Ante las reacciones de las fuerzas políticas catalanas y del propio Departamento de Educación en relación con las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Administración educativa catalana a considerar lenguas vehiculares al castellano y el catalán, IMPULSO CIUDADANO CONSIDERA: PRIMERO.- Que los grupos parlamentarios y la Administración educativa han de asumir con normalidad que es una riqueza que la sociedad catalana sea bilingüe y que esta riqueza se ha de proyectar igualmente en la educación, siendo positivo el hecho de que la educación en Cataluña sea impartida con normalidad en las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán. Lo negativo es que en una sociedad bilingüe sólo sea considerada lengua vehicular una de las dos de forma obligatoria. SEGUNDO.- Que a la vista de las reacciones políticas no resulta ocioso recordar el contenido del artículo 118 de la Constitución española que dispone que: “Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales”. El incumplimiento de las sentencias por parte de las Administraciones es delito, por lo que el Departamento de Enseñanza no debe ignorar, a partir de ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, basada en la doctrina del Tribunal Constitucional que dispone que castellano y catalán han de ser lenguas vehiculares en la enseñanza en Cataluña. TERCERO.- Que hay que dar por finiquitado el modelo de inmersión lingüística obligatoria y asumir el derecho a decidir en la escuela, de manera que se respete la voluntad de aquellos padres que defienden un sistema que garantice la presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales en la enseñanza. CUARTA.- Es una muestra de cinismo afirmar que el modelo de inmersión obligatoria garantiza mejor la enseñanza que el modelo bilingüe de conjunción lingüística. Es evidente que el actual modelo catalán responde a criterios políticos nacionalistas, pero no a razones pedagógicas. QUINTA.- Por ello, el primer cambio que origina la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que la Administración debe posibilitar en todos los ciclos educativos un sistema que evite que el catalán se convierta en la única lengua vehicular obligatoria. Ello debe tener su traducción inmediata en: a) Que la programación del Departamento de Enseñanza ha de contemplar en su normativa que las lenguas vehiculares de enseñanza y de la Administración educativa y de relación entre los padres, alumnos y centros son el catalán y el castellano; b) Que en los conciertos que suscriba la Administración educativa catalana
Impulso Ciudadano se suma como asociación co-organizadora de la concentración ciudadana que se realizará el próximo domingo 17/06/18 en Sant Andreu de la Barca bajo el lema "Por Una Escuela de Todos". Igualmente invitamos a todos nuestros socios, simpatizantes y ciudadanía en general a asistir a este acto. Durante el mismo mostraremos nuestro apoyo a los alumnos del Instituto El Palau, de esa localidad barcelonesa. Ello con motivo de los señalamientos y descalificaciones sufridos por estos alumnos a manos de activistas del separatismo. (más…)
La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio. La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán. Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar. La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar
