Impulso Ciudadano denuncia que la proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que han presentado los grupos socialista y de Unidas Podemos en el Congreso equivale a la exculpación de quienes intentaron derogar la Constitución en Cataluña en 2017 y fueron responsables de la más grave crisis constitucional de nuestra democracia.
El texto que se ha presentado no implica una rebaja de las penas por sedición, sino la derogación de los artículos que se han aplicado en relación a los responsables de los hechos de hace cinco años. La aprobación de la reforma supondrá que deberán revisarse las condenas ya dictadas para eliminar lo relativo a la sedición y que aquellos que todavía no han rendido cuentas a la justicia solamente podrán ser perseguidos por el delito de desobediencia o malversación de caudales públicos. El intento de dejar sin aplicación el ordenamiento constitucional en Cataluña quedará sin castigo.
Tras los indultos concedidos de manera injustificada por el gobierno, esta reforma supone una nueva concesión al nacionalismo que nos avisa de las que pueden seguir: amnistía y referéndum. La línea seguida por Pedro Sánchez desde que llegó a la presidencia del gobierno no nos permite prever otra cosa.
No cabe duda de que ésta es una reforma que se hace con el fin de contentar a quienes delinquieron hace cinco años, privando de reproche penal unos hechos que dividieron a nuestra sociedad, provocaron graves enfrentamientos, crearon una gran inseguridad jurídica y dañaron de manera grave el prestigio y la imagen de España.
El mensaje que trasladan los partidos de gobierno con esta reforma es de apoyo a quienes desafiaron al orden constitucional y, por tanto, inevitablemente, cuestiona a quienes frontalmente se opusieron entonces a la secesión. Es un mensaje de simpatía con el nacionalismo y de rechazo a quienes lo denuncian y advierten de los riesgos que plantea para nuestra convivencia.
El tratamiento penal de los hechos de 2017 no está exento de dificultades. El que las autoridades públicas desobedezcan abiertamente al Tribunal Constitucional, rechacen la aplicación de las leyes, promuevan un cambio legislativo al margen de lo que prevé la Constitución y busquen apoyos internacionales para separar de España una parte del territorio nacional no tiene un encaje sencillo en el Código Penal y, seguramente, sería conveniente una reforma del mismo para proteger en mayor medida el ordenamiento constitucional y los derechos que garantiza. Si la regulación actual plantea deficiencias es, precisamente, por su falta de aplicación práctica. Los hechos que, desgraciadamente, tuvimos que afrontar en 2017 deberían servirnos para aquilatar una regulación que ha de tener como objetivo evitar que quienes ejercen el poder público puedan utilizar éste para romper nuestro marco constitucional.
La reforma que se plantea, sin embargo, va justo en la dirección contraria. Pese a que los hechos de 2017 muestran la necesidad de que haya tipificaciones y penas que desalienten suficientemente la perpetración de actuaciones que tienen como fin quebrar el orden constitucional, esta reforma elimina los tipos que pudieron utilizarse en su día para sancionar a quienes abiertamente pretendieron romper la unidad de España.
La reforma, además, no solamente implica dar la razón a los nacionalistas, sin que estos hayan renunciado a las vías unilaterales y, además, cuando mantienen una actitud de permanente desobediencia a las leyes y decisiones judiciales, como se ha constatado en el último año; sino que, además, priva al Estado de Derecho de herramientas con las que hacer frente a nuevos hechos como los de 2017.
Es por eso que Impulso Ciudadano
DENUNCIA el sometimiento del gobierno de España, de los partidos socialista y de Unidas Podemos a los planes nacionalistas, a los que no dejan de hacérseles concesiones mientras ellos siguen amenazando con la ruptura de la legalidad y mantienen una constante actitud de desobediencia y vulneración de derechos.
PIDE que se retire la propuesta de reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición.
PIDE que se muestre un rechazo generalizado a las continuas cesiones del gobierno a los nacionalistas.
PIDE que se aborde una reforma del Código Penal que proteja suficientemente el orden constitucional de los ataques que recibe de aquellas autoridades que tienen como objetivo la destrucción de ese orden constitucional; y que esa reforma se haga en el marco de un análisis completo y riguroso de los hechos de 2017, sus causas y consecuencias con el objetivo de reforzar nuestros Estado de Derecho y los principios constitucionales.
Barcelona, 11 de noviembre de 2022
