Con motivo de la celebración del Día de la Constitución y atendiendo a recientes acontecimientos, es más necesario que nunca recordar que el artículo 3 de la Constitución establece la oficialidad del castellano en toda España, contempla que las Comunidades Autónomas puedan declarar otras lenguas como oficiales, junto con el castellano, en su territorio y reconoce que la diversidad lingüística es una riqueza que ha de ser respetada y protegida.  La cooficialidad es esencial para garantizar los derechos lingüísticos y es la base de la convivencia y de la libertad de uso de los ciudadanos.

En Cataluña, según el Estatuto de Autonomía,  son lenguas oficiales el castellano, el catalán y el aranés. El español y el catalán son, además, las lenguas maternas de la inmensa mayoría de los catalanes y son conocidas por casi toda la población. Ambas son lenguas propias de nuestra Comunidad sin olvidar la riqueza del aranés. Cataluña es plurilingüe desde hace siglos.

A todos los catalanes se les deben reconocer los mismos derechos con independencia de su lengua materna y los poderes públicos deben incentivar políticas que favorezcan la convivencia y la libertad de usos lingüísticos. Sin embargo, el nacionalismo identitario en las últimas décadas trata de transformar la realidad social para progresivamente ir reduciendo el papel del castellano y convertirlo en una lengua “impropia” cuya oficialidad en Cataluña se justifica por razones exógenas a nuestra Comunidad.

La Constitución no ampara la pretensión nacionalista de imponer al catalán un estatus superior al del castellano ni que la protección y promoción del catalán como lengua minoritaria sirva de cobertura a políticas de exclusión del castellano. Sin embargo, los gobiernos nacionalistas han implementado políticas de marginación del castellano que lo han convertido en residual en ámbitos como el educativo y que han resultado especialmente dañinas para la convivencia en la escuela. La Generalitat ha sido contumaz en su desprecio a la exigencia constitucional de que el castellano sea lengua de aprendizaje junto con el catalán. Buena prueba de ello ha sido su reacción contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que reconoce el derecho de todos los alumnos del sistema educativo catalán a recibir de forma vehicular al menos un 25% de clases en castellano y en catalán. La desobediencia anunciada por la Generalitat desprecia los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes y pone de relieve su falta de voluntad de ajustar el comportamiento institucional a las exigencias esenciales del Estado de Derecho.

Tras cuarenta años de oficialidad del catalán, de uso prácticamente exclusivo por la administración regional y local y más de treinta de inmersión lingüística, las razones en su día aducidas para hacer primar el catalán sobre el castellano carecen de justificación y apenas disimulan el objetivo último de reducir el castellano a una lengua de uso privado.

La defensa de la lengua minoritaria no puede justificar el uso obligatorio en los ámbitos privados ni restringir los derechos lingüísticos de los hablantes de la lengua mayoritaria. El peligro de la desaparición del catalán que, con interesado alarmismo, postulan sectores del nacionalismo identitario no existe. Más del 94% de los catalanes entienden el catalán y entre la población por debajo de 60 años más del 87% lo lee y más del 80% lo habla. Nunca en la historia ha habido tantas personas que comprendan, hablen y lean el catalán. En todo el mundo más de diez millones de personas entienden el catalán, y lo hablan más de siete millones de personas. No es, ni muchísimo menos una lengua en peligro de extinción.

Sin embargo, el nacionalismo identitario sigue empeñado en apartar al español del ámbito público como paso previo a la consecución de la independencia de Cataluña. Y también en el privado. En los últimos meses hemos sabido que se ha espiado a los niños en los patios de los colegios y que se quiere fomentar un plan de usos lingüísticos para influir en la lengua que utilizan en sus juegos y en las actividades extraescolares. Asimismo, la Universidad pretende limitar el derecho de opción lingüística de los profesores y alumnos y hacer que un 80% de las clases se impartan en catalán. Además, vuelven los episodios de acoso a las familias que reclaman la escolarización bilingüe y algunas plataformas que defienden equivocadamente al catalán alientan la coacción a empleados de los comercios que atienden en español.

Estas muestras de intolerancia han de ser condenadas con energía y sin embargo las instituciones son remisas a hacerlo y tampoco asumen que las políticas de lengua obligatoria no benefician a la promoción del catalán que pasa a ser visto como una lengua forzada en vez de querida.

Por ello, se hace imprescindible un cambio radical de las políticas lingüísticas llevadas hasta ahora y trabajar para un nuevo consenso que garantice los derechos lingüísticos de todos los catalanes y que asuma el principio de que son los ciudadanos, no las administraciones, los que deciden la lengua o lenguas que utilizan.

Ha llegado el momento de acabar con la vieja política de la imposición y de la exclusión y de iniciar la etapa de la convivencia y de la libertad lingüística.

Frente a la imposición reivindicamos la libertad, y frente a la utilización de la lengua como herramienta de construcción nacional, los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Urge poner en primer plano estos derechos y poner en valor la libertad como elemento esencial en la nueva política lingüística. Tanto el castellano como el catalán y el aranés son lenguas de Cataluña y nadie es ni ha de ser considerado más o menos catalán por preferir una u otra.

Esa libertad ha de garantizarse en el espacio privado y potenciarse en aquellos ámbitos en los que ya está reconocida legalmente. También tiene que llegar a las instituciones donde los ciudadanos han de poder utilizar sin condicionamientos cualquiera de las lenguas oficiales y ser atendidos por las Administraciones en la lengua de su preferencia.

La libertad ha de alcanzar también a los medios públicos de comunicación, a los premios literarios y a las actividades culturales porque la promoción del catalán, cuando esté justificada, no puede llevar nunca a la exclusión del castellano.

Esa libertad tiene, finalmente, que llegar también a los comercios, poniéndose fin a la aberrante política de imponer multas a los que rotulen en una de las lenguas oficiales.

Libertad y derechos lingüísticos. Esas han de ser las bases de la convivencia en una Cataluña de todos y para todos. Esa libertad y esa convivencia serán fiel reflejo del modelo de sociedad al que da forma nuestra Constitución.

En Barcelona, a 5 de diciembre de 2021.