La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que avala la Ley de Amnistía es una prueba más de la grave crisis constitucional que atraviesa España.
Desde el inicio, el proceso ha estado marcado por una anomalía institucional: la filtración del borrador de sentencia antes de que los magistrados comenzaran sus deliberaciones. A ello se suma la práctica inexistencia de debate jurídico en el seno del Tribunal y la ausencia de cualquier intento real de construir una mayoría más sólida que la estricta división partidista que finalmente ha prevalecido.
Los magistrados del Tribunal Constitucional son designados por instituciones políticas, pero no están llamados a reproducir sus equilibrios. Su legitimidad debería fundarse en la calidad de sus sentencias y en la búsqueda de consensos amplios. En este caso, sin embargo, la mayoría progresista ha actuado como correa de transmisión del Gobierno. El presidente del Tribunal, lejos de propiciar el entendimiento entre sensibilidades jurídicas distintas, se ha limitado a administrar una mayoría alineada con los intereses del presidente del Gobierno.
La independencia del Tribunal no solo debe existir: también debe parecerlo. El hecho de que el propio presidente del Gobierno adelantase públicamente el resultado de la deliberación agrava aún más la erosión de la credibilidad institucional. La imagen que se proyecta es la de un tribunal supeditado al poder político, y eso es incompatible con el Estado de Derecho.
Desde Impulso Ciudadano rechazamos que esta amnistía se presente como un instrumento para la reconciliación o la convivencia. Durante años hemos constatado que los nacionalistas catalanes, principales beneficiarios de la norma, no han renunciado a sus objetivos de ruptura ni han cesado en el hostigamiento a los constitucionalistas. No hay ni reconocimiento del daño causado ni propósito de enmienda. En estas condiciones, la amnistía no es un paso hacia la paz civil, sino una concesión política a cambio de votos.
Resulta especialmente preocupante que el Tribunal Constitucional contribuya a dar cobertura jurídica a esta operación de blanqueamiento. Si, como parece, los magistrados han obviado las advertencias de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea, e incluso han renunciado a argumentar jurídicamente su decisión para refugiarse en un puro decisionismo, el daño al Estado de Derecho es inmenso.
No estamos ante una página más en la historia constitucional española. Estamos ante un momento de ruptura institucional que exige una respuesta firme por parte de todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia, la igualdad ante la ley y la unidad de España.
Impulso Ciudadano mantendrá su labor de denuncia ante los tribunales, ante la opinión pública y ante las instituciones europeas. Continuaremos trabajando por los principios que nos fundaron: la defensa del Estado de Derecho, de la convivencia democrática, de los derechos fundamentales y de la unidad constitucional de España.
Llamamos a todos los ciudadanos, asociaciones e instituciones que comparten estos valores a hacer cuanto esté en su mano para revertir el proceso de deterioro institucional que amenaza con socavar nuestra convivencia. La Constitución de 1978 sigue siendo la mejor garantía de libertad, igualdad y paz civil. Frente a quienes quieren desmantelarla desde dentro, es hora de reivindicarla con más fuerza que nunca.
Barcelona, 27 de junio de 2025
Impulso Ciudadano
