La Generalitat ha contestado la demanda de Impulso Ciudadano contra el Decreto de la Generalitat 155/2010 que regula la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente. Para justificar su oposición a la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) llega a admitir, para engañar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el castellano es también lengua vehicular de enseñanza. Evidentemente, esta posición no es coherente puesto que tanto el Parlamento como el Gobierno de Cataluña vienen defendiendo que el catlán debe ser la única lengua de la educación y así se viene practicando. De la contestación a la demanda y de la reacción del Gobierno se han hecho eco la prensa. http://www.abc.es/20120124/local-cataluna/abci-lengua-201201241437.html http://www.abc.es/20120124/local-cataluna/abci-catalan-201201232054.html http://www.vozbcn.com/2012/01/24/100202/generalidad-espanol-si-vehicular/
La semana de conferencias en Cataluña -Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Josep Lluís Carod-Rovira...- concluyó ayer con la charla, mucho más modesta, que pronunció José Domingo. «Casi en familia», como dijo uno de los presentadores del acto, el diputado del grupo mixto habló de la corrupción y de las formas de evitarla ante medio centenar de personas. Entre otras, propuso que el Estado recupere las competencias sobre Urbanismo, que se ha demostrado el área más golosa para los concejales corruptos. En una conferencia enmarcada en el ciclo que organiza Ágora Socialista -una corriente del PSC muy crítica con el nacionalismo-, Domingo, que abandonó Ciutadans hace unos meses, propuso «remover el oasis catalán, y también el español» con medidas «en serio», y no, dijo, como las que propuso el jueves el presidente del Parlament, Ernest Benach. Además de que el Estado recupere las competencias de Urbanismo -porque los ayuntamientos tienen en ese ámbito «un poder exagerado»-, Domingo propuso aprobar una ley que obligue a todos los cargos a declarar sus ingresos y a funcionarios a comprobar su corrección, impedir que las administraciones puedan fraccionar contratos para encargar informes sin concurrencia y publicidad, endurecer las penas para los delitos de cohecho y tráfico de influencias, prohibir a las entidades bancarias que condonen las deudas de partidos y lograr «un equilibrio» en la concesión de subvenciones entre las ideológicamente próximas al gobierno de turno y las que no lo están. El diputado también quiso dejar claro que Cataluña no es diferente a otros territorios en cuanto a la corrupción. En su opinión, hubo un momento clave en el que los ciudadanos dejaron de creer en el oasis catalán: «La política catalana comienza su carrera hacia el descrédito en el momento en que Maragall se achantó con el caso 3%». En cuanto a la «desafección» de los ciudadanos hacia la política -el concepto que motivó la reprimenda de Benach a los partidos el jueves-, Domingo subrayó que ni siquiera tiene sus causas en la corrupción de los últimos tiempos. «Es que llueve sobre mojado: además de la crisis, los largos debates sobre el Estatut, o ahora con las consultas independentistas, agotan a gran parte de la sociedad», afirmó. Domingo concluyó su exposición diciendo que en realidad a los políticos -«los que de verdad tienen poder, a mí no me miren»- sólo les preocupa la corrupción porque corren riesgo de perder sus prebendas públicas. «Los políticos
1) Impulso Ciudadano valora de manera muy positiva la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 16 de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para garantizar que en todas las enseñanzas incluidas en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización de las dos lenguas oficiales, con un porcentaje que no podrá ser inferior al 25% en relación a ninguna de las dos lenguas. (más…)
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de julio de 2011, adoptado por unanimidad de todos los magistrados, considera que el actual modelo educativo catalán, sustentado en la consideración del catalán como única lengua vehicular, no da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que obligan a considerar al castellano y al castellano como lenguas vehiculares de enseñanza. Por lo tanto, la pretensión del Gobierno de la Generalitat de mantener el modelo de inmersión lingüística obligatoria es inviable por inconstitucional y tiene ya fecha de caducidad, dos meses a partir de la notificación del citado auto a las autoridades educativas. Impulso Ciudadano quiere felicitar a las personas y asociaciones que, con su perseverancia, van a hacer posible que Cataluña cuente con un modelo educativo más flexible, pedagógicamente más idóneo y más respetuoso con su realidad social. Las sentencias del Tribunal Supremo, en sí, ni benefician ni perjudican a los idiomas oficiales, sino que obligan a adaptar el sistema de enseñanza a un modelo de conjunción lingüística que garantiza los derechos de los alumnos a ser escolarizados en los dos idiomas oficiales. Una sociedad bilingüe ha de contar con una educación, al menos, bilingüe o que facilite la libertad de opción lingüística. Impulso Ciudadano remitió una carta al Presidente de la Generalitat y a la Consejera de Educación el 28 de enero de 2011 en la que les recordaba que el artículo 118 de la Constitución dispone que es obligatorio cumplir las sentencias y resoluciones firmes de los Jueces y de los Tribunales por lo que no cabe ignorar o desvirtuar, alterando su fallo y fundamentos jurídicos, las decisiones de los Tribunales. Lamentablemente, el Gobierno de la Generalitat ha ignorado intencionadamente las sentencias y se ha encastillado en incumplirlas. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refuerza el Estado de Derecho y pone de manifiesto que la Generalitat estaba actuando en falso. El Gobierno de la Generalitat no puede actuar como un régimen calvinista ortodoxo y convertirse en el único intérprete de la ley educativa, su poder no está por encima de los Tribunales. La Generalitat lleva incumpliendo las normas de forma deliberada durante muchos años. Dos meses es un plazo más que suficiente para adoptar las medidas necesarias para que el catalán y el castellano sean, de verdad y sin trampas, lenguas vehiculares de enseñanza. Para ello, tal como se
