En la Junta de Portavoces celebrada hoy en el Parlamento de Cataluña, el portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Domingo, se ha opuesto a la presentación de un incidente procesal por parte de este Parlamento ante el Tribunal Constitucional por el que se pretende que se declare este órgano incompetente para proseguir y dictar sentencia en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra el Estatuto de Autonomía Cataluña.
A juicio de José Domingo el incidente no se sostiene jurídicamente y son únicamente razones políticas las que han llevado a forzar su interposición. En este sentido, ha calificado como extemporánea su presentación habida cuenta de que la razón aducida para sustentar la presentación es que el mandato de algunos magistrados del Tribunal Constitucional “ha caducado”. Así, ha recordado que dichos magistrados se encuentran en prórroga de jurisdicción desde hace más de dos años y que durante este tiempo no se ha cuestionado nunca ni su competencia ni su imparcialidad.
José Domingo ha apelado a la lealtad institucional y ha recordado que es usual en la legislación orgánica y ordinaria que se prorroguen los mandatos de órganos constitucionales e institucionales relevantes hasta que no sean renovados. Sin ir más lejos, en el presente pleno se aprobará el Proyecto de ley de la Sindicatura de Cuentas en el que expresamente se mantiene en sus funciones a los síndicos cuyo mandato ha vencido hasta que no sean renovados por la cámara. Para José Domingo lo que se pretende, en realidad, es desacreditar al Tribunal Constitucional y evitar que dicte sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía Cataluña. Buena prueba de ello es que gran parte de las argumentaciones del incidente pivota sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional para resolver el Estatuto de Autonomía de Cataluña con razones extrajurídicas y juicios de valor y de intención infundados.
A su juicio, no hay ninguna posibilidad de que el incidente prospere puesto que el Tribunal Constitucional ya admitió su competencia en el momento en que admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía y tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña no cuestionaron entonces su legitimación para conocer estos recursos. Además, la situación de inseguridad jurídica que se originaría sería incalculable puesto que necesariamente afectaría a todos los procesos que se siguen en este órgano, esto es, recursos de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y recursos de amparo.