La plataforma Escuela de Todos/Escola de Tothom pide al Gobierno catalán que dicte inmediatamente las instrucciones para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en la escuela catalana y advierte que si no lo hace se personará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para solicitar la ejecución de la sentencia.
En el día de hoy ha sido comunicada formalmente a la Generalitat la firmeza de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que establece la obligación de que al menos un 25% de la docencia se imparta en castellano y en catalán a todos los alumnos del sistema educativo de Cataluña.
La Administración educativa catalana viene obligada a su cumplimiento desde hoy mismo. Corresponde ahora a la Generalitat, tal como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, indicar el órgano responsable del cumplimiento de esta y llevarla a efecto.
Un mínimo respeto a los principios del Estado de Derecho conduciría a la Generalitat a acatar sin más dilación la mencionada sentencia y no profundizar en el clima de crispación y enfrentamiento que intenta generar entre los catalanes al rechazar una obligación tan básica para los poderes públicos como es la de ajustar su comportamiento a la ley y a las decisiones de los tribunales.
Incomprensiblemente la Generalitat está apelando a la cohesión social para justificar la desobediencia a las resoluciones judiciales. Por ello, y para evitar conflictos innecesarios nos vemos en la obligación de indicar que:
1.- La Generalitat debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la sociedad en general de las instrucciones que va a dar para hacer eficaz el modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán.
2.- No existe razón alguna que pueda justificar el incumplimiento de la sentencia por lo que invitamos a la Generalitat de Cataluña a que asuma la nueva realidad jurídica y cambie el sistema educativo catalán para adaptarlo a la Constitución y al ordenamiento jurídico.
3.- En caso de que la Generalitat no dé cumplimiento voluntario a la sentencia utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para hacerlo posible, lo que incluye la presentación de un incidente de ejecución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el incidente pediremos al Tribunal que determine el órgano u órganos que han de responsabilizarse de realizar las actuaciones que hagan posible aplicar el modelo de conjunción lingüística en el sistema educativo catalán; que fije el plazo en que se debe adaptar el sistema educativo al nuevo modelo; y la concreción de los medios para llevarlo a efecto.
4.- En cuanto a los medios, ya adelantamos que se deben dictar por el Departamento de Educación instrucciones dirigidas a todos los centros educativos catalanes para que modifiquen los proyectos lingüísticos que no respeten al menos un 25% de materias troncales o similares en castellano y en catalán. A su vez, la Inspección de Educación debe garantizar el cumplimiento de estas instrucciones. Por ello, llamamos la atención sobre la gravedad que ahora tendría cualquier instrucción o actuación dirigida a impedir la eficacia de la sentencia ya firme. Tanto la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como el Código Penal ofrecen herramientas para impedir y sancionar cualquier medida dirigida a entorpecer la plena eficacia de las decisiones judiciales firmes. Actuaremos contra ellas.
5.- El Gobierno de España tiene obligación de garantizar la enseñanza en castellano en todo el sistema educativo español y eso incluye también a Cataluña, por lo que debe velar desde la posición privilegiada y relevante que tiene en el procedimiento judicial para que la Generalitat ejecute la sentencia que reconoce un mínimo de 25% de clases en castellano a fin de garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalanes.
6.- La sentencia que ha de ser ejecutada indica que el cumplimiento debe ser inmediato; por lo tanto, no necesariamente debe esperarse el plazo de dos meses previsto en el art. 104.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para cumplir voluntariamente la sentencia.
7.- La sociedad española y la catalana en particular están reaccionando con responsabilidad y mostrando de manera clara su voluntad de no dejar pasar esta ocasión para poner fin a la apropiación nacionalista de las aulas; pero es preciso que todos los actores políticos se comprometan en asumir el cambio inexorable que se va a producir en el modelo lingüístico en las aulas catalanas.
8.- No debemos desaprovechar la oportunidad de hacer posible un nuevo modelo educativo garante con todos los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes que permita asegurar sin discriminaciones una enseñanza de calidad y que garantice el conocimiento de los idiomas oficiales de Cataluña.
9.- Desde Escuela de Todos agradecemos a todas aquellas personas que nos están dando el apoyo durante estos días y a todas las familias y alumnos catalanes que nos están otorgando su confianza para que defendamos sus intereses ante los órganos judiciales en el supuesto de que la estulticia de las autoridades políticas lo haga necesario.
10.- Abogamos, una vez más, por la defensa de un modelo de convivencia en la escuela catalana respetuoso con los derechos lingüísticos y acorde con los valores democráticos que defendemos.
Escuela de Todos está formada por 14 asociaciones, unidas para conseguir la aplicación de la sentencia del TSJC: Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB),Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas Paralelas, AMES, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el bilingüismo, Plataforma Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme, Asociacion de Jóvenes estudiantes Con la libertad
Barcelona, a 21 de enero de 2021
