No a la ley de impunidad

El acuerdo al que han llegado el PSOE, ERC y Junts en relación a la declaración de impunidad de los líderes de estos dos últimos partidos, así como otros implicados en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña durante el procés, es un ataque frontal al Estado de Derecho que debilita el orden constitucional e insulta a quienes lo defendieron en 2017 y 2019.

Es incompatible con principios democráticos básicos y con el Derecho de la UE, ignora a las víctimas, promueve la malversación, justifica la desigualdad y se apropia de los derechos de todos para que el actual presidente del gobierno y sus allegados se mantengan en el poder.

El acuerdo implica que continuará la tramitación de una ley que no se ajusta en absoluto a principios esenciales del Estado de Derecho, puesto que:

  • Existiendo, al menos, dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía, se elude la necesaria reforma de la Constitución que podría habilitarla.
  • Se tramita por la vía de urgencia, eludiendo el amplio debate que debería acompañar a una ley de ese calado.
  • Planteándose como una ley que busca la reconciliación, se pretende aprobar sin consenso, enfrentándose al veto del Senado y con una amplia oposición entre los grupos políticos y entre la opinión pública.
  • Se pretende aprobar sin que los que van a ser amnistiados hayan renunciado a continuar vulnerando la ley y con total desprecio a las víctimas.
  • Los beneficiados son los mismos que dan apoyo coyuntural al gobierno, por lo que la medida presenta las características de una autoamnistía; un tipo de medida que choca con principios democráticos básicos.

El resultado del acuerdo, además, profundiza no solamente en la contradicción de la ley con el Derecho europeo, sino en la miseria moral de sus autores.

En lo que se refiere a lo primero, la amnistía de los delitos de malversación cuando, pese a haberse hecho una disposición ilegal de fondos públicos “no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial” vulnera las obligaciones internacionales asumidas por España en la persecución de la corrupción, así como la normativa europea.

Resulta aún más lamentable que se haya acordado amnistiar actos tipificados como torturas o tratos humanos o degradantes cuando tales actos “no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradas a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana, o para provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física”. Resulta doloroso que en una norma del ordenamiento jurídico española se introduzca un precepto de semejante bajeza moral, en tanto en cuanto hace expresa la amnistía de actuaciones que puedan atentar contra la dignidad humana si no provocan miedo, angustia o inferioridad suficientes como para “quebrar su resistencia moral y física”.

En lo que se refiere a los delitos de terrorismo, la normativa acordada es claramente contraria al Derecho europeo, en tanto en cuanto hace explícito que para que los delitos de terrorismo tipificados en la Directiva europea 2017/541 queden excluidos de la amnistía han de haber causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Añadir requisitos a los que incluye la Directiva es un reconocimiento expreso de que la amnistía cubre delitos incluidos en la misma.

Finalmente, en lo que se refiere a la alta traición, resulta grotesca la exculpación de todos aquellos actos que no hayan llevado a la utilización de la fuerza por parte de una potencia extranjera contra España.

Impulso Ciudadano considera que la amnistía no cabe en la Constitución. Esta era también la opinión, incluso, del partido socialista antes del 23 de julio de 2023. En otros países y contextos, sin embargo, es una medida que puede estar justificada, como lo estuvo en España en el año 1977 para así facilitar la construcción del sistema democrático que ahora tenemos. Ahora bien, la medida que han pactado socialistas y nacionalistas nada tiene que ver con lo que podría ser una amnistía entendida en su recto sentido. Lo que han acordado es la impunidad a cambio de votos, una impunidad que pretende cubrir delitos que deberían concitar un rechazo generalizado y que rompe la igualdad entre los ciudadanos. Una impunidad que, con las últimas modificaciones acordadas muestra de forma aún más clara su contradicción con principios democráticos básicos. Si la amnistía en general no cabe en la Constitución, esta amnistía en concreto es, literalmente, una infamia y constituye un supuesto claro de corrupción.

Confiamos en que una respuesta firme de la sociedad, de los tribunales y de las instituciones, tanto españolas como europeas, impida que se convierta en realidad esta ley de impunidad. En este sentido llamamos especialmente a quienes aún militan o apoyan al partido socialista. Es el momento en el que no puede eludirse ya la consideración de cómplices en esta ignominia.