Carles Puigdemont ha hecho públicas las exigencias de Junts para apoyar la investidura de un nuevo presidente del gobierno español. Se trata de exigencias que son inadmisibles desde una perspectiva constitucional y democrática.
El propósito de Puigdemont y del nacionalismo catalán es, desde hace más de una década, y de una forma explícita, la derogación de la Constitución en Cataluña y la separación del territorio de esta Comunidad Autónoma con el fin de crear un Estado independiente en forma de república; y eso al margen de las previsiones de la misma Constitución.
Esta propuesta política es, evidentemente, contraria a elementos esenciales de la Constitución española, entre ellas, la indisoluble unidad de la Nación española y el hecho de que la soberanía corresponde al conjunto de los españoles y no a una parte de ellos.
Aparte de lo anterior, la actuación de las instituciones catalanas durante los años del denominado procés es también contraria a la Constitución, por vulnerar un principio básico del Estado de Derecho: el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en varias decisiones.
A partir de lo anterior, la actuación de Carles Puigdemont, y de otros responsables públicos en el año 2017 fue de una profunda deslealtad, contraria a la Constitución, implicando una vulneración de los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles y suponiendo un acto delictivo; tal y como estableció el Tribunal Supremo en 2019. Las cesiones a los nacionalistas hicieron que el Código Penal fuera modificado con el fin de borrar ese delito; pero no cabe duda de que lo que hicieron fue delictivo en su momento; y aún lo es en lo que se refiere a la utilización de recursos públicos para fines ilegales (malversación).
El reproche político y moral a la actuación de los independentistas en 2017 no debería tener matices; y es lamentable que las necesidades coyunturales de los líderes políticos nacionales enturbien lo que debería ser una crítica contundente a planteamientos contrarios a la Constitución y que vulneran los derechos de los catalanes y del conjunto de los españoles.
Puigdemont, en cambio, fija como una de sus condiciones para el apoyo a la investidura del presidente del gobierno español, una ley de amnistía, que supondría, en realidad, no solamente la impunidad de quienes en su momento delinquieron, sino legitimar la actuación de aquellos que entonces intentaron derogar la Constitución, vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, utilizaron de manera ilegal los datos personales de los ciudadanos, instrumentalizaron los centros educativos y a sus alumnos y llegaron a usar la violencia para apoyar sus exigencias, sobre todo en las dramáticas semanas de 2019 que sumieron buena parte de Cataluña en el caos.
La amnistía no cabe en la Constitución, como nos han recordado recientemente juristas y responsables políticos, incluyendo al que fue presidente socialista del Gobierno, Felipe González. La amnistía que exige Puigdemont supone introducir la impunidad para quienes ejercieron el poder público al margen de la ley y para vulnerar los derechos de los ciudadanos. La mínima decencia democrática convierte en inadmisible una petición semejante.
En esta línea, Puigdemont exige también que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dejen de investigar a grupos independentistas que no solamente delinquieron en el pasado, sino que han continuado preparando acciones de sabotaje, como hemos visto recientemente con motivo del paso por Cataluña de la Vuelta Ciclista a España. Exigir que la policía deje de investigar acciones que pueden ser delictivas supone privar a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad de la seguridad a la que tienen derecho y es igualmente inadmisible.
Ha de rechazarse también de manera contundente la posibilidad de que se establezca un mecanismo de mediación o supervisión de las negociaciones que Puigdemont reclama. Desde la anterior legislatura se ha mantenido viva una anómala mesa de negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat. En estos momentos, Puigdemont exige un mecanismo de supervisión de esa negociación que, en caso de que implicara a organizaciones o instituciones internacionales supondría una quiebra inadmisible de la soberanía española. Tan solo la posibilidad de que una negociación entre el gobierno del Estado y el de una Comunidad Autónoma estuviera supervisada por instituciones ajenas a España supondría de facto el reconocimiento, por parte de España, de las reclamaciones independentistas; esto es, que la Generalitat es una administración que se sitúa en plano de igualdad con el Gobierno del conjunto de los españoles. Tal y como hemos denunciado reiteradamente, es aberrante que el Gobierno de España se siente con una administración autonómica a negociar las fronteras del Estado español; continuar con ese diálogo es inadmisible; pero añadirle una mediación o supervisión internacional sería poner el punto y final a la soberanía española sobre Cataluña.
Puigdemont, en su comparecencia, ha insistido en reclamar la legitimidad del referéndum del 1 de octubre; de tal manera que en tanto no se produjera una nueva consulta se mantiene la legitimidad de la proclamación de la independencia de Cataluña y de la creación de un Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma en forma de república.
Este planteamiento, radicalmente contrario a la realidad constitucional, no puede ser base no ya de ninguna negociación sino de ninguna conversación con Puigdemont y la fuerza política que lidera.
Hoy Puigdemont nos ha recordado al conjunto de los españoles la gravedad del desafío que mantiene, el carácter antidemocrático de sus pretensiones (impunidad para quienes delinquieron, legitimación de la violencia y de actuaciones de las autoridades al margen y en contra de la ley que vulneraron los derechos de los ciudadanos). Ante un discurso como el de hoy de Puigdemont se hace imprescindible que los ciudadanos que rechazan la quiebra de nuestro marco de convivencia y aquellos que les representan encuentren vías para llegar a acuerdos de gobernabilidad.
Somos muchos más los españoles que rechazamos los planteamientos antidemocráticos del independentismo que quienes los apoyan. Es cierto que en ocasiones la sociedad rehúye el conflicto y prefiere ceder a defender con convicción sus planteamientos; pero ha llegado el momento en el que no son posibles más cesiones. Se precisa la unidad de los que se digan constitucionalistas y el rechazo claro y contundente a los planteamientos nacionalistas; unos planteamientos que, por mucho que se repita retóricamente, no son en absoluto progresistas; porque la impunidad selectiva, la vulneración de la ley y de los derechos y el recurso constante a la tradición y a los fueros no tienen nada de progresista.
Es un momento difícil para nuestro país, que tendría que resolverse a partir de la responsabilidad institucional de las autoridades y de nuestros representantes. Desde Impulso Ciudadano pedimos que todos hagan uso de dicha responsabilidad y obren pensando únicamente en el bien común. No es momento de tacticismo, sino de la defensa, con convicción, de nuestro marco de convivencia, de aquello que nos une, de los intereses generales de España y de los españoles, y de nuestro proyecto político común.
