La petición está abierta a los ciudadanos que se quieran sumar
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La ley de amnistía intenta impedir la persecución penal y administrativa de quienes trataron de derogar la Constitución y el Estatuto de Autonomía en Cataluña y quisieron convertir a muchos españoles en extranjeros en nuestro propio país.
Esta ley de amnistía es, en realidad, una ley de impunidad que ampara la malversación, el terrorismo, la vulneración de derechos y la traición.
Es una ley de impunidad sin base constitucional, sin consenso y con la mayoría de la sociedad en contra. Esta ley de amnistía divide a las Cortes Generales, enfrentando al Congreso de los diputados con el Senado. La mayoría de los que apoyan la ley son diputados socialistas que se han unido a los nacionalistas catalanes y vascos para deslegitimar a quienes defendieron la Constitución en Cataluña. En cambio, la mayoría de los senadores son contrarios a un texto que consagra la desigualdad entre los ciudadanos.
Esta Ley no responde al interés general. Se aprobará por el interés particular de las formaciones políticas que conforman el gobierno actual y de aquellos que quieren seguir aferrados al poder. Rompe la igualdad entre los españoles.
Es falso que la ley de amnistía pretenda la reconciliación. Las víctimas de los hechos de 2014, 2017 y 2019 no han sido escuchadas y los responsables de aquellos actos no han mostrado el más mínimo arrepentimiento ni solidaridad con los damnificados. Al revés, se ratifican en su comportamiento y proclaman su voluntad de volver a intentar romper el orden constitucional. Además, pretenden pedir cuentas a quienes se les opusieron entonces o han perseguido los delitos cometidos.
La ley de amnistía servirá como instrumento para que los nacionalistas humillen a los catalanes que no lo son; una humillación que se extiende a otras partes de España y que comienzan a sentir el conjunto de los españoles, conocedores de que el gobierno actúa al dictado de quienes quieren -y no se esconden- destruir nuestro país.
La ley es una autoamnistía que los delincuentes o los encausados por el procés se conceden a sí mismos. Las autoamnistías son contrarias a los principios democráticos básicos.
Esta amnistía es corrupción. A cambio de la impunidad de los delincuentes, los nacionalistas dan su apoyo a la investidura del presidente del gobierno. Todos los actos en los que se traiciona el interés general para obtener beneficios particulares son casos de corrupción.
Nos jugamos nuestro futuro y nuestra dignidad. Cuando entre en vigor la ley se dará cobertura a la malversación, a la traición, al terrorismo y a los delitos que puedan ser considerados como torturas o tratos inhumanos o degradantes cuando no sean suficientes para quebrar la resistencia moral y física de la víctima. Es una infamia para la ciudadanía la publicación de esta aberración.
La magnitud de la vulneración de los derechos fundamentales hace necesaria la utilización de todos los instrumentos para intentar evitar que la ley de la impunidad despliegue sus efectos. Por eso, Impulso Ciudadano pedirá al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía.
Además, desarrollaremos todas las iniciativas que estén en nuestra mano para denunciar ante las instancias nacionales e internacionales el gravísimo ataque al Estado de Derecho y a las libertades de todos que supone esta ley.
Es un momento decisivo. En las democracias los ciudadanos deben poder confiar en los gobernantes; pero cuando estos traicionan lo que prometieron en campaña, mienten, actúan por interés propio y en contra del interés general, la participación directa de cada uno de nosotros es imprescindible.
Entre todos conseguiremos revertir esta peligrosa deriva. No será fácil, pero al final lograremos que las continuas cesiones a los nacionalistas, la vulneración de nuestros derechos y el sometimiento del estado y de sus ciudadanos a los caprichos de quienes quieren dividirnos sean historia.
