, no una yuxtaposición de entes territoriales. La existencia de Comunidades Autónomas no altera este principio básico ni convierte a nuestro país en una suma de compartimentos estancos. No se trata de una diferencia terminológica, sino de una cuestión sustantiva que afecta a los fundamentos mismos de la igualdad y la solidaridad.
Desde esta perspectiva, un modelo de financiación autonómica legítimo debe partir de la garantía de unos servicios públicos equivalentes para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. No es un objetivo legítimo que cada Comunidad Autónoma reciba recursos en función de su capacidad de generar riqueza, y resulta aún más inaceptable que este criterio se invoque únicamente para determinadas Comunidades, mientras se excluye expresamente a otras.
Cuestión distinta es que, en el ejercicio de la autonomía política reconocida por la Constitución, las Comunidades Autónomas adopten decisiones propias en materia de tributación y gasto dentro de sus competencias. Resulta por ello especialmente llamativo que, mientras se refuerza el relato nacionalista sobre la naturaleza territorial del Estado, se plantee simultáneamente la limitación de la autonomía financiera de determinadas Comunidades Autónomas.
En definitiva, la propuesta presentada hoy por la Ministra de Hacienda constituye una nueva cesión tanto a las exigencias como al marco conceptual del nacionalismo. Es contraria al interés general, profundiza en la desigualdad entre los ciudadanos y entre las propias Comunidades Autónomas, y debilita los fundamentos de solidaridad e igualdad sobre los que se asienta nuestro sistema constitucional.
Desde Impulso Ciudadano hacemos un llamamiento a la responsabilidad. La organización territorial del Estado, incluida la financiación autonómica, exige un debate sereno, riguroso y basado en objetivos legítimos, alejado del mercadeo político y de las cesiones constantes que han caracterizado las últimas décadas.
