En el mes de abril, Impulso Ciudadano puso en conocimiento del Fiscal Superior de Cataluña la campaña de acoso, tanto laboral como mediático, iniciada contra una enfermera del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por haber criticado en redes sociales, a través de un vídeo, la exigencia del nivel C1 de catalán en las oposiciones para su puesto de trabajo.
El vídeo había sido grabado en el propio hospital donde trabajaba y, tanto quien difundió el vídeo como las compañeras que aparecían en el mismo no llevaban correctamente colocadas las mascarillas que, en aquel momento, seguían siendo obligatorias en los establecimientos médicos; pero no existía duda sobre que la apertura del expediente venía motivada por el contenido de las críticas vertidas por la enfermera, y no por estas circunstancias accesorias.
Esto resultaba claro porque el propio Consejero de Salud así lo había afirmado en las redes sociales y en una entrevista radiofónica. En la denuncia que Impulso Ciudadano presentó a la Fiscalía se incluían estas evidencias.
Además, en la denuncia también se aportaban otras pruebas en las que se observa al personal sanitario participando en actos políticos en horario laboral. Se trata de actos alineados con el poder nacionalista que, en esta ocasión, merecieron el aplauso de la persona que entonces ocupaba la misma Consejería de Sanidad desde la que se ha promovido el expediente a las enfermeras de la Vall d’Hebron.
Existían, por tanto, indicios de que la apertura del expediente contra las enfermeras que aparecían en el vídeo tenía motivaciones ideológicas y buscaba censurar las opiniones discrepantes.
Como se ha indicado, esto no es una mera especulación, sino que era lo que resultaba de las declaraciones que había hecho el Consejero de Salud y que le constaban a la Fiscalía.
Ahora la Fiscalía archiva la denuncia sin haber practicado más investigación que la consulta del expediente sancionador abierto contra las enfermeras mencionadas; esto es, obviando las declaraciones del Consejero de Sanidad y las evidencias de la diferencia de trato por parte de las autoridades sanitarias cuando se graban vídeos en los centros sanitarios para loar o apoyar al gobierno o cuando se hace para criticarlo.
No podemos más que lamentar que la Fiscalía, que tiene entre sus funciones velar por el respeto de los derechos fundamentales (artículo tercero del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) en un caso como éste ni siquiera haya llamado a declarar a las enfermeras afectadas, al Consejero de Salud que había afirmado con claridad que las actuaciones contra la enfermera se basaban -al menos en parte- en el contenido de sus críticas; y sin examinar la diferencia de trato en la utilización de los mecanismos sancionadores en función de la orientación ideológica de los trabajadores.
La desprotección de quienes en Cataluña cuestionan al nacionalismo ha alcanzado niveles que deberían preocupar al conjunto de la sociedad.
Impulso Ciudadano continuará trabajando en la defensa de los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.
