por JOSÉ DOMINGO —
El Parlamento de Cataluña es muy peculiar. Recientemente ha celebrado un debate de política general en el que, al tiempo que el Presidente de la Generalitat anunciaba la disolución de la cámara, ésta aprobaba una larguísima resolución (catorce páginas) en las que se determinaba la acción del Gobierno cesante y, ojo al dato, del resultante de las nuevas elecciones.
Lean la resolución del Parlamento, por favor, léanla. La pueden encontrar en este enlace: http://www.parlament.cat/getdocie/9011078. Son catorce páginas de farragoso, engolado y desafiante discurso en las que se fijan los objetivos a conseguir por «el pueblo de Cataluña» y los instrumentos para hacerlos posibles. Si el enunciado de los cinco apartados de la resolución es harto elocuente (derecho a decidir; hecho nacional; proceso para llegar a ser un nuevo Estado de Europa; memoria y dignidad; y acción política y de gobierno) el detalle de su contenido estremece a quienes tengan una mínima sensibilidad democrática y española. Sin ningún tipo de reparo intelectual, el Parlamento «constata» la realidad política, esto es, establece su veracidad. Tras celebrar el éxito de la manifestación del 11 de septiembre se compromete a desarrollar los anhelos de los asistentes (¿de todos?); da por acabado el encaje de Cataluña en España; expresa la necesidad de que inicie su propio camino e insta al nuevo Gobierno catalán a hacer una consulta en la próxima legislatura con la finalidad de determinar el futuro colectivo, al margen de las instituciones españolas, con las que, en todo caso, se puede dialogar.
La resolución tras un aparente lenguaje administrativo, exuda exabruptos impropios de un parlamento, más típicos de una concentración de «Amanecer dorado» (¡en pie!) o de las provocaciones de la Liga Norte (¡Roma ladrona!): pide arrestos de soldados, alerta sobre intervenciones militares de España, condena al Gobierno del PP por adoptar medidas contra la economía catalana, constata el expolio fiscal, califica de desleales a los Gobiernos españoles; se inmiscuye en las políticas de Gobiernos limítrofes (Comunidad valenciana); se mete con ministros con nombres y apellidos (José Ignacio Wert); y prioriza lo nacional (subvenciones a las selecciones deportivas) al tiempo que desdeña lo social.
Después de su lectura, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni las instituciones del Estado, ni los partidos políticos, ni los grupos empresariales, ni los sindicatos ni todos aquellos que tienen obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y velar por la cohesión nacional, pueden alegar desconocimiento. La resolución regula la hoja de ruta para los Gobiernos catalanes que se establece sobre dos premisas: la inviabilidad de la relación con España porque no comprende y perjudica intencionadamente a Cataluña; y la clara determinación de hacer que la «nación catalana» se convierta en un nuevo Estado independiente de Europa. Aprovechando el revuelo de la crisis económica, el frente secesionista pretende saltarse unilateralmente las reglas del juego. Nuestra obligación es hacerle entender que carece de legitimación social y jurídica para ello y que las trampas no son lícitas en este terreno.
