José Domingo, diputado del Grupo Mixto en el Parlamento de Cataluña, se embarca en una nueva aventura tras abandonar Ciudadanos: ser punto de encuentro de los catalanes no nacionalistas a través del 'lobby' Impulso Ciudadano, que será presentado públicamente el próximo 3 de octubre. - Recientemente solicitó a la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña que la bandera española ondeara diariamente y no sólo durante los plenos. Además, quiere que esté presente en el despacho del presidente del Parlamento, Ernest Benach, de Esquerra Republicana de Cataluña. - En primer lugar porque lo manda la Ley de Banderas del año 81, en segundo lugar porque el Tribunal Supremo ya ordenó al Parlamento vasco que así lo hiciera y, en tercer lugar, porque el Parlamento de Cataluña es la institución que nos representa, por lo que es imprescindible que sus símbolos también sean visibles. He solicitado que tanto la bandera de España como la catalana y la europea ondeen diariamente. Al mismo tiempo he pedido a la mesa del Parlamento que se pronuncie sobre la conveniencia de que no sólo en el exterior, sino también que en el interior del edificio ondee la bandera española. El presidente [del Parlamento de Cataluña] Benach fue reacio a cambiar el tradicional modo de exhibición de las banderas, pero pese a ello se comprometió a hacer un pronunciamiento público sobre esta cuestión la semana que viene. Actualmente estoy esperando el resultado de la petición y, en función de su decisión, adoptaré las reacciones que considere oportunas. Además, debe estar presente en los despachos, también en el del señor Benach, máxime siendo el presidente del Parlamento. - ¿Cómo surge Impulso Ciudadano? - Creemos que es necesario dar lugar a una asociación que sirva de laboratorio de ideas, una organización que funcione como eje transversal común con todos aquellos que defendemos unos valores constitucionales concretos. Deseamos combatir al nacionalismo y defender la libertad y el pluralismo ideológico, lingüístico y cultural en España. Además, estamos a favor de la racionalización de la Administración pública. - ¿Por qué creen que se encuentran en el momento justo para que Impulso Ciudadano vea la luz? - Porque la presión nacionalista es más grande que nunca y deseamos tratar de contrarrestarla de forma organizada. Las consultas por la independencia y las continuas discriminaciones lingüísticas dejan claro que los castellanohablantes de Cataluña no tienen los mismos derechos que los catalanohablantes. Los no nacionalistas
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Domingo ha denunciado que la ACC hizo público un acuerdo con la Plataforma per la Llengua y la empresa Bon Preu que, después en respuesta escrita a preguntas presentadas por el diputado, la propia Agencia negó que existiera, lo que, en sí mismo, constituye un ejemplo de malas prácticas administrativas. En la Comisión, José Domingo ha solicitado la retirada de la guía Código de buenas prácticas en la empresa en relación al uso del catalán ya que supone una intromisión en el ámbito de las empresas privadas y de sus estrategias comerciales. Para Domingo, la guía parte de falsas premisas, acusando a las empresas de “ignorar el catalán y de tratarlo en función de prejuicios personales fuera del ámbito económico y de actuación normal empresarial –página 14-”. Igualmente, el diputado del Grupo Mixto ha denunciado que la edición de la guía ha costado 13.200€ a la Agencia Catalana de Consumo y que lo propuesto en ella excede la propia legislación vigente en materia lingüística, al inducir a la exclusión del castellano de las relaciones entre las empresas y los consumidores. Finalmente, el diputado denunció que la aplicación de esta guía es una invitación al despido de todas las personas que no tengan conocimiento suficiente del catalán para contestar a los clientes en esta lengua. También ha lamentado que el actual responsable de la ACC, Jordi Anguera, separado del cargo de asesor de la Secretaría de Juventud por coaccionar a funcionarios que no satisfacían la carta financiera de ERC, sea el encargado de proteger a los consumidores en Cataluña. En este sentido ha advertido sobre el incremento de sanciones a los comercios catalanes por el uso de la lengua desde que él está al frente.
· Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. La asociación Impulso Ciudadano ha celebrado esta tarde su segunda asamblea general en la que ha aprobado el documento de posicionamiento sobre las elecciones autonómicas con el título “POR UNA CATALUÑA PLURAL Y DE CIUDADANOS LIBRES AL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN”. El citado documento establece las líneas maestras que, de acuerdo con la asociación no nacionalista, deben regir la acción política de aquellas fuerzas que se comprometan con la defensa de la libertad individual, la pluralidad y la legalidad constitucional en Cataluña. Para Impulso estás líneas serían el restablecimiento de la preeminencia de la Constitución en Cataluña, el desmantelamiento de la costosa e improductiva estructura pseudoestatal de la Generalitat y la reivindicación de un proyecto nacional común con los ciudadanos de todas las partes de España y en pie de igualdad con los demás españoles, a través de unas instituciones autonómicas que no sirvan de dique sino de cauce. Durante el acto, que ha contado con la asistencia de Jordi Cornet y Mª de los Llanos de Luna en representación del Partido Popular de Cataluña, Julio Villacorta y Pilar Barriendos de UPyD Cataluña y Sandalio del Río en mombre de CDS Cataluña, José Domingo, Presidente de la asociación, ha anunciado la presentación a la Defensora del Pueblo y Grupos Parlamentarios durante la próxima semana de una solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del aranés por considerar inconstitucional que se reconozca la preferencia del aranés sobre el castellano y el catalán en el Valle de Arán. Asimismo, Domingo ha defendido la necesidad de potenciar el respeto a la Constitución entre los ciudadanos y con tal motivo ha anunciado la celebración de un acto unitario el día 6 de diciembre. En el curso del acto público “Un año de Impulso” el vicepresidente de la asociación, Carlos Silva, ha detallado todas las actividades llevadas a cabo por la asociación durante su año de vida, destacando el hecho de que gracias a la iniciativa de Impulso Ciudadano la Defensora del Pueblo ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de acogida de Inmigrantes y el Código de Consumo de Cataluña.
Miembros de la junta directiva de la asociación destacan y comentan algunos artículos de nuestra Carta Magna para celebrar el día en el que una abrumadora mayoría de españoles ratificamos en referéndum nuestro gran pacto de convivencia. (más…)
José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells el número de actas de inspección levantadas y sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo a comercios y empresas durante el año 2009 por no tener la rotulación en catalán. El diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo un trozo de papel escrito a mano para cambiar la palabra “peluquería” por “perruqueria”. Domingo ha denunciado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes para demostrar que un empresario denunciado tenga en el escaparate algunos carteles en castellano y que por esta razón se le imponga una multa de 1000 €. Domingo califico la política de sanciones lingüísticas como un “despropósito” y un “disparate” y solicito al Conseller que derogue la legislación vigente porque “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”. José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de Cataluña, acerca del número de actas de inspección que han sido levantadas por la Agencia Catalana de Consumo y el número de sanciones que han sido impuestas por incumplimiento de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero de política lingüística, durante el año 2009, y cuál ha sido el importe de dichas sanciones que establecen la obligatoriedad de rotulación en catalán. En sus respuestas, el Conseller Castells ha reafirmado que los derechos lingüísticos son un derecho más de los consumidores y reconocido que en el año pasado se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas, lo que supone un 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado por un total de 148.100 €, cerca “de los 125 millones de las antiguas pesetas”. Por la información proporcionada se deduce que ha habido alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras por motivos lingüísticos y que más de 2.800 comerciantes han decidido cambiar la rotulación para no ser sancionados. En su réplica, el diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto reciente de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo del establecimiento
