El tripartito sigue inflexible en su afán por hacer cumplir a rajatabla la disposición adicional quinta de la Ley de Política Lingüística por la que se rigen las sanciones a los comerciantes que rotulan sus carteles sólo en castellano. Este hecho ha motivado que el Grupo Mixto eleve una propuesta de resolución en el Parlament por la que insta al Govern a “hacer prevalecer el principio de libertad de uso de lenguas oficiales en la regulación de la actividad socioeconómica” y asimismo a “suprimir” la mencionada disposición adicional quinta de la normativa vigente desde 1998.
El portavoz adjunto del Grupo Mixto, José Domingo, advierte que le parece “absurdo que en momentos en que las empresas están siendo castigadas por la crisis, deban preocuparse y asumir los costes de multas por no rotular en una de las dos lenguas oficiales en Cataluña”. Según Domingo, desde la llegada del miembro de Esquerra Independentista, Jordi Anguera, a la dirección de la Agència Catalana del Consum, las advertencias de posibles sanciones y el número de multas ha ido in crescendo en los últimos años. “Es un auténtico talibán”, dice Domingo de Anguera, a quien culpa del “progresivo endurecimiento de la ley”.
En dos meses está previsto que los partidos debatan sobre la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística que propone el Grupo Mixto. Será la primera vez que se discutan cambios en esa normativa, cuando en cambio sí se ha tratado ya sobre la conveniencia o no de multar al comercio por razones lingüísticas que vulneran la igualdad de derechos y de la libertad que promulga el Estatut.