La Generalitat ha contestado la demanda de Impulso Ciudadano contra el Decreto de la Generalitat 155/2010 que regula la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente. Para justificar su oposición a la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) llega a admitir, para engañar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el castellano es también lengua vehicular de enseñanza. Evidentemente, esta posición no es coherente puesto que tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña vienen defendiendo que el catlán debe ser la única lengua de la educación y así se viene practicando. De la contestación a la demanda y de la reacción del Gobierno se han hecho eco la prensa. http://www.abc.es/20120124/local-cataluna/abci-lengua-201201241437.html http://www.abc.es/20120124/local-cataluna/abci-catalan-201201232054.html http://www.vozbcn.com/2012/01/24/100202/generalidad-espanol-si-vehicular/
CATALUÑA TAL CUAL DENUNCIA LAS FALSEDADES DE LOS DEFENSORES DE LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA OBLIGATORIA EN CATALÁN Y PIDE QUE LA REFORMA EDUCATIVA CONTRIBUYA A FORMAR BUENOS CIUDADANOS SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE LENGUA. El Proyecto de Ley la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados y la reacción desmesurada e hipócrita de Gobierno catalán y de los representantes de los partidos políticos nacionalistas y separatistas de Cataluña, hacen necesario por parte de las Entidades que integramos CATALUÑA, TAL CUAL aclarar una serie de puntos: PRIMERO. Desde la implantación del modelo de inmersión lingüística obligatoria en Cataluña el debate sobre las lenguas de escolarización está abierto y permanecerá así hasta que no se regule y aplique un régimen respetuoso con los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes. El vigente, es discriminatorio y, vistos los resultados lectivos del mismo, debe ser considerado un modelo fracasado. Dicho lo anterior, consideramos imprescindible la aprobación de un régimen lingüístico generalizado con unos principios básicos comunes para toda España. Por ello, saludamos que las Cortes Generales, haciendo uso de su competencia, debatan y estén en vías de aprobar el primer intento de regulación de la enseñanza en las lenguas oficiales en una Ley de Educación estatal. Ello no obsta para que reclamemos que, en el curso de la tramitación, se clarifiquen algunos aspectos confusos, se reconozca un modelo respetuoso e igualitario con la cooficialidad lingüística y se incorpore y facilite el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre esta materia. SEGUNDO.- CATALUÑA TAL CUAL lamenta que por parte de los asistentes a la “Cumbre de rechazo de la LOMCE” se promuevan posturas que excluyen, sin ningún tipo de rubor, a la comunidad lingüística castellanohablante de Cataluña, y que contribuyen significativamente a empeorar el rendimiento escolar de sus integrantes. Consideramos censurable que, en una sociedad en la que un alto porcentaje de la población tiene el castellano como lengua materna y en la que, por las razones que sean, es el idioma de circulación de gran parte de las ideas y de la información, se admita por sus dirigentes públicos que esta lengua tenga en el sistema educativo un tratamiento de lengua marginal. Asimismo, reclamamos de las formaciones políticas y de las Administraciones educativas catalanas actitudes sensatas y conciliadoras para la escuela y que no conviertan a los alumnos en rehenes de posiciones
El actual proyecto de ley es incompatible con la doctrina del TC y discrimina a los alumnos castellanohablantes Las entidades por la libertad de elección de lengua en España presentan enmiendas a la LOMCE Madrid, 13/3/2013 Representantes de seis entidades por la libertad lingüística en Comunidades Autónomas bilingües: Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Círculo Cívico Valenciano, (Comunidad Valenciana), Fundación Nacional Círculo Balear (Baleares), Galicia Bilingüe (Galicia), Impulso Ciudadano (Cataluña) y Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua (País Vasco), hemos presentado conjuntamente esta mañana en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, enmiendas al anteproyecto de la LOMCE. De acuerdo con nuestro criterio, el anteproyecto de ley es incompatible con la doctrina del TC porque no garantiza los derechos lingüísticos de todos los alumnos al dar preferencia de trato a la educación en las lenguas cooficiales distintas del castellano, y relegar a una situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas castellanohablantes en los territorios con cooficialidad lingüística. Efectivamente, el anteproyecto prevé dos vías 1) Posibilidad de recibir todas las materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano, para los alumnos cuyos padres así lo deseen. 2) Posibilidad de recibir la enseñanza utilizando como vehiculares ambas lenguas oficiales, aunque este reparto quedará a criterio de lo que decida cada Comunidad Autónoma. Es decir, no se establece ninguna cautela para impedir que la enseñanza en castellano, la otra lengua oficial, sea una mera apariencia. En suma, la propuesta del Gobierno es elegir entre estudiar todo en lengua autonómica o casi todo en lengua autonómica. Aunque valoramos positivamente que la ley prevea para todas las CCAA con lengua cooficial la puesta en marcha de más de una línea de enseñanza, lamentamos que no se garantice la posibilidad de que los alumnos sean educados en español, siendo así que es competencia del Gobierno español asegurar a todos los ciudadanos la enseñanza en la lengua común. El TC ha declarado constitucional tanto el sistema de libre elección de lengua vehicular como el de conjunción lingüística (o sea, presencia de ambas lenguas como vehiculares). Lo que no ha avalado es un sistema de enseñanza exclusivamente en la lengua autonómica, si no se ofrece paralelamente la posibilidad de hacerlo exclusivamente en castellano. Por ello, proponemos un sistema de tres vías, sin cortapisas, con un régimen que garantice el cumplimiento de la Ley y con un reforzamiento de la Alta Inspección del Estado. También abogamos porque los centros educativos no sean
