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Domingo ha denunciado que la ACC hizo público un acuerdo con la Plataforma per la Llengua y la empresa Bon Preu que, después en respuesta escrita a preguntas presentadas por el diputado, la propia Agencia negó que existiera, lo que, en sí mismo, constituye un ejemplo de malas prácticas administrativas. En la Comisión, José Domingo ha solicitado la retirada de la guía Código de buenas prácticas en la empresa en relación al uso del catalán ya que supone una intromisión en el ámbito de las empresas privadas y de sus estrategias comerciales. Para Domingo, la guía parte de falsas premisas, acusando a las empresas de “ignorar el catalán y de tratarlo en función de prejuicios personales fuera del ámbito económico y de actuación normal empresarial –página 14-”. Igualmente, el diputado del Grupo Mixto ha denunciado que la edición de la guía ha costado 13.200€ a la Agencia Catalana de Consumo y que lo propuesto en ella excede la propia legislación vigente en materia lingüística, al inducir a la exclusión del castellano de las relaciones entre las empresas y los consumidores. Finalmente, el diputado denunció que la aplicación de esta guía es una invitación al despido de todas las personas que no tengan conocimiento suficiente del catalán para contestar a los clientes en esta lengua. También ha lamentado que el actual responsable de la ACC, Jordi Anguera, separado del cargo de asesor de la Secretaría de Juventud por coaccionar a funcionarios que no satisfacían la carta financiera de ERC, sea el encargado de proteger a los consumidores en Cataluña. En este sentido ha advertido sobre el incremento de sanciones a los comercios catalanes por el uso de la lengua desde que él está al frente.
· Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. La asociación Impulso Ciudadano ha celebrado esta tarde su segunda asamblea general en la que ha aprobado el documento de posicionamiento sobre las elecciones autonómicas con el título “POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN”. El citado documento establece las líneas maestras que, de acuerdo con la asociación no nacionalista, deben regir la acción política de aquellas fuerzas que se comprometan con la defensa de la libertad individual, la pluralidad y la legalidad constitucional en Cataluña. Para Impulso estás líneas serían el restablecimiento de la preeminencia de la Constitución en Cataluña, el desmantelamiento de la costosa e improductiva estructura pseudoestatal de la Generalitat y la reivindicación de un proyecto nacional común con los ciudadanos de todas las partes de España y en pie de igualdad con los demás españoles, a través de unas instituciones autonómicas que no sirvan de dique sino de cauce. Durante el acto, que ha contado con la asistencia de Jordi Cornet y Mª de los Llanos de Luna en representación del Partido Popular de Cataluña, Julio Villacorta y Pilar Barriendos de UPyD Cataluña y Sandalio del Río en mombre de CDS Cataluña, José Domingo, Presidente de la asociación, ha anunciado la presentación a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana de una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. Asimismo, Domingo ha defendido la necesidad de potenciar el respeto a la Constitución entre los ciudadanos y con tal motivo ha anunciado la celebración de un acto unitario el día 6 de diciembre. En el curso del acto público “Un año de Impulso” el vicepresidente de la asociación, Carlos Silva, ha detallado todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante su año de vida, destacando el hecho de que gracias a la iniciativa de Impulso Ciudadano la Defensora del Pueblo ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de Inmigrantes y el Código de Consumo de Cataluña.
