Impulso Ciudadano anuncia que está preparando la interposición de varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo frente a las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de las prestaciones por desempleo, determinadas prestaciones familiares no contributivas del sistema de Seguridad Social y el seguro escolar.
Los recursos se dirigirán frente a los correspondientes reales decretos de traspaso de las competencias al País Vasco y las órdenes ministeriales que publicitan los convenios de transferencia. El traspaso tendrá eficacia a partir del 1 de enero de 2027.
La entidad considera que estas transferencias quiebran principios esenciales del sistema constitucional de Seguridad Social y generan un precedente institucional extremadamente grave.
Peligrosa territorialización del sistema de Seguridad Social
El artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes públicos deben mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Este mandato constitucional se ha construido históricamente sobre tres pilares básicos: la unidad del sistema, la solidaridad financiera de todos los ciudadanos y la igualdad en el acceso a las prestaciones.
A juicio de Impulso Ciudadano las transferencias aprobadas por el Gobierno ponen en riesgo este modelo constitucional, al introducir mecanismos que pueden conducir a una progresiva territorialización de prestaciones del sistema de Seguridad Social.
En particular, es especialmente preocupante que los convenios de transferencia vinculen el coste de determinadas prestaciones al mecanismo de cálculo del cupo del Concierto Económico, conectando así el sistema de Seguridad Social con el sistema de financiación territorial del País Vasco.
Si atendemos a los datos estadísticos oficiales de la Seguridad Social, relativos a las prestaciones no contributivas, la aplicación del cupo supondrá una sobrefinanciación en porcentajes que superarán en muchos casos el 200 % y que incluso llegarán al 1000% en las prestaciones de hijo a cargo mayores de 18 años con discapacidad del 75%.
Esa sobrefinanciación pasará a ser soportada por el Sistema de Seguridad Social, que sufrirá la detracción de unos recursos que, además, no tendrán ya por objeto financiar prestaciones del sistema.
Este diseño plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de unidad de caja y con la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social, prevista en la Constitución.
Un precedente que puede afectar al conjunto del sistema
Esta asociación considera que las normas aprobadas no constituyen una mera “reorganización administrativa”, sino que pueden suponer una alteración estructural del modelo de Seguridad Social diseñado por la Constitución de 1978.
La Seguridad Social se basa en un principio fundamental de solidaridad territorial e intergeneracional: todos los ciudadanos contribuyen al sostenimiento del sistema y todos tienen derecho a recibir protección en condiciones de igualdad, sin que sus recursos puedan destinarse a otros fines ni servir a otros objetivos.
La introducción de mecanismos que vinculan la gestión y financiación de determinadas prestaciones a un territorio concreto puede abrir la puerta a un proceso de fragmentación del sistema, incompatible con el carácter de unidad y unicidad que la Constitución quiso garantizar.
Por este motivo, Impulso Ciudadano considera que las transferencias aprobadas son de dudosa constitucionalidad e institucionalmente insolidarias.
Preocupación por la deriva de los pactos políticos
Impulso Ciudadano lamenta que la política de pactos entre el PSOE y el nacionalismo vasco esté impulsando decisiones que afectan a uno de los pilares fundamentales del Estado social.
La Seguridad Social constituye una de las instituciones que mejor reflejan la solidaridad entre los españoles y la cohesión del país. Alterar su arquitectura institucional y sus principios rectores por razones coyunturales de estabilidad parlamentaria supone, a juicio de esta asociación, un grave error político.
Colaboración de la Fundación Impulso y Cooperación
Los recursos contencioso-administrativos están siendo preparados por el equipo jurídico de Impulso Ciudadano con la colaboración de la Fundación Impulso y Cooperación que ya anunció en su acto de presentación en el Congreso de los Diputados que promovería la interposición de acciones judiciales si las normas de transferencia no respetaban el marco constitucional. Ambas entidades consideran que los traspasos de competencias vulneran los artículos 41 (régimen público de Seguridad Social), 149.1.1 (condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles) y 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) de la Constitución.
Para Impulso Ciudadano y la Fundación Impulso y Cooperación la defensa del sistema de Seguridad Social y de los principios de igualdad y solidaridad que lo sustentan es una cuestión de interés general que afecta al conjunto de los ciudadanos. Por ese motivo, confían en que el control judicial permita garantizar el respeto al modelo constitucional de Seguridad Social y preservar uno de los elementos esenciales del Estado social.
