La sentencia 31/2010, de 28 de julio, del Tribunal Constitucional, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuestiona, interpreta y anula una serie de preceptos que durante los últimos treinta años han vertebrado las políticas lingüísticas de los sucesivos gobiernos autonómicos catalanes desde el restablecimiento de la democracia. Conceptos recurrentes en la legislación catalana como el de “lengua propia”, “lengua normal y preferente”, “lengua vehicular” o “disponibilidad lingüística” han de ser leídos a partir de ahora a la luz de una sentencia que deja sin efecto aspectos nucleares de las políticas que han venido ejerciendo en esta materia, con diferencias sólo de matiz, los distintos Gobiernos de la Generalitat.
No obstante, la reacción de los partidos que conforman el actual Gobierno y del principal partido de la oposición ha sido taxativa y unánime y no nos permite ser optimistas. Miembros del Gobierno de la Generalitat han manifestado públicamente que no se modificará ningún aspecto de la ley de política lingüística, ni de la nueva Ley de educación de Cataluña, ni de las recientemente aprobadas leyes de acogida de inmigrantes y del Código de consumo de Cataluña. No se rectificará nada y se desobedecerá de manera abierta y desinhibida la doctrina del Tribunal Constitucional, abriendo un periodo de conflicto e inseguridad jurídica que ha de envenenar el debate político y vulnerar los derechos de los ciudadanos en los años venideros. Es especialmente preocupante que el Gobierno de Cataluña se instalé en posiciones que puedan suponer, incluso, comportamientos delictivos y a esos efectos es necesario recordar que el artículo 410.1 del vigente Código Penal castiga con la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a aquellas autoridades que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales.
La respuesta ante tal despropósito ha de provenir, necesariamente, de la misma ciudadanía que viene sufriendo la insensatez de unos gobernantes embebidos en sus propias obsesiones, cada vez más ajenos a sus inquietudes, que crean problemas donde no existen, y no resuelven los que sería urgente solucionar.
Por todo ello, la asociación Impulso Ciudadano convoca una concentración que se celebrará a las 19 h. el próximo miércoles, 8 de septiembre, en la Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca, ante la Secretaría General de Política Lingüística, bajo el lema “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse, no queremos Gobiernos delincuentes”. En el curso de la misma, se hará entrega de un escrito exigiendo al Gobierno de la Generalitat que adopte las medidas necesarias para modificar su política en el ámbito lingüístico, adecuándola al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Barcelona, 2 de septiembre de 2010
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