La polémica política lingüística de la Generalitat sigue permitiendo que se multe a comerciantes por no rotular en catalán. Las sanciones se suceden y una de las últimas víctimas es el empresario Xurde Rocamundi, que tiene una inmobiliaria en Arenys de Mar (Barcelona).
Rocamundi fue «invitado» hace casi un año a través de una carta de la Agencia Catalana de Consumo (ACC) a cambiar el idioma –castellano– del rótulo que ofrece los servicios de su comercio en un plazo máximo de dos meses, y además fue multado con 1.200 euros. Dice que no tiene intención de pagar y, pese a que estemos aún en crisis, el motivo no es económico.
«Somos bilingües»
«No pienso pagar porque esto no es constitucional, incluso el propio Estatut dice que Cataluña es bilingüe, la ACC me dijo que debo rotular en catalán, pero que creo estamos en una autonomía bilingüe», explica a LA RAZÓN. El pasado 25 de julio se le anunció que tenía diez días para recurrir la multa. Y lo hizo. Rocamundi está ahora pendiente de la resolución pero, de momento, aguanta, a la espera de lo que dictamine el juez.
Rocamundi no se siente bien tratado por la administración. «No pienso cambiar los rótulos ni pagar la multa, la verdad es que este tipo de sanciones me parecen más bien propias de un régimen autoritario», señala a este diario.
La Ley de Política Lingüística de la Generalitat permite multar a los comercios que rotulen sólo en castellano, en una normativa vigente desde 1998. Las sanciones se comunican por carta y van desde los 600 euros para pequeños comercios hasta cantidades muy superiores si se trata de grandes compañías. El tripartito se muestra inflexible a la hora de suavizar esta ley.
Lejos de ello, la dirección general de Turismo inició en marzo una campaña de inspección para comprobar que en los rótulos de hoteles, bares y restaurantes también aparece el catalán. De las dos sanciones de 2003, se pasó a las 138 de 2007. Son casi 400.000 euros recaudados en cinco años.
