En Cataluña habrá un antes y un después a partir del domingo 19 de marzo de 2017, fecha en la que miles de ciudadanos catalanes protagonizamos una manifestación por las calles de Barcelona, seguramente de las más multitudinarias que se hayan visto en los últimos tiempos de las convocadas por las organizaciones catalanas afines a la unidad de España. (más…)
La sentencia de TS acaba con la inmersión lingüística
I Poderoso caballero es Don Dinero Hace tan sólo unos días, en el Senado francés se presentó un proyecto de ley orientado a impedir que las empresas o grupos industriales con contratos o relaciones económicas significativas con la Administración pública pudieran controlar medios de comunicación (prensa, televisiones, radios) de carácter privado. El argumento (1) del proponente, el senador socialista David Assouline, se basaba en la defensa de la independencia de los medios de comunicación como pilar de la democracia, y en la imposibilidad de garantizar esa independencia de los medios cuando éstos o sus propietarios dependen en gran medida del poder político, ya sea a través de contratos industriales o de subvenciones y ayudas directas. En Francia, como en cualquier sociedad abierta, la independencia de los medios preocupa porque es considerada imprescindible para un sistema democrático robusto. En Cataluña, la independencia de los medios también preocupa, aunque en un sentido ligeramente distinto: más que un bien a proteger, es un fenómeno del que recelar, al que se teme y se combate. Con un remarcable éxito, como no se privan de reconocer los responsables gubernamentales (“Podemos ayudar, pero sobre todo, podemos hundir un medio [de comunicación]”, decía el jefe de prensa de Jordi Pujol (2)). Si una ley similar a la que se ha discutido estos días en Francia hubiera sido aprobada en Cataluña, los catalanes nos habríamos levantado al día siguiente en medio de un ensordecedor silencio mediático; tal es el nivel de sumisión del llamado “espacio de comunicación catalán” respecto al poder autonómico. Nos habríamos quedado de repente, por no hablar más que de grandes diarios catalanes, sin La Vanguardia y sin Avui, sin El Periódico de Catalunya, sin El Punt. Más aún: nos habríamos quedado sin el editorial que tales medios, y otros con parecidas servidumbres, lanzaron al mundo el pasado jueves, 26 de noviembre. Este editorial, que se tituló “La dignidad de Cataluña”, ha costado a los catalanes cerca de tres mil millones de pesetas. 17,6 millones de euros, si se prefiere. Ese es el dinero público que la Generalidad derramó el año pasado entre los diarios catalanes, fundamentalmente entre los más afines al nacionalismo (3). Ese es también el precio de la indignidad de Cataluña (sin comillas), al menos, de la Cataluña revelada que habla por boca de los famosos doce diarios en nombre de todos los catalanes. Una Cataluña que, en el mejor de los
José Domingo, diputado del Grupo Mixto, dada la gravedad de las informaciones reveladas en el sumario del caso Pretòria en el que aparecen mencionados diversos responsables de distintos Departamentos de la Generalitat, ha presentado hoy en el Registro del Parlamento la solicitud de comparecencia de los Consellers de Política Territorial, Sr. Joaquim Nadal, y de Economía y Finanzas, Sr. Antoni Castells, para que informen sobre las razones de su mención en el sumario del caso. En relación a los demás altos cargos, responsables políticos, administraciones públicas y entidades relacionadas con la trama en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, José Domingo ha registrado, igualmente, una solicitud de comparecencia en la Comisión de Política Territorial de David Madí, Secretario de Estrategia de CDC, Carmen Trilla, Secretaria de Vivienda, Imanol Pujana, Gerente del Consell Comarcal de Barcelona, Javier Ezquiya, Secretario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y Enric Camps, ex interventor del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, y otra solicitud de comparecencia en la Comisión de Economía y Finanzas de Jordi Pericàs, Secretario de Política Financiera del Departamento de Economía y Finazas, Eliseu Climent, presidente de Acción Cultural Valenciana y la Fundació Eliseu Climent, un representante de la Fundació Francesc Eiximenis, un representante de la Fundació Joan Baptista Basset, Ferran Vilallonga, Presidente de la Institució Económica Empresarial Ignasi Vilallonga, y Rafael Climent, Presidente de la Mesa de la Assemblea de Regidors Nacionalistes del País Valencià, personas y entidades mencionadas en el sumario. Para el diputado del Grupo Mixto, nos encontramos ante la evidencia de una manifestación más de un fenómeno extendido que ha venido denunciando durante toda la legislatura: la existencia de una compleja red de connivencias y subvenciones que pervierten en Cataluña la naturaleza y la finalidad de lo que ha de ser el Gobierno de lo público. Por ello, junto a estas solicitudes, Domingo ha presentado una petición de información en la que solicita los expedientes de todas las subvenciones otorgadas por los diferentes Departamentos a una serie de entidades mencionadas en el sumario del caso, o favorecidas muy especialmente por la Administración autonómica catalana. Los expedientes solicitados serían los correspondientes a las subvenciones concedidas durante los ejercicios 2006 al 2010 a las entidades Acció Cultural del País Valencià, Fundació Eliseu Climent, Fundació Francesc Eiximenis, Fundació Joan Baptista Basset, Institució Económica Empresarial Ignasi Vilallonga, Assemblea de Regidors nacionalistas del País Valencià, Col-lectiu l’Esbarzer y Obra Cultural
