En relación a la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona que ha confirmado la multa impuesta a Manuel Nevot y desestimado su recurso contra la misma:

1. Impulso Ciudadano lamenta que la juez de dicho juzgado de Barcelona haya decidido no presentar la cuestión de inconstitucionalidad a la ley de política lingüística que reclamaba el empresario multado y no comparte el criterio del magistrado según el cual la no utilización del catalán supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores.
2. Impulso Ciudadano considera que la vigente normativa lingüística en materia de consumo sigue siendo claramente inconstitucional, ya que hace referencia a unos supuestos derechos lingüísticos de los consumidores que no encuentran amparo ni en el texto constitucional, ni en la Declaración universal de derechos humanos, ni en los tratados o acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España. En todo caso, y de existir estos derechos lingüísticos de los consumidores, la ley no podría velar por su cumplimiento sólo, o al menos, en relación a los consumidores de habla catalana, sino que debería garantizar su cumplimiento también para los consumidores castellano parlantes.
3. Impulso Ciudadano considera que, en el ámbito español y europeo, el consumo no se encuentra compartimentado territorialmente, no existen fronteras de consumo, ni se identifica éste por regiones. En materia lingüística, España y las Comunidades Autónomas que la integran deben seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia y aplicar el criterio de obligatoriedad de utilización de una lengua comprensible, que en el caso de España es el castellano, única lengua comprensible para todos los consumidores españoles.
4. Impulso Ciudadano hace público su apoyo al Sr. Nevot, le solicita que eleve recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, esperando que, ya sea el propio Tribunal Constitucional o, finalmente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se resuelva en contra de una legislación abusiva y limitadora de la libertad de las personas físicas y jurídicas y de la libertad de expresión.

Por todos los motivos anteriores, Impulso Ciudadano exige la derogación inmediata de la legislación vigente en materia de derechos lingüísticos de los consumidores en Cataluña.

Barcelona, 2 de Marzo de 2010

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