José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de Cataluña, acerca del número de actas de inspección que han sido levantadas por la Agencia Catalana de Consumo y el número de sanciones que han sido impuestas por incumplimiento de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero de política lingüística, durante el año 2009, y cuál ha sido el importe de dichas sanciones que establecen la obligatoriedad de rotulación en catalán.
En sus respuestas, el Conseller Castells ha reafirmado que los derechos lingüísticos son un derecho más de los consumidores y reconocido que en el año pasado se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas, lo que supone un 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado por un total de 148.100 €, cerca “de los 125 millones de las antiguas pesetas”. Por la información proporcionada se deduce que ha habido alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras por motivos lingüísticos y que más de 2.800 comerciantes han decidido cambiar la rotulación para no ser sancionados.
En su réplica, el diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto reciente de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo del establecimiento un trozo de papel sobre las dos primeras sílabas de la palabra “peluquería” en el que había escrito a mano “perru” para que se pudiese leer “perruqueria”. Domingo ha denunciado que el Gobierno anteponga los supuestos derechos lingüísticos de algunos consumidores al perjuicio causado a la imagen del establecimiento. Igualmente, ha lamentado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes como el que ha mostrado al Conseller Castells, más de cincuenta páginas con decenas de fotos, en las que finalmente se podía establecer que, aunque el empresario denunciado tenía en el escaparate carteles que decían “Es ven”, había otros letreros en los que ponía “Se alquila”, razón por la cual se le impone una multa de 1000 €.
Domingo califico la política de sanciones de la Agencia Catalana de Consumo como un “despropósito” y un “disparate” y conminó al Conseller a impulsar la derogación de legislación vigente en dicha materia, porque, en opinión del diputado, el Conseller “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”.
Barcelona, 25 de Febrero del 2010
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