Las declaraciones del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que critica el inicio de actuaciones judiciales contra los que participaron en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña, son de una enorme gravedad. Da a entender que la persecución penal es una decisión política y en un Estado de Derecho es inadmisible defender la aplicación selectiva del Código Penal en función de la adscripción ideológica u orientación política del delincuente o de los infractores.
La segunda autoridad de la Nación no debe emborronar actuaciones judiciales que concluyeron con la condena de los investigados por la comisión de delitos tan graves como sedición, malversación y desobediencia, ni cuestionar la persecución de los que están pendientes de ser juzgados por los asuntos relacionados con el “procés”.
El Presidente del Gobierno sabe que a esas personas se les enjuicia por la vulneración de derechos individuales; por la utilización ilegal de los datos personales de los ciudadanos; por las lesiones o daños producidas por actos violentos dirigidos contra la policía o contra los disidentes del nacionalismo; y por poner en peligro los valores democráticos de la Constitución.
Sus manifestaciones son desleales: cuestionan las actuaciones del Ministerio Fiscal; devalúan las reclamaciones de los ciudadanos directamente perjudicados; debilitan la labor de los policías que tienen obligación legal de perseguir los delitos; desarman el trabajo de los tribunales que deben juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Son un ataque a la separación de poderes y a la Constitución.
No podemos desconocer el contexto. Las palabras de Pedro Sánchez confirman que su alianza con los nacionalistas, los separatistas y la izquierda extrema no es coyuntural, sino que se fundamenta en planteamientos antiliberales, populistas y anticonstitucionales. Ahora más que nunca los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestro deber de defender los valores democráticos y hacerlo con responsabilidad. Este no es un debate entre progresistas y conservadores, sino entre quienes creen en los principios democráticos y quienes los rechazan. Apelamos especialmente a los que militan o simpatizan con el Partido Socialista para que sean conscientes de que nuestra democracia está en peligro porque el presidente del gobierno en funciones ha unido su destino político a los nacionalistas.
Ese proyecto político es ilegítimo, no estaba en el programa electoral del PSOE, es un proyecto de ruptura, de traición a la Nación. Dada la imposibilidad de acuerdos estructurales entre los grandes partidos nacionales, lo procedente son elecciones generales. Los españoles deben decidir sobre su futuro.
Ante la gravedad de la situación, Impulso Ciudadano alerta de la transcendencia anticonstitucional de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez y sus aliados con las formaciones separatistas. Para combatirlos denunciará ante las instancias nacionales e internacionales esta deriva antidemocrática y participará en las movilizaciones convocadas o que se convoquen para defender la España constitucional con el lema “NO TODO VALE”. Porque no todo vale para gobernar.
En Barcelona, a 21 de septiembre de 2023
