Hace unos días, la secretaria de economía del PSC, Rocío Martínez-Sampere, respondía desde las páginas de opinión de El País a un artículo mío anterior en el mismo periódico en el que se criticaba la forma en la que los partidos catalanes supuestamente no nacionalistas están haciendo de tontos útiles en el asunto del Pacto Fiscal. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la Sra. Martínez por clarificar y defender la postura de su partido. Desafortunadamente, sigo casi exactamente donde estaba. Debe ser que soy muy burro, pero no termino de entender lo que quiere el PSC o por qué, y lo que entiendo ni me gusta ni me parece consistente con los principios que el partido dice defender.
Mi artículo defendía dos tesis muy sencillas. Que no hay maltrato fiscal a Cataluña que justifique un sistema singular de financiación para la región, y que el sistema singular que se persigue, similar al concierto vasco, violaría el principio constitucional de igualdad. Yo no hablaba de solidaridad. Es más, decía explícitamente que la solidaridad no tiene nada que ver con esta historia. Martínez, sin embargo, vuelve a plantear el tema en términos del eslogan oficial que habla de la necesidad de limitar la solidaridad a términos razonables. Lo siento, pero no me sirve. Es lógico que uno se sienta más solidario con los más próximos y elija ayudarles más que a perfectos extraños, pero no estamos hablando de eso sino de la aplicación de un principio legal que tiene un ámbito bien definido, el del Estado del que formamos parte. Cuando pagamos impuestos no lo hacemos por solidaridad sino por obligación – pero por una obligación muy razonable.
Sobre el tema del supuesto maltrato fiscal a Cataluña, Martínez-Sampere también se muestra muy escurridiza. Hombre, no es que España nos robe, viene a decir, pero no nos acaba de tratar muy bien. Aquí hace algunas alusiones bastante discutibles a ciertas decisiones unilaterales del Estado que en cualquier caso no bastarían para justificar un sistema de financiación ad-hoc y, sobre todo, recurre a la parábola del Sr. O. para ilustrar los peligros de un exceso de solidaridad. En el cuento, este buen señor habría pasado de ser el más rico de España a situarse por debajo de la dirigente del PSC en términos de renta disponible como resultado de un sistema fiscal manifiestamente injusto por llevar la redistribución hasta el absurdo.
Vayamos por partes, porque aquí se mezclan muchas cosas, unas razonables y otras no. El principio de ordinalidad que invoca Martínez- Sampere es perfectamente razonable, aunque también es consistente con la igualdad pura y dura en financiación (por habitante o por unidad de necesidad). Si el sistema no elimina la desigualdad por completo, ciertamente parece lógico que los mejor financiados sean los que tienen unos ingresos tributarios más altos y no los que menos recaudan. Sin embargo, la parábola es engañosa porque la posición de Cataluña no cambia radicalmente como resultado de la aplicación del sistema de financiación regional. Se trata de una región con ingresos tributarios claramente por encima de la media que sigue estando claramente por encima de la media en términos de financiación una vez aplicado el sistema. Es cierto que hay diferencias difíciles de explicar entre el ranking regional por ingresos tributarios y el ranking por financiación, y que tales discrepancias deberían corregirse. Sin embargo, la aplicación del Pacto Fiscal sólo aumentaría el problema: Cataluña, que ya está por encima de Baleares sin merecerlo de acuerdo con esta lógica, pasaría a estar también por encima de Madrid, que paga bastantes más impuestos. Los principios hay que aplicárselos a todos, y no solamente a uno mismo en la parte que le beneficia.
El tema del principio de ordinalidad es, además, muy significativo como ejemplo de la tendencia del PSC a dar las batallas equivocadas y a darlas mal para más inri. En su día, lo lógico habría sido dar la batalla para incluir tal principio en la LOFCA, que es la norma que, de acuerdo con la Constitución, regula el sistema de financiación regional. Se optó, sin embargo, por incluirlo en un estatuto regional, que como el fallo del Constitucional nos ha recordado, no puede aspirar a regular esta materia. Y para más narices se redactó mal, metiendo por medio el PIB per cápita de una forma que sólo sirve para complicar las cosas y dificultar la aplicación del principio.
Otra palabra mágica que la portavoz del PSC invoca en vano es federalismo. En nombre de tal principio, Martínez-Sempere argumenta la necesidad de repartir “el poder sobre nuestros ingresos [de forma] al menos acorde con nuestras responsabilidades sobre los gastos.” En mi opinión, sobra el “al menos”: si el criterio es ligar ingresos tributarios con necesidades de gasto, no tiene sentido primar a ninguno de los dos niveles de gobierno de los que estamos hablando. Quitando esta salvedad, completamente de acuerdo. Pero eso es más o menos lo que ya tenemos: un reparto de rendimientos tributarios entre el Estado y las autonomías que, en el caso de las de mayor renta que no reciben transferencias de nivelación, refleja bastante bien la distribución de responsabilidades de gasto entre las dos administraciones. Lo que se pretende con el Pacto Fiscal es desequilibrar –y mucho– este reparto a favor de la administración autonómica catalana y, precisamente por eso, no se trataría de una solución muy federalista que digamos.
Mi artículo concluía con una pregunta: ¿Debería terminarse la igualdad en el Ebro? Aunque no se atreve a decirlo de forma clara, la respuesta de la dirigente del PSC es que sí. Que aunque todos los españoles somos iguales, algunos lo somos más que el resto y tenemos derecho a mejores hospitales y colegios públicos porque para eso somos más ricos en promedio. Lo siento, pero a mí eso me parece muy difícilmente compatible no sólo con la S de socialista sino también con cosas mucho más básicas.
Ángel de la Fuente
Instituto de Análisis Económico, CSIC
