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IMPULSO CIUDADANO presentará recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria del Departamento de Justicia para la concesión de becas para la investigación, estudio y análisis en los ámbitos de la ejecución penal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho civil catalán. * Las bases de la convocatoria obligan a presentar los trabajos en catalán, lo que se considera discriminatorio por razón de lengua al vulnerarse el derecho de opción lingüística que consiste en la posibilidad de dirigirse a la Administración catalana en cualquiera de las tres lenguas oficiales. El Diario Oficial de la Generalitat núm. 5727 ha publicado en el día de hoy, la Orden JUS/465/2010, de 23 de septiembre, de la Consejería de Justicia por la que se abre la convocatoria para la concesión de becas para la investigación, estudio y análisis en los ámbitos de la ejecución penal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho civil catalán. Las bases de la convocatoria obligan a presentar en catalán el proyecto de investigación o la parte delimitada de éste (base 5.4 e) y el ejemplar del trabajo, tanto en formato DINA4 como en soporte informático (base 13). Asimismo, las bases prevén que puede acceder a este concurso en la modalidad A), individualmente o formando un equipo investigador, el personal de las diferentes administraciones públicas de Cataluña, sea cuál sea su vinculación, salvo el profesorado universitario y los profesionales de entidades públicas o privadas sin afán de lucro que colaboren con la Administración; y en la modalidad B), el profesorado universitario, los estudiantes universitarios de 3er. ciclo y los profesionales liberales vinculados al ámbito de la justicia que vivan, trabajen o estudien en el territorio de Cataluña. A juicio de Impulso Ciudadano, los términos de la convocatoria se consideran contrarios a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la Ley de Política Lingüística y a la Ley del aranés. Basta con recordar que el artículo 32 del vigente Estatuto de Autonomía dispone que todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razón de lengua y que los actos jurídicos hechos en cualquiera de las dos lenguas oficiales (castellano y catalán) tienen, por lo que hace a la lengua, validez y eficacia plenas. Asimismo, el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía dispone que los ciudadanos tienen el derecho a la opción lingüística y que en las
El Presidente y uno de los vicepresidentes de Impulso Ciudadano manifestan hoy en ABC su apoyo al Jefe del Estado, en el punto de mira del separatismo en su intento de debilitar nuestro modelo de convivencia. (más…)
La iniciativa “Lloc net, joc net” responsabiliza al Ayuntamiento de Verges y a la Junta Electoral de Girona de los incidentes de hoy y exige la dimisión del Director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Las asociaciones Aixeca’t, Impulso Ciudadano, S’ha Acabat y Cataluña por España, integrantes de la iniciativa Lloc Net, Joc Net (Espacio limpio, Juego Limpio) lamentan profundamente los graves incidentes que acontecieron ayer en el municipio de Verges (Girona), generados por la presencia de esteladas en las farolas públicas de esa población. (más…)
El articulo 32 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, de 7 de enero, establece que: “La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollen su actividad en Cataluña, deben estar redactados, al menos, en catalán. Para ello, el Gobierno de la Generalitat promoverá, con medidas adecuadas, el incremento del uso del catalán en este ámbito”. En la práctica, el “al menos, en catalán” de la Ley se ha convertido en una persecución efectiva del castellano en la rotulación de las empresas en Cataluña y el “promoverá medidas adecuadas” en una política de coacción a las empresas privadas con la delación por medio de denuncias anónimas canalizadas a través de la Oficina de Garantías Lingüísticas, como herramienta principal. Entre el 2003 y el 2005, 143 empresas fueron sancionadas de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios por un total de 169.000 € por no adecuarse a la normativa vigente en política lingüística. Durante el 2006, estas sanciones aumentaron a 311 y el total recaudado en multas ascendió a 686.000€. En el 2007 fueron 83 establecimientos por un total de 138.150€. Desde entonces, el Gobierno de la Generalitat, se ha negado a informar sobre los expedientes abiertos y multas impuestas durante el 2008 y lo que va del 2009. Mientras tanto, la Agència Catalana del Consum ha remitido a miles de comerciantes cartas en las que se les intimidaba y conminaba a cambiar la rotulación y documentación de las empresas. El cambio de rótulo supone en la práctica la sustitución del castellano por el catalán porque sólo se facilita ayuda para la rotulación en catalán no para la rotulación bilingüe. Con esta campaña, Impulso Ciudadano quiere defender la libertad de expresión de los empresarios, de manera que corresponda fijar las señas de identidad del establecimiento al promotor, no a las Administraciones. Para ello, - Apoyaremos a los empresarios sancionados con apoyo jurídico y económico. - Realizaremos entrevistas con organizaciones empresariales y sindicales. - Presentaremos las iniciativas parlamentarias necesarias para acabar con las sanciones lingüísticas. - Realizaremos campañas de sensibilización ciudadana. Es hora de romper el silencio sobre las sanciones a
La Asociación por la Tolerancia e Impulso Ciudadano han presentado hoy, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua materna, un escrito dirigido al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Don José Ignacio Wert, en el registro de la Delegación del Gobierno en Cataluña, , En la carta, que se adjunta, tras relatar que el Gobierno de Cataluña incumple las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional que obligan a modificar el modelo educativo catalán para introducir el castellano también como lengua vehicular en Cataluña, se ha solicitado que se proceda a introducir la reforma de la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación a fin de que: - Sea reconocido como derecho de los alumnos recibir las enseñanzas obligatorias en castellano en toda España y en los otros idiomas en los territorios con cooficialidad lingüística; - Sea reconocido como derecho de los padres y tutores la posibilidad de elegir la lengua de escolarización de los alumnos en los territorios con cooficialidad lingüística; - Se disponga expresamente la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos lingüísticos antes enunciados; - Se dote a la Alta Inspección del Estado de los mecanismos suficientes para hacer cumplir la normativa en lo referente a los derechos lingüísticos de alumnos y padres y tutores, incluyendo un régimen sancionador para aquellos que impidan, obstaculicen o menoscaben esos derechos. Han presentado los documentos, Antonio Roig, en nombre de la Asociación por la Tolerancia, y José Domingo, en nombre de Impulso Ciudadano. También se ha remitido una copia de la carta dirigida al Ministro, a la Delegada del Gobierno en Cataluña. En Barcelona, a veintiuno de febrero de dos mil doce Día Internacional de la Lengua Materna. Carta al Ministro de Educacion
