El diputado del grupo mixto José Domingo ha presentado hoy en el Parlament una batería de preguntas relativas a la carta enviada por el presidente catalán, José Montilla, a 201 entidades catalanas para recabar su apoyo ante un posible recorte del Estatut a manos del Tribunal Constitucional (TC). Domingo empieza su relación de 13 preguntas interesándose por si efectivamente la carta ha sido enviada, a qué entidades exactamente, qué dice la misiva y cuál es la finalidad que hay detrás. El diputado escindido de C's también pregunta al presidente de la Generalitat cuál es la respuesta política y cívica que anuncia en la carta. Asimismo, le interroga sobre si entre las respuestas previstas por el Govern está la de acatar íntegramente la sentencia del TC, si la carta remitida a las entidades catalanas puede interpretarse como una "presión" a los miembros del Alto Tribunal y si considera que la Constitución es "ajena a los intereses de Cataluña". A LA MESA DEL PARLAMENTO JOSÉ DOMINGO DOMINGO, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo previsto por los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PREGUNTA para que le sea contestada con respuesta ESCRITA. En relación al envío por parte del Presidente de la Generalitat de una carta a 201 instituciones y asociaciones políticas, académicas, empresariales, sindicales, deportivas, profesionales, culturales y eclesiásticas en agradecimiento por su apoyo al editorial conjunto de doce diarios catalanes en relación a la resolución del Tribunal Constitucional sobre el recurso de constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, Interesa saber a este diputado: ¿Se ha enviado, tal y como han informado los medios de comunicación, dicha carta? En caso de respuesta afirmativa ¿a qué entidades y asociaciones se ha enviado? ¿Cuál es el contenido integro de la carta enviada? ¿Cuál es la finalidad de dicha carta? ¿Significa la carta remitida por el Presidente de la Generalitat que el Gobierno de Cataluña ha asumido el editorial conjunto de doce diarios como documento de acción de gobierno? En caso de respuesta afirmativa, ¿considera el Gobierno la posibilidad de dar alguna materialización formal a su asunción de dicho documento como guía programática? ¿En qué considera el Presidente de la Generalitat que debería concretarse la “respuesta política y cívica, clara y unitaria” que solicita a las instituciones a las que se dirige como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a los
CONCENTRACIÓN “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse” Miércoles, 8 de septiembre, 19.00 h. Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca Barcelona La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha supuesto una desautorización en toda regla de la política lingüística llevada a cabo por los gobiernos de Cataluña. Sin embargo, parece que las autoridades no tienen ninguna voluntad de cambiarla y, por ello, ahora más que nunca, es necesario recordarles que tienen obligación de cumplir las sentencias, y que si las desobedecen legitiman a los ciudadanos para practicar la insumisión a sus políticas. Para advertir a los actuales Gobiernos y a los venideros que “LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE CUMPLIRSE” nos concentraremos en Barcelona ante la Secretaría de Política Lingüística el próximo miércoles, 8 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la confluencia de la Rambla Santa Mónica con el Pasaje de la Banca. ¡Te esperamos!
Pedimos su restablecimiento al Gobierno español, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo Impulso Ciudadano expresa su preocupación por la reciente decisión de un juzgado belga que ha denegado la ejecución de la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo español del Sr. Lluís Puig, exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, investigado por un delito de malversación de caudales públicos. (más…)
En el debate actual sobre la situación financiera de las comunidades autónomas se suele poner el acento sobre la dureza de los recortes a los que ha obligado la crisis y sobre el inminente peligro de desmantelamiento del Estado del Bienestar que conlleva la política de austeridad presupuestaria impuesta por el Gobierno central y por la Unión Europea. Lo que se suele olvidar es la temeraria explosión del gasto durante los años precedentes, en los que las comunidades autónomas aumentaron su gasto estructural muy por encima de sus ingresos recurrentes, lo que las dejó en una posición de enorme (y autoinfligida) fragilidad financiera tras la explosión de la burbuja fiscal de los años del boom. Cuando se toma la última década en su conjunto, el proceso de consolidación presupuestaria que comienza en 2010 aparece como una corrección parcial y tardía de los excesos de años anteriores. Los números, como casi siempre, ayudan a poner las cosas en su justa perspectiva. Es cierto que el recorte de los últimos años ha sido importante. Entre 2009 y 2012, el gasto no financiero del conjunto de las comunidades autónomas se redujo del 16,10% al 13,68% del PIB nacional, con una caída del 15,1%. En términos de gasto por habitante a precios constantes de 2008, el recorte registrado durante el mismo período ha sido de un 17,12% si se trabaja con el gasto no financiero total y de un 19,50% si se excluye la partida de intereses de la deuda (que, misterios de la contabilidad presupuestaria, se incluye en el agregado de gasto no financiero). Pero conviene recordar también que el gasto había aumentado a un ritmo insostenible durante los años anteriores. Entre 2003 (cuando ya se había completado el traspaso de la sanidad) y 2009, el gasto autonómico medido como fracción del PIB se incrementó en un 30,1% (pasando del 12,38% al 16,10% de la renta nacional) y creció entre un 33% y un 34% en términos de gasto por habitante a precios de 2008, dependiendo de si excluimos o no los intereses. En conjunto, el gasto real autonómico seguía estando en 2012 apreciablemente por encima del nivel observado en 2003: un 10,5% en términos de su participación en el PIB y un 7,6% en términos de gasto por habitante neto de intereses a precios de 2008. Este incremento del gasto es, además, el responsable casi exclusivo de los actuales desequilibrios presupuestarios de
