Hace unos días, la secretaria de economía del PSC, Rocío Martínez-Sampere, respondía desde las páginas de opinión de El País a un artículo mío anterior en el mismo periódico en el que se criticaba la forma en la que los partidos catalanes supuestamente no nacionalistas están haciendo de tontos útiles en el asunto del Pacto Fiscal. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la Sra. Martínez por clarificar y defender la postura de su partido. Desafortunadamente, sigo casi exactamente donde estaba. Debe ser que soy muy burro, pero no termino de entender lo que quiere el PSC o por qué, y lo que entiendo ni me gusta ni me parece consistente con los principios que el partido dice defender. Mi artículo defendía dos tesis muy sencillas. Que no hay maltrato fiscal a Cataluña que justifique un sistema singular de financiación para la región, y que el sistema singular que se persigue, similar al concierto vasco, violaría el principio constitucional de igualdad. Yo no hablaba de solidaridad. Es más, decía explícitamente que la solidaridad no tiene nada que ver con esta historia. Martínez, sin embargo, vuelve a plantear el tema en términos del eslogan oficial que habla de la necesidad de limitar la solidaridad a términos razonables. Lo siento, pero no me sirve. Es lógico que uno se sienta más solidario con los más próximos y elija ayudarles más que a perfectos extraños, pero no estamos hablando de eso sino de la aplicación de un principio legal que tiene un ámbito bien definido, el del Estado del que formamos parte. Cuando pagamos impuestos no lo hacemos por solidaridad sino por obligación – pero por una obligación muy razonable. Sobre el tema del supuesto maltrato fiscal a Cataluña, Martínez-Sampere también se muestra muy escurridiza. Hombre, no es que España nos robe, viene a decir, pero no nos acaba de tratar muy bien. Aquí hace algunas alusiones bastante discutibles a ciertas decisiones unilaterales del Estado que en cualquier caso no bastarían para justificar un sistema de financiación ad-hoc y, sobre todo, recurre a la parábola del Sr. O. para ilustrar los peligros de un exceso de solidaridad. En el cuento, este buen señor habría pasado de ser el más rico de España a situarse por debajo de la dirigente del PSC en términos de renta disponible como resultado de un sistema fiscal manifiestamente injusto por llevar la redistribución hasta el absurdo. Vayamos por
Ante la publicación excepcional por doce diarios editados en nuestra Comunidad Autónoma de un editorial conjunto titulado “La dignidad de Cataluña”, IMPULSO CIUDADANO realiza las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA.- Uno de los principios básicos de la democracia es el de la libertad de expresión. IMPULSO CIUDADANO reconoce el derecho de los medios de comunicación a publicar los editoriales que consideren convenientes. De todas formas, apelando al derecho de información, sería oportuno conocer el proceso de elaboración del referido editorial a fin de identificar a los impulsores, disponer de los mecanismos de adhesión al mismo y conocer las verdaderas razones que han motivado su publicación. SEGUNDO.- En uso de esta misma libertad de expresión, garantizada por el artículo 20 de la Constitución, nuestra asociación, de raíz catalana e integrada en su práctica mayoría por personas nacidas y residentes en Cataluña, descarta, por improbable, la existencia de un pensamiento colectivo de “los catalanes”, tal como se afirma en el editorial objeto de este comunicado. La dignidad de Cataluña pasa por asumir su pluralidad cultural, lingüística, ideológica y política. Parafraseando a Chesterton que preguntado sobre qué opinaba de los franceses, contestó que no los conocía a todos, los periódicos catalanes, a pesar de sus abundantes fuentes de información, carecen de legitimación para opinar en nombre de todos los catalanes y de Cataluña. TERCERO.- El editorial en cuestión incurre en numerosas falsedades. Pretende deslegitimar al Tribunal Constitucional por su actual composición y su ámbito de actuación. Probablemente no cuestionaría ni legitimación ni competencia, si no temiera un fallo contrario a la integridad del Estatuto que estos medios preconizan. A la vista de esa desconsideración, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de supervisar la adaptación de las normas a la Constitución y que, por ello, resuelve los recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes, incluidos los Estatutos y las Leyes Orgánicas. A esos efectos, el artículo 164 de la Constitución dispone que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley tienen plenos efectos ante todo el mundo, también ante las autoridades catalanas que han de asumirlas y acatarlas. CUARTO.- Impulso Ciudadano solicita de los dirigentes políticos y de todos los medios de comunicación un comportamiento responsable y que no aticen el espantajo de la ruptura de la convivencia ni levanten la bandera del odio entre los catalanes y el resto de los españoles. En un Estado Democrático de Derecho, el
Justicia i Pau, la conexión entre Sistach y el nacionalismo radical catalán.
La Generalitat meterá la tijera en las ‘embajadas catalanas’
