La Generalitat esconde tras un informe de pretensión técnica una burda campaña de agitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hace unos días se hizo público el enésimo informe de la Generalitat sobre la balanza fiscal de Cataluña. En él se destaca que el saldo fiscal de la comunidad con la Administración Central española (y la Unión Europea) en el año 2010 se situó en torno a los 16.500 millones de euros cuando el cálculo se realiza por el llamado método del flujo monetario. Le faltó tiempo al bien orquestado coro de portavoces y opinadores nacionalistas para salir en tromba, identificando esta abultada y discutible cifra con lo que los sufridos contribuyentes catalanes pagamos de más a la Hacienda española —o con lo que España nos roba, si nos atenemos al lenguaje en boga entre los más exaltados defensores de la tesis del expolio. La maniobra es transparente. Bajo el ropaje formal de un informe pretendidamente técnico no hay más que un instrumento de agitación y propaganda diseñado para cabrear al personal y acercarlo a las tesis nacionalistas. Desde un punto de vista técnico, no hay por donde coger la cosa. Identificar el saldo fiscal de un territorio con lo que sus residentes pagan de más es un disparate en cualquier caso, y mucho más cuando tal saldo se calcula por el simpático método del flujo monetario que tanto le gusta al Gobierno catalán. Vayamos por partes. Supongamos en primer lugar que la Generalitat ha hecho bien los cálculos. En ese caso, lo que exigen airadamente los nacionalistas catalanes es que los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución, que es precisamente una de las funciones básicas del sistema fiscal en cualquier estado moderno. Entiendo que los defensores de tan llamativa tesis no pretenden trasladarla a título individual, pues si los impuestos son de quien los paga, no habría necesidad alguna de pagarlos para empezar. La tesis sería, por tanto, válida solo en el ámbito nacional: puesto que los nacionalistas catalanes no se sienten parte de la nación española, les fastidia repartir con sus conciudadanos de otras regiones y se resisten a hacerlo. Esto es hasta cierto punto comprensible, pero difícil de defender de una forma argumentada. Si los sentimientos generan derechos fiscales, los residentes de Cataluña que no nos sentimos parte de la nación catalana tendremos derecho a no pagar
La Generalitat confirma las sanciones a empresarios por no rotular en catalán. Impulso Ciudadano celebra que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo Catalán y lamenta que la política de la generalitat se base en el bastonazo y no en la persuasión. Impulso ciudadano pone en conocimiento de la opinión pública que la Agencia Catalana de Consumo ha desestimado los recursos de alzada interpuestos por los empresarios Xurde Rocamundi y Feliciana Piris Duque, contra las sanciones de 1200€ que le fueron impuestas por no disponer en catalán de toda la rotulación y carteles de los respectivos establecimientos. La confirmación de estas sanciones desmiente las manifestaciones efectuadas por algunos dirigentes políticos en relación con una posible atenuación de la política sancionadora en materia lingüística. La realidad demuestra que el gobierno catalán mantiene un rigor desproporcionado en el tema de las multas lingüísticas que contradice todos los postulados relacionados con la libertad de expresión y con el principio de igualdad de trato a los consumidores catalanes. Es evidente que no se sanciona si rotulas sólo en catalán y se sanciona si lo haces exclusivamente en castellano. En todo caso, es especialmente grave que se confirmen estas sanciones cuando el Gobierno catalán está vinculado por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que ha declarado: “…que el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a estas, a su titular o su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas solo puede ser exigibles en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos.” Mas cuando hoy mismo se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo de Cataluña que demuestra, al menos, las razonable dudas que existen sobre todo el modelo sancionador catalán en las políticas lingüísticas que lamentablemente se ha basado en la política del bastonazo y no en la del fomento y la persuasión. Para entender
Impulso Ciudadano denunciará la colocación de la pancarta a favor de los presos y fugados separatistas en el Palau de la Generalitat y la retirada temporal de la bandera española. La entidad pide que se acaten las decisiones de la Junta Electoral Central sobre las inhabilitaciones de Joaquim Torra y Oriol Junqueras. (más…)
Doce entidades de diferentes CCAA impulsan un manifiesto y una plataforma para la defensa de los derechos lingüísticos de la comunidad castellanohablante Dirigentes de diferentes asociaciones ubicadas en Comunidades Autónomas con diversidad lingüística promueven el manifiesto “Por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España”, que ha sido presentado esta mañana en la Casa Árabe de Madrid con el apoyo de la Fundación Transición Española. Los firmantes son destacados activistas de Impulso Ciudadano (Cataluña), Galicia Bilingüe, Fundación Círculo Balear, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, Sociedad Civil Navarra, Círculo Cívico Valenciano, Asociación Lengua Común (Aragón), Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asamblea por la Escuela Trilingüe en Baleares, Escuelas Infantiles de Pamplona, Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y Asociación por la Tolerancia (Cataluña). (más…)
