Hoy, 7 de agosto de 2020, hemos asistido a un nuevo episodio de manipulación de las instituciones de Cataluña.

Los catalanes vivimos una situación dramática. El coronavirus avanza sumando contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos. Los centros sanitarios no tienen suficientes recursos para atender satisfactoriamente a la población, la economía está seriamente dañada con un desempleo asfixiante y carecemos de un plan claro para el inicio del curso escolar en septiembre.

Esta situación es competencia y responsabilidad del Gobierno de la Generalitat y sobre ella debería rendir cuentas ante el Parlamento y ofrecer soluciones. Sin embargo, rehúye no solamente dar cuentas, sino incluso gestionar la grave crisis que estamos viviendo.

Es por eso que en vez de abordar las cuestiones que afectan gravemente al pueblo catalán utiliza el Parlamento que representa a todos los catalanes como agente de crispación, agitación y división.

El debate que los nacionalistas han querido escenificar hoy carece de sentido. No pretende conseguir ningún resultado más allá de dividir y enfrentar.

El Parlamento de Cataluña es una institución constitucional, no un foco de agitación y crispación. Y como institución constitucional no puede actuar fuera del marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, lo que implica que no puede adoptar resoluciones contrarias a la Constitución. Cualquier resolución que suponga censura al actual monarca no es constitucionalmente admisible, tal como estableció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 17 de julio de 2019. Y el Parlamento de Cataluña ha de ajustar su actuación a las exigencias constitucionales, tal como son interpretadas por el Tribunal Constitucional.

El control de la Jefatura del Estado está fuera de las competencias de la Generalitat y, por tanto, el pleno de hoy es una instrumentalización del Parlamento que carece de justificación. Convertir el Parlamento en una tertulia política que se pronuncia sobre cuestiones que no son de su competencia roza el ridículo.

El Parlamento de Cataluña sí puede iniciar el proceso de reforma constitucional que conduciría a la sustitución de la monarquía por la república. La Constitución española permite esta iniciativa a las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas. Si el presidente Torra desea, como ha manifestado, cambiar la Jefatura del Estado, la vía es la modificación constitucional y no plenos como el que hoy hemos vivido.

Cuestionar la monarquía fuera del marco de la reforma constitucional  sin ofrecer una alternativa articulada es un intento nada disimulado de quebrar el estado y el marco de convivencia para que la agitación que desate permita llegar a cualquier resultado querido por los enemigos de la democracia y los derechos. Desde Impulso Ciudadano rechazamos firmemente estos intentos de poner fin a nuestro marco de convivencia, que ha traído estabilidad y democracia a España durante más de cuarenta años. Un marco de convivencia que puede y debe ser mejorado, pero a través de los mecanismos en él previstos, no azuzando el odio y la confrontación en la sociedad.

La quiebra del estado es objetivo prioritario de los nacionalistas, que buscan su debilitamiento y aprovechar cualquier circunstancia para cuestionar los símbolos e instituciones que unen a los catalanes con el resto de los españoles. Rechazamos con firmeza esta maniobra y reafirmamos nuestro compromiso con el marco de convivencia que se fundamenta en la Constitución de 1978.

Joaquim Torra, condenado por desobediencia, perdida su condición de diputado y a punto de perder la de presidente de la Generalitat, no asume las competencias que le son propias dentro del marco autonómico y prefiere utilizar las instituciones para la agitación y para cubrir su propia incompetencia.

En Cataluña debemos dar paso a una nueva etapa que deje atrás los restos del proceso que ha enfrentado a la sociedad catalana, consumido nuestras energías, comprometido nuestro futuro y debilitado nuestras instituciones. El pleno de hoy es el colofón de los despropósitos de los últimos años.

Joaquim Torra debería dejar ya su puesto y los partidos políticos y la sociedad catalana deberían dar paso a una nueva etapa que se caracterizara por el diálogo entre catalanes, el respeto a la ley, la garantía de los derechos de todos y el ejercicio responsable de las competencias autonómicas.

Barcelona, a 7 de agosto de 2020.