El martes, 11 de junio, se publicaba la Ley de Amnistía en el Boletín Oficial del Estado.
El principal problema que plantea esta ley no es jurídico, sino político y moral: premia el delito, legitima la actuación de los poderes públicos al margen de la ley, discrimina en función de la ideología, desautoriza a los tribunales, traiciona a quienes defendieron el Estado de Derecho en 2017 y 2019 e instrumentaliza una institución, la amnistía, que es siempre dolorosa y ha de reservarse para aquellos momentos realmente dramáticos en que no hay otra forma de recomponer la convivencia; para dividir en vez de conciliar, para imponer en vez de convencer y para hacer pasar a los delincuentes por víctimas y a las víctimas por delincuentes; y todo ello en contra del interés general y para beneficio tan solo de quien pacta con los delincuentes su impunidad. Impunidad a cambio de siete votos. No hay más.
Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, también existe una dimensión jurídica. La amnistía choca con elementos estructurales de nuestra Constitución y también del Derecho Europeo.
El presidente de Impulso Ciudadano dirigió ayer una carta a la presidenta de la Comisión Europea transmitiéndole su preocupación por la publicación de una ley que vulnera el Derecho de la Unión Europea.
Esta vulneración se concreta en tres puntos:
Aparte de lo anterior, además, protege a quienes pudieran haber entrado en contactos con Rusia con el fin de desestabilizar a la UE a través del conflicto catalán.
Los tribunales españoles plantearán ante el Tribunal de Luxemburgo cuestiones prejudiciales en relación a los casos de los que conozcan y que puedan estar afectados por la ley de amnistía; pero esto no es suficiente. Es necesaria también la actuación de la institución de la Unión que vela por el cumplimiento del Derecho de la UE y el respeto a los valores que la identifican. Esta institución es la Comisión.
Tal como se indica en la carta dirigida a la presidenta de la Comisión, las instituciones de la Unión no pueden permanecer indiferentes ante la vulneración de los principios esenciales de la UE en un estado miembro. La quiebra del Estado de Derecho en cualquier punto de la Unión afecta al conjunto de ésta y puede acabar extendiéndose.
Además, la actuación de las instituciones europeas es aquí más necesaria que en cualquier otro lugar, precisamente porque quien protagoniza la vulneración al Derecho de la UE y a sus principios esenciales es un partido político, el partido socialista, que presume de europeísmo. Es preciso dejar claro que nada hay más contrario a la integración europea que la quiebra de aquellos valores que la identifican. La integración europea, al margen de los valores que nos identifican (democracia, pluralismo político, derechos fundamentales, Estado de Derecho) es una traición a la idea misma de Europa.
Aquí puede leerse el texto de la carta remitida en español y en inglés, y animamos a todas las personas y entidades a hacer llegar su voz a Europa.
