Hazte socio

Impulso Ciudadano logra desvelar la precipitada tramitación y el exagerado precio pagado al PNV por los inmuebles franceses regalados por el Gobierno

Reitera al ejecutivo que publique el expediente completo de esta pérdida de patrimonio público tal como exigió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Pese a haber logrado Impulso Ciudadano a principios de septiembre la estimación plena por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de sus reclamaciones para hacer públicos los expedientes relativos a los bienes cedidos en Francia al Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno sólo ha atendido de manera muy escasa esta obligación.

En particular, el Ministerio de Hacienda no ha enviado ninguna documentación mientras que el de Política Territorial y Memoria Democrática ha respondido de manera muy sucinta enviando una Orden del Ministro Ángel Víctor Torres de 21 de enero de 2025 de compensar con 3,78 millones de euros a la formación nacionalista, por dos bienes (situados en los pueblos franceses de Noyon y Compans) que en el pasado habían pertenecido al Patrimonio del Estado y que el PNV reivindicaba.

Esta decisión abunda en irregularidades:

  • La principal es que en ningún momento el PNV pudo acreditar que esos inmuebles le habían pertenecido, sino que judicialmente se demostró -al igual que el palacete parisino que venía siendo sede del Instituto Cervantes- que habían sido titularidad del Gobierno vasco en el exilio, por lo que la concesión directa mediante una ley singular constituye una gravísima arbitrariedad del Gobierno que perjudica el pluralismo político y el régimen de separación de poderes;
  • Además, el Real-decreto Ley 9/2024 de 23 de diciembre de 2024 que motivó esta cesión patrimonial acabó siendo derogado el 22 de enero de 2025, es decir, que el Ministro la firmó sólo un día antes cuando ya era notoria la improbable convalidación de esta norma;
  • Otra muestra de lo precipitado del procedimiento es que el organismo gubernamental que valoró estos bienes (la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, S.A, SEGIPSA), lo hizo en un plazo insólito de menos de tres semanas periodo vacacional incluido, pese a las singulares dificultades que tiene estimar unos bienes en el extranjero, que pertenecían ya a terceros y cuya realidad física ha evolucionada notablemente en las ocho décadas pasadas desde los hechos que motivan la reclamación;
  • El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ni siquiera hace público esos informes de valoración de la SEGIPSA pese a que los menciona la Orden del Ministro Torres y por tanto es evidente que forman parte del expediente; no obstante una estimación somera a través de portables inmobiliarios evidencia que el valor de esas propiedades modestas situadas en municipios pequeños y periféricos es difícilmente justificable que casi alcancen los 4 millones de euros;
  • Tampoco se hace pública la parte del expediente relativa a las órdenes de pago u otros documentos contables de estas cantidades que, de haberse producido después del 22 de enero en que quedó derogado el Real-decreto Ley, habrían supuesto una cesión de dinero público sin base jurídica, mientras que de haberse hecho antes (es decir, en las pocas horas que mediaron entre la Orden del Ministro y la derogación del RD-ley) debería haberse reclamado inmediatamente su restitución, independientemente de que con posterioridad el Gobierno volvió a incluir esta dádiva política en otra norma legal.

Impulso Ciudadano ha reclamado los informes de valoración de la SEGIPSA y el resto de expediente del Ministerio de Política Territorial y Democrática, en particular las órdenes de pago u otros documentos contables en relación con la compensación por los inmuebles de Noyon y Compans. También ha reclamado que el Ministerio de Hacienda haga pública la información en relación al palacete parisino, que es la pieza más valiosa de esta cesión matrimonial ya que su valor puede acercarse a los veinte millones de euros.

De nuevo manifestamos que la opinión pública merece examinar con detalle las condiciones en que el Gobierno decidió regalar un valioso bien demanial (dedicado además a la promoción de la lengua común) a un partido político pese a que la propia Dirección General de Patrimonio Histórico no había podido concluir que el PNV hubiera probado en ningún momento que ejerció su propiedad ni siquiera a través de testaferros. Conocemos ahora además que la forzada introducción de esos dos otros bienes “menores” sirvió para redondear la operación con una transferencia en efectivo de casi 4 millones de euros. Arrojar luz sobre esta cuestión pretende defender varios principios constitucionales: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, el derecho a la información, la tutela judicial efectiva (bloqueada por esta concesión mediante “ley particular”), la protección de la hacienda común y el pluralismo político desvirtuado por esta cuantiosa ventaja concedida a una sola formación.