· Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. La asociación Impulso Ciudadano ha celebrado esta tarde su segunda asamblea general en la que ha aprobado el documento de posicionamiento sobre las elecciones autonómicas con el título “POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN”. El citado documento establece las líneas maestras que, de acuerdo con la asociación no nacionalista, deben regir la acción política de aquellas fuerzas que se comprometan con la defensa de la libertad individual, la pluralidad y la legalidad constitucional en Cataluña. Para Impulso estás líneas serían el restablecimiento de la preeminencia de la Constitución en Cataluña, el desmantelamiento de la costosa e improductiva estructura pseudoestatal de la Generalitat y la reivindicación de un proyecto nacional común con los ciudadanos de todas las partes de España y en pie de igualdad con los demás españoles, a través de unas instituciones autonómicas que no sirvan de dique sino de cauce. Durante el acto, que ha contado con la asistencia de Jordi Cornet y Mª de los Llanos de Luna en representación del Partido Popular de Cataluña, Julio Villacorta y Pilar Barriendos de UPyD Cataluña y Sandalio del Río en mombre de CDS Cataluña, José Domingo, Presidente de la asociación, ha anunciado la presentación a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana de una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. Asimismo, Domingo ha defendido la necesidad de potenciar el respeto a la Constitución entre los ciudadanos y con tal motivo ha anunciado la celebración de un acto unitario el día 6 de diciembre. En el curso del acto público “Un año de Impulso” el vicepresidente de la asociación, Carlos Silva, ha detallado todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante su año de vida, destacando el hecho de que gracias a la iniciativa de Impulso Ciudadano la Defensora del Pueblo ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de Inmigrantes y el Código de Consumo de Cataluña.
Miembros de la junta directiva de la asociación destacan y comentan algunos artículos de nuestra Carta Magna para celebrar el día en el que una abrumadora mayoría de españoles ratificamos en referéndum nuestro gran pacto de convivencia. (más…)
José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells el número de actas de inspección levantadas y sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo a comercios y empresas durante el año 2009 por no tener la rotulación en catalán. El diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo un trozo de papel escrito a mano para cambiar la palabra “peluquería” por “perruqueria”. Domingo ha denunciado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes para demostrar que un empresario denunciado tenga en el escaparate algunos carteles en castellano y que por esta razón se le imponga una multa de 1000 €. Domingo califico la política de sanciones lingüísticas como un “despropósito” y un “disparate” y solicito al Conseller que derogue la legislación vigente porque “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”. José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de Cataluña, acerca del número de actas de inspección que han sido levantadas por la Agencia Catalana de Consumo y el número de sanciones que han sido impuestas por incumplimiento de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero de política lingüística, durante el año 2009, y cuál ha sido el importe de dichas sanciones que establecen la obligatoriedad de rotulación en catalán. En sus respuestas, el Conseller Castells ha reafirmado que los derechos lingüísticos son un derecho más de los consumidores y reconocido que en el año pasado se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas, lo que supone un 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado por un total de 148.100 €, cerca “de los 125 millones de las antiguas pesetas”. Por la información proporcionada se deduce que ha habido alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras por motivos lingüísticos y que más de 2.800 comerciantes han decidido cambiar la rotulación para no ser sancionados. En su réplica, el diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto reciente de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo del establecimiento
