Excmo. Sr. Ángel Gabilondo Pujol Ministro de Educación C/ Alcalá, 34 28071, Madrid Señor, En relación a la entrevista publicada el lunes 22 de marzo de 2010 en el diario El Mundo en la que afirma que espera “que en España no se le persiga a nadie por rotular de una u otra manera”, desde la asociación Impulso Ciudadano queremos trasladarle la desazón y tristeza que a muchos catalanes les produce comprobar el grado de desconocimiento de la realidad catalana por parte de un miembro del Gobierno que se podría colegir de sus palabras. Como no podemos pensar que dicha afirmación sea consecuencia del desinterés o de la voluntad manifiesta de mirar hacia otro lado en relación al tema de las sanciones a empresarios catalanes por motivos lingüísticos, desde Impulso Ciudadano ponemos a disposición del Sr. Ministro una serie de informaciones que podrán serle de utilidad en futuras opiniones en relación a esta cuestión. Desde hace doce años, la Disposición adicional quinta de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, prevé la aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y defensa de los consumidores, a todas aquellas empresas y entidades que incumplan los artículos referidos a la obligatoriedad de que toda la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público estén redactados, al menos, en catalán. La aprobación de dicha disposición legal ha supuesto, desde entonces, que todas las rotulaciones redactadas sólo en castellano pasen a ser consideradas ilegales, mientras que las redactadas exclusivamente en catalán son consideradas conformes a la ley. Ante este tsunami de ilegalidad sobrevenida, la Administración catalana ha optado durante estos años por dos vías. En una primera fase, desde la aprobación de la Ley 1/1998 hasta el último gobierno de CiU (1998-2003), se subvencionó a aquellas empresas que cambiaban su rotulación del castellano al catalán, quedando excluidos los empresarios que optaban por una rotulación bilingüe, en principio, perfectamente legal. En una segunda etapa, desde la llegada al poder del primer gobierno tripartito hasta el presente (2003-2010), se ha optado por la vía coercitiva, la apertura de expedientes y la sanción a todos aquellos establecimientos que no rotulen en catalán (al menos). Así, en el año 2003 se impusieron dos multas
La plataforma Escuela de Todos/Escola de Tothom, de la que forma parte Impulso Ciudadano, ha emitido un comunicado en el que denuncia las presiones del Gobierno catalán a los docentes para que no acaten la sentencia que pone fin a la inmersión y también las presiones a las personas y entidades que reclaman la ejecución de esa sentencia. El comunicado incide en la vulneración de derechos que implica la aprobación de comunicados políticos contrarios a la ley por parte de claustros y consejos escolares de los que, además, forman parte menores. (más…)
‘Si la alcaldesa y su extraño y desorientado partido tienen dudas acerca de la naturaleza y consecuencias últimas de sus acciones, les recomiendo un método, en mi opinión, infalible: observar la reacción de sus, supongo, oponentes políticos nacionalistas’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con la presentación de la campaña del PSC de Hospitalet en contra de la independencia, o a favor del no en un hipotético referendo, según como se quiera mirar, Núria Marín, alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña, parece haber querido dar un paso al frente para liderar la ceremonia de la confusión en la que se encuentra, semi inconsciente, el socialismo catalán. Tras apoyar en el Consistorio que preside una moción de CiU a favor del derecho a decidir, tras acudir, solícita, a la cumbre de partidos y entidades favorables al referendo soberanista convocada por el presidente autonómico, Artur Mas, nos confiesa en la octavilla de la campaña que hizo todo esto sin convicción y a regañadientes. La lectura del texto es, ciertamente, recomendable. Insiste, Marín, en que su aportación principal a este encuentro fue dejar claro que la reunión no tenía mucha razón de ser, porque lo importante, ahora, es hablar de la crisis, de la economía, de los problemas reales de la gente. Por una vez, hemos de decir que estamos de acuerdo con la alcaldesa pero, entonces, ¿por qué fue? Se diría que la alcaldesa no sabía bien dónde iba, a qué iba, ni de qué se iba a hablar. Parece ser que el tono y contenido de la cita le pillaron por sorpresa. La alcaldesa afirma, a continuación, que está a favor de que la gente pueda opinar acerca de su futuro. A su juicio, ¿no existen ya esas vías? Se diría que los cauces democráticos actuales le parecen insuficientes y que son necesarios ciertos apaños para-legales del tipo referendo pactado entre el Gobierno de la nación y el Gobierno autonómico para que la democracia española alcance la plenitud que, a opinión de la edil hospitalense, impide el actual marco legal. Uno tiene la impresión de que el PSC, con Marín a la cabeza, intenta encontrar una salida al laberinto de contradicciones que ellos mismos han construido, trasladando a la sociedad la confusión que habita en sus mentes de responsables públicos accidentales. Quieren nadar y guardar la ropa estando y no estando, apoyando y desentendiéndose, diciendo que quieren decir algo, pero que en realidad es lo
