El defensor del pueblo, en funciones Dña. María Luisa Cava de Llano, ha recogido el guante lanzado por Impulso Ciudadano, por voz de José Domingo, diputado del Parlamento autonómico de Cataluña, al respecto de la ley de acogida de Cataluña y la ha recurrido frente al Tribunal Constitucional, el pasado 13 de Agosto.
La Ley había recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias y fue aprobada posteriormente por la Cámara autonómica el 28 de abril de este año con los votos favorables de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, y con la oposición de PP, Ciudadanos y el propio diputado Pepe Domingo.
El texto legisla en su artículo 9º que ‘el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país’ y que ‘el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana’, y ‘terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran’.
José Domingo, presidente de la asociación Impulso Ciudadano, denunció que la Ley “no es, en realidad, una Ley destinada a favorecer el proceso de los extranjeros inmigrantes en España, sino una Ley que pretende reforzar la identidad nacional catalana” y recordó que el propio preámbulo de la Ley “resalta el carácter de Cataluña como nación”. Por ello solicitó el pasado 17 de mayo al Defensor del Pueblo que recurriese la Ley ante el Tribunal Constitucional porque antepone “en el proceso de aprendizaje la enseñanza del catalán al castellano para los extranjeros empadronados en Cataluña”, lo que, teniendo en cuenta “la gran movilidad por todo el territorio nacional de este colectivo”, eso “puede ir en contra de sus intereses” y de la propia Constitución en sus artículos 3.1, 14 y 19.
Por otra parte, recordar que el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto, dictaminó el catalán no puede ser ‘preferente’ sobre el castellano, y que ‘la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, debe considerarse circunscrita, como revela su tenor literal, a las primeras actuaciones socio-sanitarias y de orientación‘.
La independentista Carme Capdevila, una de las principales impulsoras de la Ley, y consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalidad de Cataluña, ya ha anunciado que la Generalidad no piensa ajustar el texto a la legalidad especificada por el Alto Tribunal.
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