Informe de Impulso Ciudadano sobre la discriminación del español en las webs de la Generalitat
Las páginas webs del Gobierno y del Parlamento de Cataluña han hecho de la desigualdad de trato una de sus premisas en lo que respecta a las lenguas cooficiales de Cataluña.
La supremacía de la lengua catalana en el dominio .cat de las instituciones, además de notoria, es segregacionista, irrespetuosa y, sobre todo, discriminatoria con los derechos lingüísticos de las personas que quieran relacionarse con la administración en castellano o en aranés.
La ignorancia, el maltrato y la desconsideración hacia el español y el aranés es constante en los escaparates institucionales de internet, afectando a guías, normas, servicios, trámites, etc. fundamentales para los ciudadanos.
Los anteriores son tres puntos del diagnóstico del dossier Discriminación del castellano y del aranés en las webs de la Generalitat. Elaborado sobre sitios institucionales con dominio .cat, este análisis descubre numerosos incumplimientos de Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, y del art. 14 de la Constitución, que no admite discriminación por razón de lengua en la relación de los ciudadanos con la Administración.
Las informaciones que se hurtan o escamotean a más de la mitad de los catalanes con el español como lengua materna o a los que tienen derecho a ser informados en aranés, se refieren a asuntos fundamentales y sensibles. Ejemplos: informar solo en catalán de los trámites para solicitar ayudas a dependientes, pensiones no contributivas, renta mínima garantizada y otras prestaciones sociales básicas. Otra práctica perversa es anunciar en español convocatorias de plazas para cuerpos docentes o cuerpo de bomberos enlazando al desarrollo de la convocatoria solo en catalán. O dejar en blanco la página en español sobre actividad de los Mossos o la web de la Sala de Prensa del Govern sin actualizar los contenidos en castellano publicándolos con dos meses de retraso.
Estas y otras muchas irregularidades están plasmadas al detalle en la presentación Viaje por 80 webs de la Generalitat incluida en este dossier, con capturas de pantalla que incluyen más temáticas como:
Intervenciones del President de la Generalitat
Actividad ordinaria del Parlamento
Inscripción de un menor en La Meva Salut
Incidencias del Covid-19 en los colegios
Normativa de seguridad vial
Impuesto de transmisiones patrimoniales
Personas en situación de pobreza energética
Plan de Recuperación Next Generation
Etcétera.
La navegación en castellano por los portales de la Generalitat sufre continuos apagones, a la vez que el incumplimiento del trilingüismo oficial se sirve de una coartada, la opción Google Translate que, por defecto, ofrecen los navegadores: la marginación del castellano y el aranés se perpetra con el recurso al traductor automático de Google.
El presente dossier de Impulso Ciudadano se completa con su anexo Políticas digitales al servicio de la lengua catalana, que describe la estrategia-nodriza del proyecto independentista para el dominio lingüístico absoluto. Por ejemplo: la Vicepresidencia de la Generalitat, responsable de Políticas Digitales, dispone de 13,5 millones de euros para el proyecto AINA, cuya finalidad genérica es “garantizar el catalán en la era digital”, ignorando el castellano y el aranés como lenguas oficiales.
Impulso Ciudadano pondrá el contenido íntegro de este dossier sobre discriminación lingüística en las webs institucionales de la Generalitat en conocimiento del Defensor delPueblo y del Síndic de Greuges. Asimismo lo hará llegar a la Secretaría General de Política Lingüística, al presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a la Vicepresidenta Primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, al director de la RAE y directores de Academias de la Lengua de América, Asia y África, al director del Instituto Cervantes y directores de las sedes de esa entidad en los cinco continentes y a los embajadores en España de los países de habla hispana.