La concentración convocada por Impulso Ciudadano exigiendo el cumplimiento integro de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en lo que concierne a la política lingüística de la Generalitat se celebro ayer, miércoles 8 de septiembre, con más de doscientos asistentes y con la adhesión de las asociaciones
Asociación por la Tolerancia, Ágora socialista, Movimiento Democrático, Ciudadanos en Blanco, Res Pública, Ciudadanos para la Libertad y Foro España Unida, y los partidos políticos Partido Popular de Cataluña, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos.
En el acto intervinieron Carlos Silva, vicepresidente de la asociación, que procedió a la lectura del documento presentado por Impulso Ciudadano en el registro de la Secretaría General de Política Lingüística, tras lo cual se dio paso a los testimonios de afectados por dicha política con las intervenciones de los pequeños comerciantes Xurde Rocamundi, Feliciana Piris y Modesta García, multados por la Generalita por no rotular sus comercios en catalán, y Margaret Manzano, madre que denunció la imposibilidad de optar por la lengua castellana como lengua vehicular en el sistema eductavo catalán. Tras estos testimonios intervinieron los representantes de dos de las asociaciones adheridas al acto en representación del movimiento cívico, Pepe Castellano, en nombre de Ágora Socialista y Marita Rodríguez, en representación de la Asociación por la Tolerancia. El acto concluyó con la intervención del Presidente de Impulso Ciudadano, el diputado del Parlamento catalán, José Domingo.
Durante el acto se denunció que la sentencia del Tribunal Constitucional anula una serie de conceptos centrales de la política lingüística de los sucesivos gobiernos catalanes en los últimos treinta años.
En el escrito leido en el acto y en la intervención de José Domingo, se subrayó que los aspectos afectados por la sentencia obligan a una revisión radical de las políticas y de la legislación vigente en este ámbito y se denunció que el camino elegido por el Gobierno de la Genealitat haya sido descalificar y restar legitimidad al Tribunal y, segundo, promover la insumisión de la Administración autonómica catalana, ya sea mediante declaraciones públicas incendiarias o por la vía de los hechos consumados, la negativa a modificar las leyes ya aprobadas que se han visto afectadas, y la aprobación apresurada de toda una serie de leyes inconstitucionales a la vista de la sentencia, negociando con el Gobierno de España la forma de soslayar otros aspectos sustanciales de dicha sentencia mediante una serie de reformas legales a medida e instalandose en posiciones que podrían suponer, incluso, comportamientos delictivos tipificados en el Código Penal.
Por todo lo expuesto, Impulso Ciudadano se ha dirigido al Gobierno de la Generalitat solicitando la modificación de su política lingüística y de los artículos afectados por la sentencia de las leyes de política lingüística, de educación, de acogida de las personas inmigradas y de las retornadas a Cataluña, de la lengua de signos catalana, del cine y del Código de consumo de Cataluña.
Puedes consultar el texto que se leyó en la concentración aquí
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