La plataforma Escuela de Todos/Escola de Tothom, de la que forma parte Impulso Ciudadano, ha emitido un comunicado en el que denuncia las presiones del Gobierno catalán a los docentes para que no acaten la sentencia que pone fin a la inmersión y también las presiones a las personas y entidades que reclaman la ejecución de esa sentencia. El comunicado incide en la vulneración de derechos que implica la aprobación de comunicados políticos contrarios a la ley por parte de claustros y consejos escolares de los que, además, forman parte menores. (más…)
‘Si la alcaldesa y su extraño y desorientado partido tienen dudas acerca de la naturaleza y consecuencias últimas de sus acciones, les recomiendo un método, en mi opinión, infalible: observar la reacción de sus, supongo, oponentes políticos nacionalistas’. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con la presentación de la campaña del PSC de Hospitalet en contra de la independencia, o a favor del no en un hipotético referendo, según como se quiera mirar, Núria Marín, alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña, parece haber querido dar un paso al frente para liderar la ceremonia de la confusión en la que se encuentra, semi inconsciente, el socialismo catalán. Tras apoyar en el Consistorio que preside una moción de CiU a favor del derecho a decidir, tras acudir, solícita, a la cumbre de partidos y entidades favorables al referendo soberanista convocada por el presidente autonómico, Artur Mas, nos confiesa en la octavilla de la campaña que hizo todo esto sin convicción y a regañadientes. La lectura del texto es, ciertamente, recomendable. Insiste, Marín, en que su aportación principal a este encuentro fue dejar claro que la reunión no tenía mucha razón de ser, porque lo importante, ahora, es hablar de la crisis, de la economía, de los problemas reales de la gente. Por una vez, hemos de decir que estamos de acuerdo con la alcaldesa pero, entonces, ¿por qué fue? Se diría que la alcaldesa no sabía bien dónde iba, a qué iba, ni de qué se iba a hablar. Parece ser que el tono y contenido de la cita le pillaron por sorpresa. La alcaldesa afirma, a continuación, que está a favor de que la gente pueda opinar acerca de su futuro. A su juicio, ¿no existen ya esas vías? Se diría que los cauces democráticos actuales le parecen insuficientes y que son necesarios ciertos apaños para-legales del tipo referendo pactado entre el Gobierno de la nación y el Gobierno autonómico para que la democracia española alcance la plenitud que, a opinión de la edil hospitalense, impide el actual marco legal. Uno tiene la impresión de que el PSC, con Marín a la cabeza, intenta encontrar una salida al laberinto de contradicciones que ellos mismos han construido, trasladando a la sociedad la confusión que habita en sus mentes de responsables públicos accidentales. Quieren nadar y guardar la ropa estando y no estando, apoyando y desentendiéndose, diciendo que quieren decir algo, pero que en realidad es lo
por JOSÉ DOMINGO-- Los padres catalanes no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. La Ley de Educación de Cataluña no lo permite. El sistema educativo, con independencia de la lengua habitual del alumno, escolariza en catalán. El único resquicio que deja consiste en señalar al disidente castellanohablante: atención lingüística individualizada en clase en catalán durante un breve periodo de tiempo en la primera enseñanza, si se pide expresamente. Las normas no reconocen el derecho a ser escolarizado en castellano en un grupo-clase. Por lo tanto, los impresos de preinscripción y de matriculación de los centros educativos no contemplan la posibilidad de expresar opción lingüística alguna en relación con las lenguas de enseñanza. No es necesario. ¿Para qué? A los alumnos catalanes no se les pregunta por su lengua habitual en el momento de incorporarse al sistema educativo. Es decir, en la escuela catalana carece de importancia el lugar de origen, la lengua que hables o con la que te identifiques, el nivel cultural o intelectual, la formación de los progenitores o tutores, las dificultades auditivas o sensoriales: las autoridades educativas aplican a todos la misma receta, escolarización en catalán. Punto final. Sin embargo, a pesar de que el sistema no reconoce el derecho, 17 familias en el curso 2012-2013 se han atrevido a significarse ante la comunidad escolar y solicitar la enseñanza en castellano para sus hijos. Me parece sorprendente. Confieso que no conozco a ninguna de ellas, pero sí que estoy al tanto de otros que han decidido domiciliarse en otras regiones para que sus hijos puedan estudiar en castellano y de otros muchos que se han inclinado por no venir a Cataluña por el modelo de escuela. No es de extrañar este resultado, visto el desprecio que reciben de las autoridades y aledaños; la presidenta de Omnium Cultural, Muriel Casals, llegó a calificar de maltratadores a los padres que pedían la enseñanza en castellano. Con el máximo cinismo, ese dato, el de las 17 familias, es cacareado por las autoridades educativas, los políticos nacionalistas y colaboradores necesarios y los creadores de opinión para justificar la excelencia del modelo educativo catalán. ¡Sólo 17 se salen del redil! Los que ponen todas las trabas, trampas e inconvenientes airean este número, solemnes, para defender su modelo excluyente. Vamos, es como si el gobernador de una prisión birmana utilizara como argumento de autoridad para justificar las excelencias y comodidades de su sistema penitenciario que ninguno de los reclusos había «querido
Impulso Ciudadano presentará mañana recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales en relación con el Decreto de la Presidencia de la Generalitat 1/2021, de 15 de enero, que deja sin efecto la convocatoria de elecciones para el Parlamento de Cataluña fijada para el 14 de febrero. (más…)
El pasado 27 de diciembre de 2011, Impulso Ciudadano informó a Felip Puig, Consejero de Interior de la Generalitat, que en la fachada de la Comisaría de los Mossos d’Esquadra de Cornellà no ondeaba ninguna bandera. Este hecho incumplía la vigente Ley de Banderas -que obliga a las autoridades, también a las autonómicas, a que en los edificios oficiales ondee la bandera de España- y el Estatuto de Autonomía de Cataluña que dispone igual mandato para la bandera de Cataluña. La denuncia ha surtido efecto y el Departamento de Interior ha rectificado y en la actualidad la citada Comisaria exhibe en su fachada la bandera nacional y la autonómica. Alguien ha calificado este hecho como “misión cumplida”. En efecto, debemos felicitarnos por el restablecimiento de la legalidad vigente. Ahora bien, también debemos lamentar que lo obvio, el cumplimiento de la ley por las autoridades, tenga que ser recordado por asociaciones y ciudadanos.
