Reproducimos el texto de José Domingo en el que reivindica “un gran pacto nacional que favorezca la regulación de nuestra diversidad lingüística conforme a los valores constitucionales”:
Para pacificar el debate lingüístico, es imprescindible que el carácter de lengua oficial y común del castellano se materialice en su reconocimiento como lengua vehicular de enseñanza en todo el sistema educativo.
El español es la lengua común de los españoles y de la mayoría de los extranjeros que residen en nuestro país. Atendiendo a la realidad social, su relevancia e influencia, el castellano es la lengua principal de España y, como tal, es la lengua oficial en todo el territorio nacional, compartiendo esa condición con el catalán, el aranés, el valenciano, el gallego y el euskera en algunas comunidades autónomas.
España protege constitucionalmente su diversidad lingüística y todas las comunidades autónomas con cooficialidad disponen de leyes de normalización o de política lingüística que regulan de forma exhaustiva las reglas de uso de las lenguas oficiales en el ámbito público y privado. En cambio, no existe una ley estatal que regule de forma completa la oficialidad del castellano y de las otras lenguas españolas.
Por desgracia, la apelación a la diversidad lingüística ha sido utilizada fraudulentamente por algunas administraciones para implantar medidas discriminatorias que han sido fuente de frecuentes conflictos. Veamos algunos ejemplos.
El decreto catalán 21/2023, de 7 de febrero, ordena las enseñanzas de la educación infantil. El objetivo lingüístico de esta etapa es «desarrollar la competencia comunicativa y lingüística de los niños desde una perspectiva plurilingüe e intercultural, reconociendo y favoreciendo el conocimiento de sus lenguas familiares y sus culturas». Hasta ahí perfecto. Para lograr ese objetivo cada centro educativo tiene autonomía, pero existen unas pautas de obligado cumplimiento para la redacción de los proyectos lingüísticos. Deben tener en cuenta la realidad sociolingüística de los niños y del entorno (¡estupendo!), pero el contexto multilingüe y multicultural actual de Cataluña, según el decreto, hace necesario que la lengua catalana «sea la lengua de encuentro de la población escolar con el fin de construir a su alrededor la cohesión necesaria para el desarrollo de una comunidad integrada y solidaria». Sí, han leído bien. En un entorno con mayoría castellanohablante (la realidad social), la educación infantil en Cataluña tiene el catalán como única lengua vehicular de aprendizaje. Diversidad sí, pero en catalán.
«Barcelona, ciudad diversa» es uno de los lemas más utilizados por su Ayuntamiento. Según la corporación, «Barcelona es una ciudad plural donde conviven personas de orígenes, culturas y creencias religiosas diversos. La promoción de este modelo de ciudad diversa, intercultural y poliédrica es un objetivo de las políticas públicas, desarrollado en estrategias como el impulso de la interculturalidad». Suena bien, pero no es creíble. Los barceloneses son mayoritariamente castellanohablantes. Según datos de 2018, el 56% son de lengua materna castellana, el 26,5% tienen como lengua inicial el catalán, el 3,3% se consideran bilingües y el 12,5% son de lengua extranjera. En esta ciudad, «tan diversa», se aprobó en el año 2009 un reglamento de uso del catalán que declaraba esta lengua como preferente de la ciudad. La señalización viaria, los usos administrativos y las relaciones con los ciudadanos se hacen casi únicamente en catalán. Para que no se olvide, multan a las empresas por poner letreros sólo en castellano y subvencionan a las que rotulan en catalán. En 2022, el Ayuntamiento aprobó un plan con nuevas medidas para incrementar el uso del catalán porque los barceloneses, especialmente los jóvenes, hablan en castellano más de la cuenta.
En marzo de 2019, la Generalitat Valenciana aprobó el cambio de denominación bilingüe del municipio de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, vigente desde el año 1983, por la forma exclusiva en valenciano Castelló de la Plana. La Acadèmia Valenciana de la Llengua avaló el cambio del topónimo porque había que respetar y proteger la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España. Al parecer, la toponimia bilingüe va contra la diversidad.
Estas prácticas son la antítesis de los recientes acuerdos de gobierno firmados entre el Partido Popular y Vox en Baleares y en la Comunidad Valenciana. También la diversidad está presente en los pactos, pero vinculada al concepto de libertad. Los firmantes dicen defender la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y su pluralidad y diversidad cultural. Para ello se comprometen a garantizar la enseñanza en las dos lenguas oficiales; a respetar la opción lingüística de los padres, sobre todo en la primera enseñanza; a proteger el derecho de los administrados a ser atendidos en la lengua de su elección; a defender el bilingüismo institucional; a suprimir las imposiciones lingüísticas; y a acabar con la penalización en el acceso a la función pública de las personas que desconozcan el catalán.
El pacto aboga por un régimen liberal que respete los derechos lingüísticos de las personas y pretende poner fin a las exageradas medidas proteccionistas que han nutrido de prebendas a muchas entidades y personalidades que respaldan el monolingüismo institucional de lo que denominan la lengua minorizada. El nuevo modelo cambiará radicalmente las reglas de la política lingüística que los gobiernos nacionalistas y «de progreso» han venido aplicando en estas comunidades autónomas. Como la imposición y la intervención rigurosa a favor de la lengua única están en riesgo, se han disparado las luces de alarma entre los separatistas. ERC y Junts per Catalunya han aprobado una resolución en el Parlamento de Cataluña para erradicar el peligro que en los Países Catalanes sufren la lengua catalana y su enseñanza, y para auxiliar (entiéndase pasta) a las entidades que defienden el catalán. En la misma línea alarmista, un editorial de La Vanguardia ha considerado que estos pactos politizan la lengua y El País en su portada decía que cuestionan el bilingüismo (sic). Por su parte, las entidades nacionalistas directamente afectadas han calificado de casus belli las nuevas políticas y han pregonado movilizaciones nunca vistas para defender su monopolio lingüístico.
El debate sobre la diversidad lingüística de España va a convertirse en uno de los ejes de la política nacional en los próximos meses. Es una buena ocasión para consensuar un marco normativo garantista que asegure los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Sin trampas. Por si sirve de guía, la coordinadora de entidades Escuela de Todos aprobó unos principios para el ámbito educativo que merecen ser tenidos en cuenta. Para pacificar el debate lingüístico, es imprescindible que el carácter de lengua oficial y común del castellano se materialice en su reconocimiento efectivo como lengua vehicular de enseñanza en todo el sistema educativo español, y que los submodelos autonómicos aseguren el derecho a la educación en la lengua materna, cuando sea oficial, especialmente durante la primera enseñanza y para aquellos alumnos con necesidades especiales. Según la entidad, el principio de igualdad hace conveniente el establecimiento de pruebas de evaluación comunes en toda España para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y la implantación de las mismas pruebas de acceso a la universidad.
Las administraciones deben trabajar por la no discriminación por razón de lengua y acabar con la supresión de las barreras lingüísticas interiores. Carece de sentido que ahora que la inteligencia artificial permite la traducción automática de unos idiomas a otros, muchos españoles vean limitado su acceso a la función pública por la exigencia de requisitos desproporcionados de conocimiento de las lenguas regionales. Las mañas colusorias y proteccionistas falsean la competencia y sólo favorecen los intereses clientelares y políticos de determinadas élites nacionalistas.
Ha llegado la hora de impedir el fraude identitario, olvidarse de los tacticismos partidistas y poner las condiciones para lograr un gran pacto nacional que favorezca la regulación de nuestra diversidad lingüística conforme a los valores constitucionales. La convivencia con libertad atenúa el conflicto.
