La noticia de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Barcelona ordenando la colocación de la bandera de España en el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar ha tenido un amplio eco en la prensa nacional y local como se pone de manifiesto en los enlaces que acompañamos a continuación: http://www.larazon.es/noticia/9095-la-justicia-obliga-a-sant-pol-a-izar-la-bandera-de-espana http://www.abc.es/20120125/local-cataluna/abci-juez-ordena-ayuntamiento-sant-201201251354.html#disqus_thread http://www.vozbcn.com/2012/01/25/100325/san-pol-ordena-banderas/ http://www.europapress.es/catalunya/noticia-justicia-obliga-sant-pol-mar-izar-bandera-espanola-fachada-20120125175715.html http://www.lavanguardia.com/noticias/20120125/54245861969/sant-pol-bandera-espanola-ayuntamiento-sentencia.html http://www.naciodigital.cat/noticia/39124/penjar/bandera/espanyola/fins/vinguin/obliguin http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/499569-un-jutge-obliga-sant-pol-a-posar-la-bandera-espanyola.html http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/25/barcelona/1327512312.html Al parecer la alcaldesa de CiU, Montserrat Garrido, se resiste a ejecutar la sentencia y hace gracietas sobre el tamaño que ha de tener la bandera y donde la colocará. Impulso Ciudadano anuncia que continuará dando apoyo a Enrique Abad, exconcejal del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, y solicitará la ejecución provisional de la sentencia en el caso que sea recurrida y la reducción de los plazos de ejecución cuando alcance firmeza. Ello, con indepedencia de que soliciten la adopción de las oportunas medidas penales contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento.
José Domingo, presidente de la asociación cívica catalana Impulso Ciudadano, ha calificado a los constitucionalistas en Cataluña de “verdaderas víctimas del nacionalismo identitario catalán”. (más…)
Impulso Ciudadano desea un feliz y próspero 2010
Siempre existe una excusa para la pomposidad, para la teatralidad al servicio de la propaganda. Durante estos últimos días ha sido la del 650 aniversario de la denominada Diputación del General, antecedente histórico de la actual Generalitat. Aprovechando la ocasión, el presidente Montilla ha proclamado que «de esta continuidad histórica, de esta voluntad de autogobierno, de esta cultura y lengua milenarias, es de donde surgen los argumentos para decir que somos una nación. Una nación no es una manía». Puede que la nación no sea una manía, pero sí es propio de maniáticos insistir en el sonsonete nacionalista para condicionar la actividad política y pretender hipotecar la viabilidad de la propia Nación española. Tanto es así que para ellos el grado de afección o desafección de los catalanes hacia España pendería del mantenimiento de la palabra nación en el preámbulo del Estatuto. Tan grandilocuente y fatuo es este discurso que él sólo se desacredita. Es cierto que el Parlamento de Cataluña hizo esta declaración y que, recurrente y obsesivamente, se bautiza a muchas instituciones y pactos de ámbito catalán con el adjetivo nacional. Igualmente, las normas aprobadas en el Parlament suelen ser calificadas como «de país» utilizando el término no en su acepción geográfica, sino política. Paralelamente y en sentido contrario, instituciones dependientes del Gobierno español, modifican su nomenclatura para reafirmar su carácter estatal y olvidar lo nacional como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Meteorología, que ha pasado a denominarse Agencia Estatal. La continuidad histórica a la que apelaba Montilla desapareció hace algunos siglos del entramado institucional. La cita está justificada en el caso de las monarquías hereditarias, pero la legitimación del actual presidente de la Generalitat se asienta exclusivamente en la soberanía nacional del pueblo español que aprobó la Constitución, no en el derecho natural, que era el que regía en el siglo XIV. No estamos, desde luego, ante un tema menor. Por primera vez en la historia de España, en una norma del bloque constitucional se declara a Cataluña como nación y eso tiene, necesariamente, su trascendencia. No se llegó a tanto en el Estatuto catalán de la II República que calificaba a Cataluña como «región autónoma dentro del Estado español». Para los independentistas la permanencia del concepto nación, en cuanto parada para llegar al Estado, es fundamental, pero no se comprende, sin embargo, tanta emotividad y prosopopeya en dirigentes que se autocalifican como federalistas o autonomistas.
La exclusión del castellano en las aulas auspiciada por el Estatuto catalán y la posibilidad de que el TC lo avale sigue generando respuestas desde la ciudadanía. Este sábado se presentó una de ellas, "Impulso Ciudadano", un lobby por el bilingüismo. La presentación estaba prevista para este tres de octubre en Barcelona y este domingo El Mundo se hace eco de ella. José Domingo, ex miembro de Ciudadanos y diputado del Parlamento Catalán, es su impulsor. La intención del nuevo colectivo es constituir una especie de lobby por el bilingüismo que aglutine a todos los colectivos que luchan contra la exclusión del castellano en el espacio público con el fin de presionar a partidos y ciudadanos. “Nuestra intención es mostrar la Cataluña real y no la virtual que una minoría nos está intentando hacer creer”, explicó Domingo ante representantes del PP, UPyD, la Asociación por la Tolerancia o Círculo Balear, entre otras. También habló del Estatuto y el TC: según advirtió Domingo, “una Constitución que avale el Estatut no es válida para la mayoría de nosotros”. El lobby, según el diputado catalán, no tiene vocación de terminar transformado en partido político. Su aspiración es lograr “influencia” suficiente para que el bilingüismo sea una realidad en Cataluña. Noticia publicada en Libertad Digital
