Impulso Ciudadano avisa al Congreso de los Diputados de la opacidad e irregularidad en la concesión.
Impulso Ciudadano confía en que el Congreso de los Diputados rechace próximo 22 de enero, en el debate de su convalidación, la norma por la que el Gobierno transfiere al PNV la sede del Instituto Cervantes en París, que nunca ha sido de su propiedad. De no rechazarse, solicitará al Defensor del Pueblo y a la oposición parlamentaria que interpongan los oportunos recursos de inconstitucionalidad.
No resulta materialmente acreditado que el Partido Nacionalista Vasco fuera en ningún momento propietario del citado inmueble, adquirido en 1937 por el Gobierno Vasco en el exilio mediante una transferencia del PNV a un testaferro: el adquirente, y por lo tanto propietario, fue el Gobierno Vasco. De esta manera, la atribución de la propiedad al PNV y no al Gobierno Vasco vulnera la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 CE).
En 2003 el Tribunal Supremo (STS sala 3ª, de 17/10/23) había rechazado el recurso del PNV solicitando éste y otros inmuebles, atendiendo a los argumentos de la Abogacía del Estado que incluían la circunstancia de que no constaba que el PNV hubiese sido titular ni por sí mismo ni a través de testaferros. La Ley de Memoria Democrática de 2022 amplió las causas para instar la restitución de bienes incautados y el PNV volvió a solicitarla, de nuevo de manera infructuosa por no poderse resolver el expediente administrativo a su favor.
Ante esta situación, el Gobierno desoye el resultado negativo de su reciente instrucción e introduciéndolo como disposición adicional en un Real Decreto-ley destinado a regular materias económicas fuerza un acto arbitrario con la entrega de bienes públicos a su socio de investidura. En detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva (art.24 CE) se impide así a los ciudadanos el recurso ante los tribunales ordinarios de la cesión de la propiedad por acto administrativo ya que el Real Decreto-ley sólo podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por algunos poderes públicos.
Se vulnera el principio de igualdad (art. 14 CE) en relación con el pluralismo político (protegido por el art. 6 CE), al realizarse esta cuantiosa transferencia equivalente a varios millones de euros al Partido Nacionalista Vasco que obtiene una exclusiva ventaja en su financiación respecto a los demás partidos políticos.
Se ha solicitado al Ministerio de Hacienda que haga públicos los expedientes por los que el PNV solicitó y no pudo obtener la propiedad de estos inmuebles, así como la justificación del Gobierno para obviar estos trámites y concederle de manera directa unos bienes que no pertenecieron a ese partido, sino a una administración pública el Gobierno Vasco, que es quien en su caso podría reclamarlos.
En el plano simbólico, resulta especialmente lesivo que este cúmulo de graves irregularidades provoque que un edificio que alberga una misión tan importante para España como es la difusión de nuestro acervo cultural y lingüístico en un gran país vecino, se entregue precisamente a un partido de ideología independentista.
Barcelona, 15 de enero de 2025
Contacto: info@impulsociudadano.org
