Barcelona, 5 de septiembre de 2025
La Asociación Impulso Ciudadano ha logrado que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligue al Gobierno a entregar los expedientes administrativos relativos a la restitución o compensación de tres inmuebles situados en Francia (París, Noyon y Compans) que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) reclamó en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que le fueron adjudicados finalmente a través del Real Decreto ley 1/2025, de 28 de enero.
El Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial y Memoria Democrática se habían negado a facilitar la información invocando excusas como la “complejidad” de la petición, un supuesto “carácter abusivo” o la protección de datos personales. A ello se sumó la oposición del propio PNV. El Consejo de Transparencia ha desestimado todas estas objeciones y ha reconocido que los expedientes son información pública de interés general, vinculada al patrimonio estatal y a decisiones gubernamentales de gran trascendencia.
Resoluciones contundentes
El CTBG, en las dos resoluciones de 3 de septiembre de 2025 estimatorias de los recursos de Impulso Ciudadano, reprocha a los ministerios su conducta dilatoria al ampliar plazos de forma injustificada y su negativa genérica a facilitar cualquier elemento de los expedientes. Asimismo, subraya que:
Una merma del patrimonio público
El acceso a estos documentos permitirá examinar en detalle las condiciones en que el Gobierno decidió entregar un valioso bien demanial —el palacete parisino ocupado por el Instituto Cervantes— a un partido político, pese a que la Dirección General de Patrimonio Histórico no había podido acreditar la titularidad del PNV.
“Estamos ante un caso de enorme trascendencia democrática: se han tomado decisiones que afectan al patrimonio común de todos los españoles y que benefician a una sola formación política. El derecho a la información, la protección de la hacienda pública y el principio de neutralidad institucional estaban en juego, y gracias a la acción de Impulso Ciudadano ahora podrán ser escrutados”, ha declarado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.
El compromiso de la sociedad civil
Impulso Ciudadano denuncia que el Gobierno y el PNV han tratado de bloquear la transparencia con argumentos arbitrarios y maniobras dilatorias, pero recuerda que la Ley está para garantizar el control ciudadano sobre las decisiones públicas.
“Estas resoluciones son una victoria no solo de nuestra asociación, sino de la sociedad civil que exige claridad y rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones en que el Gobierno decidió regalar un bien destinado a la promoción del español y de la cultura española en Francia, como el Instituto Cervantes, a un partido político como el PNV que se opone a esta promoción”, ha añadido José Domingo.
Impulso Ciudadano exige al Gobierno que cumpla sin más dilaciones las resoluciones del Consejo de Transparencia y entregue los expedientes completos. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones que afectan al patrimonio común y qué papel han desempeñado los actores políticos implicados. Están en juego varios importantes principios constitucionales: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho a la información, la tutela judicial efectiva (bloqueada por esta concesión mediante “ley particular”), la protección de la hacienda común y el pluralismo político desvirtuado por esta cuantiosa ventaja concedida a una sola formación.
