La asociación denuncia el rol de la Comisión Europea en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, su silencio ante las vulneraciones sistemáticas del Estado de Derecho en Cataluña y el nombramiento de Teresa Ribera.
Impulso Ciudadano ha enviado a la Comisión Europea (CE) su contribución para el informe sobre el Estado de Derecho que realiza esta institución desde el año 2020. El documento aborda cuatro materias: el deterioro del sistema judicial en España, la situación de los medios de comunicación, el uso fraudulento de la proposición de ley como técnica legislativa y la situación en Cataluña.
Resulta especialmente significativa la crítica que se realiza de la actuación de la Comisión en un doble sentido. Por un lado (en el marco de la defensa de la independencia judicial), el documento cuestiona la participación de la CE en el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la propia Comisión. Por otro lado, la contribución de Impulso Ciudadano llama la atención sobre el reiterado silencio de la CE ante las actuaciones de la Generalitat de Cataluña.
Independencia judicial
Por lo que respecta al acuerdo de 25 de junio de 2024 relativo a la renovación de los vocales del CGPJ, la asociación señala que no es respetuoso con las exigencias del Estado de Derecho, ya que se ha realizado un evidente reparto por cuotas entre Partido Popular y PSOE, contrario a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que proscribió expresamente estas prácticas. Resulta sorprendente que la Comisión haya participado en un pacto entre dos formaciones políticas que deja fuera del proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces tanto a las instituciones que tienen la responsabilidad constitucional de renovarlo (Congreso y Senado) como a las fuerzas políticas que, no por ser minoritarias, están excluidas de participar en ese proceso.
De este modo, el pacto consagra al CGPJ como un órgano de composición política cuya independencia no puede presumirse y que, por tanto, nace deslegitimado.
Como prueba de lo anterior, se constata que no ha sido posible llegar, tal y como establecía la Disposición Adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, a una propuesta del
CGPJ para la adecuación de la forma de designación de los vocales del CGPJ a los estándares europeos. Concluido el plazo de seis meses fijado en la referida ley (que respondía a lo establecido en el acuerdo de 25 de junio), el CGPJ ha aprobado dos propuestas que, significativamente, cuentan, cada una de ellas, con el apoyo de los vocales designados por cada uno de los partidos participantes en el acuerdo. Es un resultado previsible, puesto que un CGPJ de una configuración claramente política (bipartidista, en concreto), no está capacitado para llevar a cabo una tarea que, por otra parte, deberían asumir quienes están constitucionalmente obligados a ello: el gobierno y las cámaras legislativas.
En definitiva, nos encontramos con un CGPJ cuya composición es fruto de un pacto entre partidos al margen de las instituciones, que supone un reparto por cuotas entre esos partidos, en contra de lo prohibido expresamente en su día por el Tribunal Constitucional y que no se ajusta a las exigencias del Consejo de Europa y de la propia UE en tanto en cuanto no hay una parte de vocales designados directamente por los jueces y magistrados; un CGPJ al que se ha cargado con la tarea imposible de llegar a un acuerdo para un cambio de sistema de designación de los vocales, cuando dicha reforma legislativa compete no al CGPJ sino a las cámaras legislativas y al gobierno, quien está legitimado para presentar un proyecto de ley que adecúe la regulación del CGPJ a los estándares europeos.
Un resultado lamentable que, sorprendentemente, ha sido apadrinado por la propia Comisión Europea que debería velar por el respeto al Estado de Derecho.
Cabe matizar, no obstante, que ha de valorarse positivamente tanto la designación de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo como la actuación de ésta en los meses que lleva en el cargo. El hecho de que los vocales, finalmente, designaran a una persona que parece tener un perfil independiente y que ha sabido tender puentes entre los sectores “progresista” y “conservador” del CGPJ es un rayo de esperanza; pero que no puede hacer olvidar que el órgano que preside no se adecúa a las exigencias de independencia europeas.
Por lo que respecta al nombramiento de Teresa Ribera, Impulso Ciudadano subraya que, habiendo incurrido ésta en prácticas contrarias a la independencia judicial, denunciadas por el informe de la Comisión Europea del año 2024, ahora haya accedido a la Vicepresidencia de esta misma institución. Si la CE quiere mantener su credibilidad como garante del respeto al Estado de Derecho debería explicar cómo es que entre sus miembros se integra una persona que ha participado en el señalamiento a los jueces y provocado la reacción de las asociaciones judiciales y del propio CGPJ para defender al magistrado cuestionado por la entonces ministra. No es un tema menor puesto que el acoso a los jueces en el que participó la ahora Vicepresidenta de la Comisión no es accidental, sino constante, teniendo como último ejemplo la proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso en el mes de enero de 2025 y que, expresamente, califica ciertas actuaciones judiciales como abusivas; en una muestra de deslealtad institucional y de ataque a la separación de poderes completamente inasumibles.
Situación de Cataluña
Impulso Ciudadano lamenta en el documento enviado al a Comisión el reiterado silencio de ésta ante las actuaciones de la Generalitat de Cataluña. Esta asociación ha ido señalando cada año el incumplimiento de sentencias, los ataques a los jueces, la falta de neutralidad de las administraciones públicas y la vulneración de derechos que protagonizan las administraciones en Cataluña. En ninguno de los informes de la Comisión Europea se ha cuestionado la actuación de la Generalitat.
Se trata de una actitud incomprensible, y menos tras el informe de la misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó Cataluña en diciembre de 2023 y concluyó que se estaban produciendo vulneraciones de derechos y quiebra de principios básicos del Estado de Derecho, como es el cumplimiento de las sentencias judiciales. En las conclusiones de la misión de la Comisión de Peticiones se insta a la Comisión Europea a hacer seguimiento de lo que está sucediendo en Cataluña en materia de lengua en la enseñanza.
El informe sobre el Estado de Derecho no puede convertirse en una herramienta política en manos de la Comisión. Un instrumento como este solamente será útil si su legitimidad es reconocida; y para eso la CE debe ser ejemplo de lucha por el Estado de Derecho, no implicarse en maniobras que no se ajustan estrictamente a las exigencias constitucionales de los estados miembros (como pasó con su participación en el acuerdo entre PP y PSOE de 25 de junio de 2024) ni realizar denuncias selectivas, silenciando vulneraciones de derechos como las que se producen en Cataluña.
Los informes sobre el Estado de Derecho son un instrumento necesario; pero se haría un flaco favor a la construcción europea, una construcción basada en el respeto de los principios del artículo 2 del TUE, mirando hacia otro lado y no alertando sobre aquello que no funciona correctamente.
Esta contribución de Impulso Ciudadano se ajusta al formulario facilitado por la propia Comisión, que se refiere a cuestiones específicas con un espacio tasado. No es necesario cubrir todos los ámbitos; solo aquellos que resultan relevantes para quien quiera contribuir a la realización del informe. Realizamos esta aclaración porque no es el informe que hubiera preparado Impulso Ciudadano. Esta asociación, junto con Foro de Profesores y Citizens pro Europe, elaboró un informe sobre el deterioro del Estado de Derecho en España que, en su momento (diciembre de 2023), se hizo llegar a la Comisión (https://impulsociudadano.org/impulso-ciudadano-foro-de-profesores-y-citizens-pro-europe-remiten-a-la-ue-un-informe-sobre-el-deterioro-del-estado-de-derecho-en-espana/?utm_source=chatgpt.com).
