El Observatorio Cívico de la Violencia Política de Cataluña alerta sobre el odio ideológico con motivo de la Diada

El Observatorio Cívico de la Violencia Política de Cataluña alerta sobre el incremento de expresiones de odio ideológico con motivo de los aniversarios del 11 de septiembre y de 1 de octubre y reclama de los Poderes Públicos más compromiso en su erradicación.

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña (OCVPC) está integrado por las asociaciones Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia y analiza y previene los incidentes relacionados con el odio ideológico y la violencia política en Cataluña.

En sus periódicos informes el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña viene denunciando que los comportamientos violentos en cualquiera de sus manifestaciones ya sean actos o agresiones físicas, amenazas verbales, manifestaciones hispanófobas, llamamientos explícitos al enfrentamiento, se han convertido en moneda habitual del enfrentamiento político en Cataluña. El OCVPC advierte de la extrema peligrosidad de esta dinámica. Una sociedad democrática y un Estado de Derecho no pueden normalizar la violencia y el odio ideológico en cualquiera de sus manifestaciones como una vía legítima y recurrente para la expresión de ninguna ideología ni la consecución de ningún objetivo político.

Un año más, la Diada del próximo 11 de septiembre, parece que va a marcar en Cataluña el inicio del calendario de tensión política y de reivindicación independentista que, previsiblemente, tendrá su momento álgido, como viene ocurriendo desde el 2017, en torno al 1 de octubre y la conmemoración del fallido referéndum ilegal. Como ya es habitual, estas dos fechas se están viendo precedidas por una estrategia desde las instituciones y organizaciones secesionistas dirigida a tensionar la sociedad catalana de cara a un nuevo otoño de enfrentamiento.

Así, nuevamente, se suceden las declaraciones imprudentes e irresponsables de cargos políticos: un concejal manifiesta en Twitter la necesidad de 10.000 soldados rusos o catalanes para sacar adelante la independencia de Cataluña; el ex presidente prófugo de la Generalitat llama a la confrontación con el Estado y expresa la necesidad de luchar desde las calles para lograr ese mismo objetivo; se repiten los ataques a sedes de formaciones políticas y las pintadas con amenazas a cargos electos constitucionalistas; Arrán, las CUP y el entorno del independentismo radical, vuelven a convocar concentraciones y Diadas “paralelas” en la Plaza Urquinaona, epicentro de los estallidos de violencia sucedidos en Barcelona durante los últimos años.

Ante la gravedad de este escenario, y para evitar males mayores, desde el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña:

– Reclamamos de los poderes públicos que conciencien a la población y persigan cualquiera forma de violencia e intolerancia. En Cataluña la condena explícita de los actos de violencia política en su distintas manifestaciones debe ser una prioridad.

– Exigimos que las instituciones y sus representantes acaben con una actuación demasiado complaciente o amistosa con grupos y personas independentistas que aprovechan el aniversario del 11 de septiembre o del 1 de octubre para manifestar su odio ideológico contra el adversario político. En especial, pedimos una actuación decidida y firme de las Fuerzas de Seguridad para frenar las agresiones y coacciones que bajo el disfraz de la libertad de expresión o derecho de protesta pretenden coartar los derechos y libertades fundamentales de aquellos que piensan de manera diferente.

– Reivindicamos, una vez más, la democracia entendida como un espacio de convivencia y tolerancia frente a aquellos que quieren convertirla en un campo de enfrentamiento violento y de amenaza al discrepante como antesala hacia un modelo social totalitario completamente inaceptable.

Por ello, deseamos que las recientes convocatorias llevadas a cabo por organizaciones independentistas y formaciones antisistema no sirvan de plataforma para la organización de actos violentos contra las Fuerzas de Seguridad, las personas y entidades constitucionalistas y la sociedad en general.

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