La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los tres recursos contencioso-administrativos interpuestos por la asociación Impulso Ciudadano contra las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de diversas prestaciones del sistema de Seguridad Social. Los Decretos y Órdenes Ministeriales de traspaso de competencias fueron publicadas en el BOE del 6 de marzo de 2026.
Las resoluciones judiciales, dictadas el pasado 4 de mayo de 2026, acuerdan la tramitación de los recursos interpuestos frente a:
Impugnación de gran alcance constitucional
Impulso Ciudadano considera que las normas recurridas suponen una alteración profunda del modelo constitucional de Seguridad Social, al atribuir a la Comunidad Autónoma del País Vasco facultades prácticamente omnímodas de gestión sobre prestaciones esenciales del sistema público.
A juicio de la asociación, las competencias residuales que conserva el Estado resultan insuficientes para garantizar la unidad del sistema y la igualdad de derechos y obligaciones de los beneficiarios, principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional.
Ruptura de la caja única y riesgo de desigualdad
Uno de los elementos más controvertidos de las transferencias es su régimen financiero, basado en la aplicación del sistema foral y del cupo.
La asociación valora negativamente que en las prestaciones familiares, el sistema introduce una sobrefinanciación vinculada al cálculo del cupo; en el ámbito del desempleo, aunque los pagos se canalizan formalmente a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, la falta de control efectivo sobre las decisiones autonómicas puede provocar un quebranto del principio de caja única; y en el Seguro Escolar, la transferencia altera el régimen de financiación y genera posibles desigualdades territoriales respecto a otros beneficiarios del sistema.
Riesgo para la cohesión del sistema
Las entidades firmantes de este comunicado consideran que estas transferencias no constituyen una mera reorganización administrativa, sino que suponen una cesión de funciones estructurales del sistema de Seguridad Social.
En su conjunto, las medidas adoptadas pueden abrir la puerta a un proceso de fragmentación progresiva del sistema, incompatible con los principios de unidad, solidaridad e igualdad que lo sustentan.
El Estado, con la cesión de estas competencias, está comprometiendo uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho.
Impulso Ciudadano y la Fundación Impulso y Cooperación expresan su preocupación por el contexto en el que se han aprobado estas medidas. La política de pactos entre el PSOE y el nacionalismo vasco está impulsando decisiones que afectan directamente al funcionamiento del sistema de Seguridad Social, con consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente administrativo.
Papel de la Fundación Impulso y Cooperación
La Fundación Impulso y Cooperación, presentada en el Congreso de los Diputados, ha mostrado desde su inicio su compromiso con la defensa de las instituciones, la buena gobernanza y la cohesión social.
En este marco, la Fundación ha expresado su voluntad de contribuir, en la medida de sus posibilidades, al éxito de los recursos interpuestos por Impulso Ciudadano, respaldando una actuación que considera de especial relevancia para la preservación del sistema constitucional de Seguridad Social.
Este compromiso se enmarca en los objetivos fundacionales de apoyo a iniciativas que refuercen el Estado de Derecho, la calidad institucional y la igualdad de los ciudadanos.
Impulso Ciudadano y la Fundación Impulso y Cooperación celebran la admisión de los recursos por el Tribunal Supremo, lo que permitirá un análisis en profundidad sobre la constitucionalidad de las normas y actos impugnados, así como de la legalidad en orden a su aprobación y eficacia.
Madrid, 13 de mayo de 2026
